Sheinbaum anuncia reformas para unificar los registros de identificación y forenses sobre personas desaparecidas

El escándalo del rancho Teuchitlán, en Jalisco, donde se han hallado restos humanos y cientos de ropas y zapatos, encuentra ahora nuevas medidas políticas para fortalecer la lucha contra las desapariciones, entre ellas la unificación y fortalecimiento de los registros administrativos y forenses que permitan la identificación de personas reportadas como desaparecidas. Estos registros contarán con los datos en poder de las Fiscalías y servicios forenses de todos los Estados de la República. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha mencionado también técnicas de identificación y colaboración científica para cotejo de las identidades personales. “El eje de nuestro Gobierno está centrado en el respeto a los derechos humanos. Nuestro sentir está con las familias de los desaparecidos. Sabemos de su necesidad y anhelo de reencontrarse con sus seres amados. Nunca vamos a confrontar a una madre cuyo, hijo, hija, hermano o un familiar desapareció”, ha dicho.

Sheinbaum ha anunciado el traslado al Parlamento de varias reformas legales que equiparen el delito de desaparición con el de secuestro y la apertura inmediata de carpetas de investigación, sin necesidad de esperar, como ahora, 72 horas desde la denuncia de una desaparición. En lo que respecta a la información, se publicarán mensualmente las cifras que de estos casos vayan recabando las fiscalías.

El registro de personas desaparecidas en México supera los 116.000 casos por todo el país desde 1962, una larga lista que se amplía cada día y que ha originado todo un movimiento de madres buscadoras, bien conocido internacionalmente y no siempre bien atendido. Son una legión de mujeres que dedican prácticamente su vida a rastrear en bosques, cunetas, vertederos y cualquier lugar donde les lleven las pistas que reciben. Su actividad apenas cuenta con ayudas públicas y no siempre recibe los apoyos de las autoridades competentes, cuando no son ellas mismas las que encuentran la muerte a manos de crimen por su búsqueda sin descanso. Tampoco las declaraciones de los servidores públicos están acordes, en ocasiones, con la gravedad del problema que enfrenta México. Especialmente polémicas han sido, este mismo fin de semana, las palabras del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien acusó a los medos de comunicación y a la oposición de “montarse en la tragedia” y cuestionó el hallazgo en Teuchitlán: “¿Quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas?”.

La presidenta ha dedicado la conferencia matutina de este lunes a esta tragedia repetida en México, con el anunció de una batería de medidas que llevará al Congreso. Ha anunciado la firma inmediata de un decreto “para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, ampliando su capacidad de atención, análisis de contexto y adquisición de equipos tecnológicos que acompañe las búsquedas con evidencias científicas”. El final del anterior sexenio gubernamental dejó en entredicho la labor de esta comisión, cuestionó sus datos y concluyó con la renuncia de la responsable de dicha comisión, Karla Quintana, cuando vio cuestionados por parte del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, las cifras de desaparecidos. Uno de los casos más lacerantes en la historia reciente de México fue la desaparición de 43 estudiantes de Iguala (Guerrero) en septiembre de 2014, una fecha que muchos mexicanos conocen de memoria y cuya causa se conmemora con fuerza todavía, dado que no han sido hallados todavía. Al respecto, Sheinbaum ha comentado que “antes, en el pasado, la desaparición era perpetrada por el Estado y ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada”.

En los últimos meses se ha evidenciado la falta de coordinación de los distintos servicios implicados en la búsqueda de personas, especialmente en el caso de las dependencias forenses, donde estaban los cuerpos de algunos desaparecidos cuyos casos habían sido denunciados años atrás. La acumulación de cuerpos y las dificultades de estos servicios para su identificación han revelado que algunos de los cuerpos de estas personas que se buscan bajo tierra están en realidad en departamentos públicos. De ahí la importancia del anuncio de la presidenta en la mañana de este lunes, de reformar la Ley General de Población para consolidar el CURP “como la fuente única de identidad”, de modo que permita cruzar estos datos “con todos los registros administrativos que existen en el país para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas”. Del mismo modo, la creación de una “Base Nacional Única de Información Forense” con datos de estas dependencias en todo el país, así como de las Fiscalías estatales y la General, incluido el registro del Instituto Nacional Electoral.

Respecto al caso de Teuchitlán, que ha renovado el horror de las desapariciones y asesinatos de miles de personas en México, la presidenta ha recordado que la Fiscalía General está al cargo de las investigaciones para “brindar certeza y verdad a las familias” sin impunidad. Se ha comprometido también a “deslindar responsabilidades” respecto a las fuerzas de seguridad y administrativas que tuvieron conocimiento de la existencia de ese rancho donde supuestamente se reclutaba a jóvenes para trabajar con el crimen.

Desde que se hicieron públicas las imágenes del rancho, apenas a una hora de Guadalajara, una de las principales capitales de México, decenas de familias han tratado de reconocer las ropas de sus desaparecidos, tanto por las imágenes que se revelaban por los medios de comunicación como por las puestas a disposición por las autoridades. Al mismo tiempo, se ponía de manifiesto la incompetencia o la falta de voluntad, en el mejor de los casos, de las autoridades del Estado, que no revelaron la existencia de este lugar ni llevaron a cabo las investigaciones pertinentes.