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El juez da 90 días a la Fiscalía de Estados Unidos para que confirme si pide la pena de muerte para Rafael Caro Quintero

El Narco de Narcos enfrenta cuatro cargos en la corte de Nueva York con una defensa pública

Rafael Caro Quintero en la corte de Brooklyn, Nueva York, el 28 de febrero 2025.
Beatriz Guillén

El objetivo más buscado durante años por el Gobierno estadounidense está hoy sentado en el banquillo. Rafael Caro Quintero, de 72 años, ha afrontado este miércoles su primera audiencia de revisión en la corte federal de Nueva York. Viejo y flaco, el que fuera el Narco de Narcos e instigador del asesinato del agente especial Kiki Camarena encara cuatro cargos que, como poco, le enfrentan a la cadena perpetua. Los fiscales lo acusan de dirigir una empresa criminal continuada, un delito que recoge otras 10 infracciones, como conspiración para el asesinato; dos cargos por distribución internacional de estupefacientes y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el tráfico de drogas. En esta audiencia, el juez Frederik Block ha dado a la fiscalía encargada del caso 90 días para confirmar si va a pedir la pena de muerte para el capo. El 25 de junio deberá tener una respuesta.

Caro Quintero ha llegado a la audiencia bajo un régimen de medidas especiales en prisión: aislado 23 horas al día en su celda y con la comunicación con el exterior, incluso con su defensa, limitada. Su comparecencia ha sido en la corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde también se juzga a Ismael El Mayo Zambada y se condenó a Joaquín El Chapo Guzmán. Quintero, quien se hizo millonario con el negocio del narcotráfico en México, ha tenido desde el primer momento un abogado de oficio. Había recibido varias peticiones de bufetes privados por defenderlo, pero, según se ha resuelto en esta audiencia, va a continuar con una defensa pública especializada en casos complejos. El juez ha pedido que se emita un informe financiero sobre el acusado para determinar, primero, si mantendrá esta representación pagada por Estados Unidos y después, si así lo solicita la Fiscalía, si se le asignará otro abogado que lo pueda defender ante la pena de muerte.

En esta misma cita se ha presentado a Ismael Quintero Arellanes, su sobrino y guardaespaldas. Conocido como El Fierro o Mayel, tuvo un papel clave en su protección cuando Caro Quintero salió de prisión en 2013 por un error procesal. Era quien se encargaba de hacer de intermediario, para que su tío no tuviera que utilizar ningún aparato de comunicación que pudiera llevar a su localización. Además, logró proteger al fundador del Cartel de Guadalajara de una docena de intentos de detención. Arellanes fue capturado en 2020 durante un operativo en Culiacán (Sinaloa) y luego entregado a la justicia estadounidense en 2023, acusado de narcotráfico. Con él, la Fiscalía sí está tratando de alcanzar un acuerdo de culpabilidad. “Estamos a la espera de pruebas importantes que deben llegarnos desde México, pero se han retrasado”, ha argumentado su defensa. Esta negociación también se resolverá dentro de tres meses.

El que fuera uno de los narcotraficantes más relevantes de México ha atendido la comparecencia con traje de presidiario beige y actitud desorientada, según recogen algunos de los periodistas que han asistido a la corte. Quintero ha mantenido la mirada baja prácticamente toda la audiencia ante una sala repleta de agentes de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense que nunca ha olvidado el salvaje asesinato de uno de los suyos. En un gesto inusual, una veintena de sus integrantes han posado con los abrigos de la agencia en la entrada del tribunal, una vez finalizada la vista. “No importa cuánto tiempo lleve o dónde se esconda, la DEA sigue siendo paciente y comprometida en nuestra persecución global de aquellos individuos que han traído violencia y destrucción a nuestras comunidades. La DEA se asegurará de que se haga justicia”, dijo hace un mes el agente especial de la DEA a cargo del caso, Frank Tarentino, cuando se leyeron los cargos contra el capo.

Caro Quintero, que fue detenido en un operativo de película en la sierra de Sinaloa en julio de 2022, fue entregado a Estados Unidos a final de febrero, en una operación inédita en la que el Gobierno de México envió al país vecino a 29 líderes criminales, en el marco de las negociaciones de los aranceles. Entre los capos estaban los líderes de Los Zetas, los hermanos Treviño Morales; varios operadores claves del Cartel de Sinaloa para el trasiego de fentanilo, o fundadores del Cartel Jalisco Nueva Generación y de la Familia Michoacana. Pero entre todos los trofeos había una corona: la del Príncipe.

Después de 40 años de espera, la justicia estadounidense recibía al director del secuestro, tortura y muerte de Enrique Kiki Camarena en 1985. Todos los actos relacionados con Caro Quintero están cargados de simbolismo para la DEA, desde el despliegue de fuerzas hasta llegar a amarrarlo con las esposas del agente especial asesinado. “Es un asunto personal”, han reconocido elementos de la agencia en ocasiones. “Es uno de los jefes de carteles más malvados del mundo”, decía el comunicado de la propia Casa Blanca cuando se supo su llegada a EE UU. Si su entrega hubiera sido la de una extradición al uso, Caro Quintero no podría enfrentar la pena de muerte —puesto que es uno de los límites que México impone en estos procesos—, sin embargo, la singularidad del envío —que la justicia estadounidense denomina como “expulsión”— no incluye condicionantes. La Fiscalía de Estados Unidos tiene ahora la palabra.

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Sobre la firma

Beatriz Guillén
Reportera de EL PAÍS en México. Cubre temas sociales, con especial atención en derechos humanos, justicia, migración y violencia contra las mujeres. Graduada en Periodismo por la Universidad de Valencia y Máster de Periodismo en EL PAÍS.
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