Claudia Sheinbaum y el inagotable fondo de fideicomisos del Poder Judicial

Los fondos del Poder Judicial se han convertido en una fuente de financiamiento constante e inagotable del Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum. La partida de 16.381 millones de pesos de la que la Administración federal puede echar mano, como parte de los beneficios de la reforma judicial, se ha convertido en un comodín de emergencia. La mandataria lo ha sacado a la palestra más de una vez para darle la vuelta a presiones presupuestales, aunque esta tendencia viene desde el sexenio pasado. Pese a que que el Gobierno cuenta con ello, se trata de un dinero que no puede ser aún integrado a la Tesorería de la Federación debido a las suspensiones definitivas que marcaron la polémica reforma judicial. Por el momento siguen bloqueados.

Andrés Manuel López Obrador fue el primero en echar mano de este recurso. El expresidente comprometió cuatro veces los fondos: desde financiar los programas sociales, las ayudas a los damnificados del puerto de Acapulco tras el paso del huracán Otis, para una parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar e incluso, el mandatario deslizó que serviría para la organización de la elección judicial. Sheinbaum también ha comprometido publicamente parte de los recursos. Primero, para la ampliación presupuestal —incompleta — destinada a la elección judicial, y ahora para fortalecer el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La mandataria busca financiar la extensión de horario, contratación de personal, obras de infraestructura y complemento de pensiones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó en febrero que Nacional Financiera (Nafin) rechazó hacer la transferencia de cerca de 17.000 millones de pesos de 10 fideicomisos del Poder Judicial a la tesorería del Estado. Los argumentos son que el puñado de suspensiones definitivas de los tribunales se mantienen vigentes, lo que impide hacer el traspaso al Gobierno Federal para disponer del dinero. Los fondos que pertenecen a los trabajadores del Poder Judicial fueron sometidos al escrutinio público en el sexenio pasado y, a pesar de los deseos de disponer de ellos, no se ha podido consumar el intento. De los más de 17.000 millones, solo se han logrado transferir 854 millones del Fondo Jurica, el único fideicomiso constituido por la Corte. Otra partida fue transferida al Instituto Nacional Electoral (INE) como parte de la ampliación presupuestal de 1.500 millones de pesos para llegar con la organización de la elección judicial. La financiera ha informado a la Corte sobre las implicaciones que tendría el desacato de las sentencias judiciales que impiden transferir los recursos a las arcas del Estado.

Sheinbaum ha sostenido este martes que el fondo del Poder Judicial se destinará a fortalecer una de las instituciones públicas de salud. “El ISSSTE va a recibir este año un ingreso extraordinario muy importante, que es el de los fideicomisos de la Corte. Con ese recurso, lo primero que se va a hacer es ampliar de 6 a 8 horas [de trabajo]; después, la contratación de más personal de salud y también todas las obras de infraestructura”, dijo en su conferencia de prensa matutina. El fondo judicial también ha sido comprimetido para soportar financieramente el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El objetivo es alcanzar una partida de 64.000 millones de pesos anuales. Con la totalidad de los fideicomisos apenas se alcanza el 26% de la meta.

Los esfuerzos de Sheinbaum por empujar la entrega de los recursos han sido infructuosos. El fondo millonario con el que el Gobierno mexicano busca tapar un puñado de agujeros presupuestales no está disponible. La mandataria insistió en febrero sobre el tema, aunque sostuvo que los recursos ascienden a 21.000 millones de pesos. “Tienen que restituirlos, todavía no se integran a la Tesorería, pero tienen que, lo dice la Constitución”, recalcó. La mandataria ha responsabilizado a la Judicatura y a los ministros de la Corte, a quienes les ha insistido que no pueden estar por encima de la Constitución.