Tres brechas

Improvisación. Eso es lo que están sufriendo estos días cientos de miles de padres y madres, y toda la comunidad educativa. La falta de planificación por parte de las autoridades públicas en la organización de la vuelta a las clases es un clamor. En medio de una pandemia de consecuencias devastadoras y tras meses sin educación presencial, lo esperable hubiera sido que el Gobierno y las comunidades autónomas hubieran trabajado sin descanso durante todo el verano para garantizar un retorno seguro a las aulas. En cambio, hemos asistido, atónitos, a la desaparición de la ministra de Educación durante todo el verano, para reaparecer pocos días antes de comenzar el curso endosando toda la responsabilidad a los Gobiernos autonómicos. La presión se ha trasladado a las familias, sobre cuyas espaldas se planta el sudoku de combinar el trabajo y el cuidado de los niños.

Cuando dejamos para el último minuto la organización del curso escolar, las comunidades autónomas actúan de manera descoordinada e improvisan sus estrategias y la comunidad educativa es relegada a un segundo plano, se hace evidente que la educación no es una prioridad de Estado. Resulta evidente también que la gestión del Gobierno, consistente en escurrir el bulto, abrir el ocio, incluido el nocturno, prematuramente y renunciar al liderazgo imprescindible tras declarar a primeros de julio que habíamos “derrotado al virus” ha sido como mínimo imprudente, quizás negligente.

La reforma de la educación, durante años presa de batallas ideológicas y estériles, es la gran tarea pendiente de nuestro país. Si en circunstancias normales la negligencia y la falta de voluntad política para alcanzar acuerdos tenían implicaciones graves, ahora las consecuencias pueden ser dramáticas. Los efectos de la mala gestión de la vuelta al cole se verán pronto reflejados en el ahondamiento de tres formas de desigualdad, de tres brechas claves.

En primer lugar, se agudizarán las desigualdades entre alumnos de entornos vulnerables y aquellos cuyas familias pueden suplir la falta de educación presencial con más recursos. La mera diferencia en recursos informáticos es determinante. Mientras unos niños cuentan con medios para poder seguir el curso a distancia, con planes educativos adaptados y recursos a su disposición, otros muchos no tienen siquiera una conexión estable con Internet. Los datos de PISA nos muestran que más de la mitad de los alumnos del 20% más pobre tienen uno o ningún ordenador en casa, mientras que entre los alumnos ricos el 95% cuenta con más de un ordenador en su domicilio.

Extrapolando el efecto que tiene el parón estival sobre la desigualdad educativa, la Fundación Cotec ha mostrado en un estudio reciente que los meses de confinamiento pueden haber provocado ya una brecha de un año de aprendizaje entre alumnos ricos y pobres. El economista Raj Chetty, usando datos de la plataforma on line de refuerzo en matemáticas Zearn Math, muestra que los niños de zonas de ingresos altos pronto recuperan los niveles de aprendizaje habituales mientras que los de zonas de ingresos bajos redujeron su tiempo de aprendizaje a la mitad.

Segundo, es esperable que aumente la brecha de aprendizaje entre los alumnos de los países en los que la educación presencial apenas se ha interrumpido y aquellos donde el confinamiento ha impedido el derecho efectivo a la educación. Los alumnos de Austria y Luxemburgo pudieron retornar a las aulas antes de verano. La República Checa abrió sus escuelas primarias para grupos reducidos a finales de mayo. En Finlandia, los tres primeros niveles de primaria abrieron en junio y en Suecia, ni siquiera llegaron a cerrar los colegios en ningun momento. Países como Australia o Chile adaptaron los calendarios académicos para adelantar las vacaciones escolares. En España, los alumnos han sufrido cierres en los centros hasta el final del curso pasado. Una prolongación de estas diferencias entre sistemas educativos, que se alargue durante este curso académico, tendrá consecuencias permanentes sobre las competencias de los estudiantes y debilitará el capital humano de nuestro país, más necesario que nunca para competir en la economía global.

Finalmente, en esta vuelta al cole no solo está en juego el derecho de los niños a la educación, sino también el de los padres a poder compaginar en condiciones razonables su trabajo con el cuidado de sus familias. Es absolutamente inaudito que se pueda poner en cuarentena a centros, aulas y grupos de menores sin ofrecer ninguna alternativa a las familias.

¿No sería lógico dar a los progenitores una prestación económica extraordinaria? Según la ministra de Hacienda, solo los adultos cuyos hijos den positivo por covid-19 podrán acogerse a la baja laboral retribuida. El resto se verán obligados a optar por su trabajo o el cuidado de sus hijos en caso de cuarentena. No siendo lo segundo una opción —y a la espera de que se resuelvan las contradicciones sobre este importante asunto en el seno del Gobierno—, la evidencia muestra que son principalmente las mujeres las que se acogen a reducciones de jornada con menores salarios. La brecha de género, que es principalmente una brecha entre quienes llevan el cuidado de los menores, crecerá en ausencia de medidas.

¿Es este escenario inevitable? No, de ninguna manera.

Mantener los colegios abiertos debería ser una prioridad nacional, para evitar mayores daños a esta generación de escolares y garantizar la igualdad de oportunidades y su derecho a la educación. Lo que hace falta es preparación, inversión y voluntad política, es decir, lo contrario de lo que estamos viendo.

Pero todavía podemos actuar. La falta de preparación debe suplirse ahora con un esfuerzo conjunto de todas las Administraciones. La inversión, apoyada por los fondos europeos para la reconstrucción, debe orientarse a reducir el tamaño de los grupos y un plan de modernización educativa que cierre la brecha digital entre hogares y forme a los profesores en la docencia a distancia. Además, para familias con hijos en cuarentena, es crucial ofrecer alternativas de conciliación. No es de recibo que el coste de los rebrotes recaiga exclusivamente sobre las familias. Para que puedan compaginar su trabajo y los cuidados, es necesario ampliar la prestación extraordinaria para el cuidado de hijos enfermos y las reducciones de jornada bonificadas.

Es incomprensible que un Gobierno que se dice progresista se cruce de brazos y no se vuelque en resolver sus diferencias y garantizar el mayor ascensor social, la educación. El Ejecutivo se ha limitado a instar a las comunidades autónomas a evitar cerrar los colegios y se ha desentendido de su labor de coordinación. Sigue sin poner sobre la mesa recursos económicos que impidan que la desigualdad educativa se agudice. Claramente, no es suficiente. En sus manos, en las de todos, esta evitar que esta infame serie de errores de gestión y planificación se traduzca en consecuencias permanentes para el bienestar presente y futuro de los niños y las familias. Pongamos de una vez a la educación en el centro, en el corazón de nuestro plan de reconstrucción.

Luis Garicano es jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo, es vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe.