El tren que no deben construir en Sonora

El Rancho Aribabi es una reserva natural protegida privada en el norte del Estado de Sonora, entre Ímuris y Cananea, a menos de 50 kilómetros de la frontera con Arizona, Estados Unidos. Por su enorme importancia medioambiental fue declarada como Área de Conservación Voluntaria por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y es un sitio destinado a la conservación. Desde el año 2000 sus dueños, los miembros de la familia Robles, han realizado enormes esfuerzos para protegerlo.

Sobre Aribabi tenemos la suerte de saber mucho. Desde hace varios años, un grupo internacional de biólogos, botánicos, ecólogos, geólogos, zoólogos especialistas en aves, reptiles y mamíferos de diferentes instituciones de gobierno, académicas y privadas, han llevado a cabo extraordinarios trabajos de campo que nos brindan la posibilidad de tener una visión amplia del enorme inventario de recursos biológicos y ambientales del lugar. Es, sin exagerar, un lugar único, una de las regiones de mayor biodiversidad de América del Norte. Por sus 13 mil hectáreas pasan ocelotes, jaguares (especie en peligro de extinción), osos negros, coyotes, venados, monstruos de Gila y una fabulosa variedad de aves (al menos 200 especies), reptiles (40 especies) y otros animales protegidos por la Norma Oficial Mexicana 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la herramienta legal mediante la que se identifican especies de flora y fauna silvestre en riesgo en el país. En verano, al caer la noche, miles de luciérnagas invaden las copas de los árboles y arbustos, creando un espectáculo extraordinario que lleva a cientos de turistas y a expertos a visitarlas año con año. El río Cocóspera, uno de los pocos ríos realmente limpios en México, corre a lo largo de la propiedad y forma un corredor biológico fundamental para las migraciones de distintas especies, entre ellas la de la mariposa Monarca que descansa ahí en largo su camino hacia los bosques de Michoacán y el Estado de México.

Hoy, este tesoro natural está en riesgo existencial por el desarrollo de una nueva línea de ferrocarril que el presidente López Obrador encargó –sorpresa, sorpresa– a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El objetivo del nuevo tren es aumentar la capacidad de carga y comercial de la línea que ya corre de Guaymas a la frontera con Estados Unidos en Nogales. Aunque sin duda comercialmente tenga sentido ampliar los intercambios fronterizos en la zona, el proyecto –al que algunos grupos ambientalistas ya han bautizado como “el nuevo Tren Maya”– es un error, por lo menos planteado como está en este momento. Porque en su afán por economizar y tomar la ruta más corta para llegar a Nogales, el trazo atraviesa la zona en su punto más vulnerable y ambientalmente más preciado: el valle del río Cocóspera.

La Sedena busca terminar el tren antes de que finalice el sexenio del presidente López Obrador, cosa que preocupa – y con razón – a la comunidad, grupos de expertos y ambientalistas que ven en este tren un ecocidio evitable e innecesario: el trazo del tren podría fácilmente sortear esa valiosa zona, aunque rodearla costaría más y tomaría más tiempo. Pero el trazo no es su único problema: en realidad el proyecto está plagado de irregularidades por dónde se le mire. A la fecha el gobierno no ha consultado al respecto a los miembros de la comunidad, quienes se enteraron del tren por una nota que escucharon en la radio local a principios de año. Nadie les mostró los planos o el proyecto y ninguna autoridad ha dado respuesta a sus preguntas o atendido seriamente sus legítimas preocupaciones. Este parece ser un nuevo caso de “el proyecto sale porque sale, porque así lo quiere el presidente y así lo vamos a hacer”. Y siguiendo con el nefasto ejemplo del Tren Maya, los trabajos ya arrancaron, sin contar con los estudios de impacto ambiental correspondientes. ¿Es que ‘saltarse las trancas’ con temas delicados ya se les hizo costumbre? ¿Es fácil porque no hay consecuencias? ¿Qué esconde el gobierno federal? ¿Es que su proyecto es incapaz de sostenerse frente a un legítimo escrutinio público?

La comunidad en Ímuris está enojada: así no se deben hacer las cosas, dicen. Ambientalistas en México y Estados Unidos amagan con llevar el caso a la Comisión de Cooperación Ambiental, instancia de solución de controversias en el marco del T-MEC, para exponer las irregularidades y omisiones que ha cometido el gobierno de México con el afán de llevar a cabo el proyecto bajo los peores estándares de la costosísima y engañosa “austeridad republicana”. Ese tren no debe construirse, no así.