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Sheinbaum busca un pacto con las tortillerías para rebajar el precio de la tortilla en un 5%

El Gobierno promete, además, combatir la informalidad del sector, acabar con los intermediarios, más créditos y descuentos en la harina nixtamalizada

Tortillas tacos México
Karina Suárez

La tortilla, el alimento básico en la dieta de los mexicanos, ha elevado su costo, pese a que los insumos han bajado. En un país donde siete de cada 10 personas consumen tortillas a diario, el alza, aunque sea de unos centavos, tiene un gran efecto en sus bolsillos. Con esta realidad como telón de fondo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca un acuerdo con las más de 130.000 tortillerías para reducir el costo de un kilo de este alimento, al menos, en un 5%. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se conforma por una decena de puntos en los que figura el combate a la informalidad en el sector, la negociación de precios sin intermediarios, la oferta de créditos para las empresas y descuentos de harina de maíz nixtamalizada, insumo esencial para hacer este alimento.

El precio promedio este mes de un kilo de tortillas es de 23,85 pesos, sin embargo, de acuerdo con el monitoreo de precios especial en algunos Estados como Sonora y Colima, el precio llega a 30 pesos por kilo. Frente a una inflación en los alimentos que persiste, esta Administración ya ha puesto sobre la mesa una ambiciosa estrategia que abarca desde la negociación con los principales productores de alimentos en el país hasta el arranque de programas agrícolas, financiamientos y apoyos en la comercialización para elevar las cosechas de maíz.

La iniciativa promete abastecer, sin intermediarios, unas 25.000 toneladas de maíz blanco a las tortillerías adheridas al pacto. El insumo se venderá al contado al precio en que se esté vendiendo en las Tiendas del Bienestar. Además, el Gobierno asegura que se surtirá harina de maíz nixtamalizada a precios de descuento. En contraparte, las tortillerías participantes se comprometen a reducir el precio de la tortilla en 5% contra el promedio mensual de su entidad federativa publicado por las autoridades federales.

El documento, respaldado por la Secretaría de Agricultura de Julio Berdegué, también establece que se creará un registro individual y un distintivo para las tortillerías que adhieran al acuerdo, así como una mesa nacional de seguimiento y cumplimiento del pacto de precios. La propuesta del Ejecutivo, a formalizarse en los próximos días, persigue el objetivo sexenal de Sheinbaum de reducir el precio de la tortilla en un 10% al final de su Administración.

Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, advierte que este pacto aún no ha sido negociado con todos los puntos de venta, por el contrario, las organizaciones que ya avalaron el documento suponen menos del 5% del sector. López refiere, además, que la promesa de financiamientos sobre las tortillerías no es atractiva, porque muchos puntos de venta ya tienen adeudos previos a cuestas. La estrategia de Sheinbaum ofrece una línea de financiamiento por hasta 500 millones de pesos para capital de trabajo y renovación y modernización de equipos, maquinarias e instalaciones.

El representante de miles de tortillerías en el país considera poco viable la reducción de precio sin considerar, antes, que en el costo de un kilo de tortillas inciden variables como el alza de la gasolina y el incremento de la inseguridad. “Se ha encarecido la gasolina, el diésel, la inseguridad está cada vez peor y esto implica costos adicionales porque hay cobro de piso al productor, a los transportistas, todo eso implica un costo que se aplica a las tortillas. El Gobierno debería de dejar las manos en la tortilla porque depende mucho de precios internacionales y de la inseguridad. Quieren arreglar el problema desde el escritorio”, zanja.

De los chilaquiles hasta los tamales, pasando por las quesadillas, este grano supone uno de los alimentos básicos en la dieta del mexicano y casi el 6% del gasto de los hogares. Con un peso tan importante en la economía doméstica y en la cadena productiva, un pacto de precios supone un desafío regional porque cada Estado cuenta con una realidad de costes que debe ser abordado de manera específica.

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Sobre la firma

Karina Suárez
Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.
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