Ayudas directas, una estufa y un colchón: las dudas sobre el plan del Gobierno para el rescate de Acapulco

Gran parte de los recursos del plan anunciado por el Gobierno Federal para la reconstrucción de los municipios en Guerrero devastados por el huracán Otis se distribuirán a través de transferencias de dinero directas a las víctimas. Según varios analistas, este mecanismo pudiera ser insuficiente si el Estado no interviene de manera importante para ofrecer soluciones inmediatas a problemas de suministro básico.

El miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una inversión de 61.300 millones de pesos para reconstruir Acapulco y los municipios afectados por el huracán que azotó el 25 de octubre. El economista Víctor Gómez, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y exfuncionario en la Secretaría de Hacienda, sostiene que la respuesta por parte de las autoridades es “insuficiente” y el plan anunciado “parece que se va a quedar corto muy pronto”. “Todo indica que esto es una primera etapa, que estos cerca de 60.000 millones de pesos que traen en mente se utilizarían en una primera etapa como contención del daño. Un plan de recuperación completo probablemente requiera muchos mayores recursos”, dice el especialista.

Además de asignar recursos a la reconstrucción de carreteras, torres de electricidad e infraestructura urbana, gran parte del dinero se irá a ayudas sociales como adelantos en el pago de pensiones a adultos mayores, un incremento en becas a jóvenes (a cambio de trabajo en limpieza y pintura) e ingresos a pescadores. Uno de los apartados más llamativos ha sido la propuesta de pagar a los jefes de familia que hayan perdido sus hogares. La idea, dijo el mandatario, es que la gente compre sus propios materiales de construcción, contrate a los trabajadores necesarios y reconstruya su propia vivienda.

“El plan presentado es necesario y claramente trata de abordar, desde un punto de vista multidimensional, parte de la tragedia”, dice Roberto Durán, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey (TEC). Según las autoridades, 45 personas han muerto y 47 están desaparecidas. “Es importante movilizar los recursos, el poder dar estas ayudas, pero necesitamos una intervención que ayude a reconstruir capacidades mínimas dentro de estas comunidades para poder atender a la emergencia”.

En los municipios afectados, existe un gran desabasto de medicamentos, comida, agua, objetos de higiene personal y primera necesidad, por lo que las víctimas se están desplazando a la capital, Chilpancingo, para comprar lo que necesitan. Esto está generando saturación, mientras que las vías se congestionan de vehículos que intentan suministrar a las ciudades que están operativas.

Las transferencias del Gobierno aportarán dinero a las familias, pero mientras no se restablezcan los servicios y las cadenas de suministro, no podrán hacer uso de ese dinero. Los comercios estiman un daño de 390 millones de pesos, en parte porque el Estado no ha podido garantizar la seguridad en el área, en donde el vandalismo arrasó con tiendas. “Este problema de suministro básico, de la pérdida de capacidades básicas en una región que está completamente desolada, es algo que como país no hemos vivido antes”, asegura Durán.

Lo que está sucediendo, opina Durán, es similar a lo vivido en grandes partes del país durante la pandémica de la covid-19, cuando las cadenas de suministro se rompieron y la demanda por algunos productos se disparó. “Recordemos que, en el peor momento de la pandemia, uno podía tener todo el dinero del mundo, pero, si no había un ventilador ahí morías”, dice el académico e investigador, “es parecido a esto que estamos viviendo ahora”.

México no es el primer país en optar por transferencias directas para habilitar zonas destruidas por desastres naturales, y existen casos de éxito y de fracaso. Es por esto por lo que especialistas en México alertan que, sin una intervención importante del Estado, los recursos pudieran ser insuficientes. Un estimado preliminar de una firma de análisis independiente arrojó que los daños suman 15.000 millones de dólares, mientras que un nuevo estimado, por parte de la empresa de análisis Fitch, deja una suma de 16.000 millones de dólares.

Al hablar de un proceso de reconstrucción es necesario abordar el rol del sector privado, señala Gómez, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador solo mencionó a las empresas diciendo que se buscará que lleguen a vender material de construcción a las poblaciones afectadas. “No sería de extrañar, por la forma en la que se ha comportado esta Administración, que se espere que el sector privado de alguna manera contribuya con parte de recursos” para la reconstrucción, dice Gómez.

El Gobierno se comprometió el miércoles a proporcionar una estufa y un colchón a cada familia afectada. Además, dijo, llevará a cada familia una canasta con alimentos y productos básicos, de manera semanal. “La canasta es indispensable en el corto plazo”, dice Gómez, “pero se necesita mucho más. Se necesita un gobierno mucho más activo en la intervención para la reconstrucción y sobre todo para restablecer las cadenas de suministro que hoy están rotas”.

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