La mafia de la salud pública
En México no se sabe en qué se usaron 79.000 millones de pesos destinados a la salud local. Ocho de cada 100 pesos que reciben las secretarías de salud estatales se pierde
El Gobierno mexicano ha emprendido una cruzada en contra de “la mafia de las farmacéuticas”. Según argumenta, ha monopolizado el mercado de distribución de medicamentos causando graves daños a la hacienda pública.
Celebro que se emprenda una cruzada en contra de monopolios y a favor de la competencia. Lo celebro porque el objetivo último es el reto más grande de México: tener un sistema de salud pública que funcione para todos. Para que el objetivo se cumpla, sin embargo, esta cruzada será insuficiente. Su éxito requiere que sea acompañada de una segunda batalla contra otra mafia. Una mafia más amplia, menos centralizada y más difícil de combatir. La del grupo de funcionarios públicos, contratistas y políticos que han permitido, con o sin alevosía, que haya enormes irregularidades en el gasto público que se destina a la salud.
En este ensayo documento dónde y cómo opera esta “otra mafia”. Con base en información de 18.000 acciones de auditoria, identifico a quién le afectan más las acciones de esta mafia y propongo un camino para debilitarla. Si el Gobierno mexicano es serio en mejorar la salud pública, deberá comenzar por mejorar la calidad del gasto público.
El problema no es menor. México tiene un manejo de recursos públicos plagado de irregularidades. Tan solo de 2000 a 2018, el Gobierno “perdió” 492.000 millones de pesos de dinero público, es decir, no pudo oficialmente documentar cómo se usó medio billón de pesos. La cantidad representa el 14% de todos los impuestos que se recaudarán en 2020.
Dónde opera la mafia
Me di a la tarea de identificar dónde han ocurrido más irregularidades en materia de gasto en salud pública. Los resultados muestran que estas irregularidades no se presentan por igual en todas las instituciones públicas. Se pierde más dinero en partidas de gasto relacionadas con salud pública. Del total de recursos “perdidos”, uno de cada cinco pesos era dinero destinado a la salud pública, es decir 91.000 millones de pesos perdidos. El monto es casi siete veces el presupuesto asignado a la prevención y el control de enfermedades en 2019.
La principal fuente de irregularidades en materia de salud son las secretarías estatales de salud. Ahí se pierde el 87% del dinero. De hecho, ocho de cada 100 pesos que reciben las secretarías de salud estatales se pierde, carece de comprobantes de uso o de transferencia. Esto significa que, en México no se sabe en qué se usaron 79.000 millones de pesos destinados a la salud local.
Además de las pérdidas que se tienen documentadas en las secretarías de salud estatales, hay 11.000 millones de pesos “perdidos”. Estos estaban destinados a la secretaría de salud federal y al, ahora extinto, Seguro Popular. El resto del dinero “perdido” se reparte en una multiplicidad de pequeñas partidas e instituciones.
Es importante notar que las irregularidades en el gasto público en salud no son recientes. El 73% de la totalidad del dinero tiene más de cinco años perdido. De hecho, aún no es posible determinar qué ha pasado con el gasto en salud durante el sexenio de López Obrador. La Auditoría no ha presentado su análisis de la cuenta pública desde 2018.
A quienes afecta la mafia
El dinero “perdido” en materia de salud no se pierde de manera aleatoria o en todas las instituciones de salud por igual. Lo que pude documentar es que, en general, se pierde más dinero en aquellas instituciones que tienen mayor capacidad para reducir desigualdades. Es decir, se pierde más dinero en aquellos institutos de salud que benefician más a las personas en condición de pobreza.
Si se divide el dinero perdido en materia de salud por su uso, y se ordena del que más apoya a los pobres al que menos lo hace, los datos apuntan a que el 77% del dinero perdido se concentra en el 10% de las partidas que más apoyan a los pobres.
Se han perdido 69.000 millones de pesos que estaban destinados a generar equidad en el acceso a la salud. Este dinero equivale a la construcción de un Hospital Regional de Alta Especialidad en cada estado del país.
La toxicidad social de este tipo de corrupción es evidente en casos como el de los Recursos Federales Transferidos a través del acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas (REPSS). El REPSS es una de las partidas de gasto público que más ayuda a reducir la desigualdad en México. Es un gasto que ayudaría mucho a las personas de menos recursos pero que frecuentemente termina “perdido”. De hecho, de la totalidad del dinero “perdido” en salud, la mitad proviene del REPSS.
El REPSS concentra sus irregularidades en tres estados: Michoacán, Veracruz y Jalisco. En 2012, Jalisco presentó irregularidades en el 98% del dinero que le fue auditado al REPSS. De acuerdo con la Auditoría, el dinero de Jalisco se “perdió” porque fue transferido a cuentas bancarias externas sin documentos que justificaran su uso.
Cómo opera “la mafia”
Las irregularidades en el gasto público en salud no se deben necesariamente a que los recursos hayan sido robados, o al menos no podemos saber si así fue. Lo único que sabemos es que no se pudo comprobar en qué se utilizó el dinero o si se utilizó en otra cosa. Entre las irregularidades más comunes encontramos recursos que se transfirieren a cuentas distintas al programa en cuestión. Así como, la contratación de personal que no cumple con las cualificaciones necesarias. Hay muchos casos de aviadores o de compras que no estaban incluidas en el catálogo de bienes oficiales. Así mismo, existen casos de compras con sobreprecios que pudieran estar beneficiando a contratistas predilectos.
No hay duda de que algunas de estas irregularidades son hechas con dolo, pero no todas son así. Algunas se explican por aspectos más operativos. Suceden cuando las reglas no son claras o cuando los funcionarios no tienen la capacitación para implementarlas. En ocasiones, los errores se convierten rápidamente en irregularidades. La realidad es que el andamiaje regulatorio en México es muy complejo. No hay concordancia en reglas estatales y con frecuencia los recursos de varios fondos se mezclan para atender a la población. La mezcla de fondos se presta a irregularidades y a pérdidas de recursos.
Al momento, ya se inició un proceso que homologará las distintas fuentes de financiamiento del sector salud. Esto representará un gran paso para evitar la gestión ineficiente que permea en este sector. No obstante, el riesgo de que las entidades no utilicen adecuadamente los recursos permanece.
Soluciones
Es momento de cambiar la forma en la que luchamos contra la corrupción. Debemos centrarnos en erradicar la corrupción que es socialmente más tóxica, como la que ocurre en el sector salud. Hasta ahora, la lucha se ha concentrado en resolver actos de corrupción relacionados con compras públicas. Esto es un error.
La lucha debe transitar hacia una visión más social que tenga por meta erradicar, primero, la corrupción que afecta a los más pobres. Para lograrlo, es importante crear programas de profesionalización para que las autoridades locales aprendan el manejo de las cuentas públicas. Capacitar a los municipios para que tengan un mejor registro de sus finanzas es crítico.
Así mismo, es importante asegurar que la transferencia de recursos se sujete a una calendarización claramente definida. Un primer paso sería formalizar los convenios de transferencia de recursos a más tardar en el primer mes de cada año. Se debe evitar que el dinero llegue tarde porque si lo hace, las autoridades tienen que “buscar de donde sacar el dinero” en lo que llega el recurso. Ello da pie a múltiples irregularidades. Es importante aumentar la planeación multianual de los presupuestos.
El gasto público debe estar sujeto a reglas formales de operación que eliminen la discrecionalidad que existe en los administradores públicos. Tener lineamientos específicos que regulen la asignación, el ejercicio y la aplicación de los recursos es la única forma de eliminar irregularidades. Si López Obrador quiere tener un sistema de salud sano, deberá dejar de pensar que se puede hacer con prisas. La construcción de procesos e instituciones es un paso que no puede saltarse si quiere tener resultados.
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