El conflicto sindical escala y amenaza con un nuevo choque con EE UU en el TMEC

La Secretaría de Economía (SE) en México informó el martes que no buscará una resolución al conflicto laboral que se lleva a cabo en la mina San Martín, en Zacatecas, propiedad de Grupo México. La decisión es en respuesta a una queja emitida por Estados Unidos el 16 de junio, hecha a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), el cual fue incorporado en el tratado de libre comercio, el TMEC, para garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones con sus trabajadores. La decisión de México pudiera sentar un precedente importante, poniendo a prueba el alcance del TMEC.

La SE optó por no resolver el conflicto por la vía comercial y, en su lugar, esperar a que se resuelva en cortes, abriendo una posible nueva vía para los conflictos laborales que han estado debilitando a los sindicatos mexicanos en los últimos años. A partir de la entrada en vigor del TMEC, el mecanismo ha permitido a trabajadores de empresas, tanto nacionales como extranjeras y no exclusivamente estadounidenses, denunciar violaciones. Esto ha llevado a un despertar inédito entre trabajadores y la creación de nuevos sindicatos que han desplazado a aquellos que, históricamente, han sido abusivos o, en algunos casos, corruptos.

En junio, la Casa Blanca pidió a México revisar si a los trabajadores de la mina en Sombrerete se les niegan los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva. En su respuesta, la SE argumentó que el conflicto en cuestión, una huelga iniciada por el sindicato minero en 2007, precede al actual acuerdo comercial, por lo que no le corresponde al TMEC resolverlo sino a instancias judiciales en México. La mina de cobre, zinc y plomo es propiedad de Germán Larrea, segundo hombre más rico del país.

Después de 16 años de litigio, informó la Secretaría, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió una resolución en junio de 2023 en la que dejó sin efectos el acuerdo dictado por esa misma autoridad en agosto de 2018, que daba por terminada la huelga a través de un convenio firmado entre Grupo México y una coalición de trabajadores y no con el sindicato mismo.

“El 14 de junio de 2023, la JFCA resolvió el juicio de imputabilidad de la huelga, dictando un laudo en favor del Sindicato Minero, el cual reconoce a este como titular del contrato colectivo; declarando como responsable de causar la huelga a Grupo México, condenándolo a pagar salarios caídos y prestaciones y dando por terminada la huelga”, aseguró la SE. Por lo tanto, argumentó la dependencia, le corresponde a las cortes mexicanas emitir la resolución final de este conflicto.

La Casa Blanca ha emitido 11 quejas a través del mecanismo laboral del TMEC y este es el primero que es rechazado por las autoridades mexicanas, por lo que se pondrán a prueba los límites y alcances del acuerdo comercial negociado entre 2017 y 2018. En su último encuentro con la Representante Comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, en junio, la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, pidió “un uso razonable y de buena fe del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, el cual debe ser un recurso de última instancia y no debe pretender reemplazar, sino en todo caso reforzar las instituciones nacionales”. En el caso de Grupo México, una resolución en cortes mexicanas que no satisfaga a EE UU pudiera generar tensiones entre los países.

Según los últimos datos del Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México, el sector exportador es responsable del 39% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La mayoría tienen como destino EE UU. Ambos países tienen otros conflictos comerciales de mayor peso sin resolver. Por una parte, un panel de controversias independiente falló a favor de México y dictaminó que EE UU está interpretando las reglas de origen de productos como autopartes de manera errónea. Sin embargo, EE UU no ha acatado la decisión, por lo que sigue imponiendo límites al país latinoamericano.

Por otro lado, EE UU tiene dos disputas abiertas en contra de México: uno por limitar la participación de empresas energéticas privadas y otro por prohibir la importación de maíz transgénico para consumo humano. Mientras que el proceso energético está estancado en la fase de consultas técnicas, se espera que EE UU escale el conflicto en agricultura. El país tiene derecho de llevar el tema a un panel independiente a partir de este mes.

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