El año del olvido

Cuando comenzó la pandemia, el país se encerró. Sobre todo, las instituciones estatales dieron la orden de permanecer en casa, las excepciones fueron las necesidades esenciales y el personal de la salud. Luego, con la orden de apertura controlada, se decidió ir dando una especie de cupos a sectores económicos como la construcción y el comercio, entre otros, pero la mayoría de las instituciones seguían con sus funcionarios trabajando desde casa. La idea era sencilla: garantizar que en la calle coincidiera el menor número de personas.

Durante los meses de confinamiento y, luego, de apertura controlada, las comunidades de zonas apartadas quedaron sencillamente abandonadas, la presencia estatal se esfumó. Durante todo el 2020 se fraguó en Colombia una ola de violencia que ahora comienza a mostrarse. El 2020 será uno de los años más violentos en el asesinato de líderes y lideresas sociales. También hubo un aumento más que dramático en las masacres. A la fecha se han presentado 82 masacres en Colombia y es posible que la cifra llegue a 85; el año pasado, en 2019, el número no fue siquiera la mitad. Colombia comienza a abrir la puerta de lo que dejó en el olvido y eso parece un espanto.

Instituciones dedicadas al monitoreo de la garantía de derechos, como la Defensoría del Pueblo, sectores de la rama de la justicia o procuradurías regionales aún trabajan, mayoritariamente, desde casa. Solo cuando hay posibilidades se comunican con las comunidades vía telefónica. A su vez, los líderes comunitarios no hablan mucho por celular, tiene miedo a las interceptaciones, las cuales son bastante comunes en Colombia. Al final, el funcionario público no viaja donde están las comunidades, y tampoco recibe la información por otros medios. Dicha situación causó que en muchas zonas de Colombia no se viera la expansión territorial de múltiples actores criminales.

Ahora que Colombia comienza a ver lo que se formó durante todo el 2020, parece difícil detener esa ola de violencia. Todo sugiere que el 2021 será un año violento, además es un año prelectoral y nada indica que será pacífico. El problema es que el olvido institucional continúa, la prensa apenas comienza a ir a esas zonas, pero nada más. Hay regiones desde las que llega mucha información parcial, pero nadie sabe qué es lo que pasa. Por todo el pacífico colombiano sucede esto, aparecen vídeos, testimonios, algunas versiones, pero nadie va a territorio. Las comunidades están confinadas, algunas alcanzan a desplazarse y llegan a diferentes ciudades o pueblos para ser atendidas. Las versiones que se recogen son, sencillamente, espantosas.

El confinamiento de muchos funcionarios públicos continúa, nadie sabe con certeza lo profundo del problema humanitario. Lo cierto es que en los últimos días Colombia suma una masacre cada 24 horas. Los funcionarios públicos afirman que no hay garantías para regresar a los territorios, algunos argumentan que los grupos armados ilegales y organizaciones criminales les han prohibido el ingreso, otros dicen que temen “llevar el virus” a esas zonas que no cuentan ni con un puesto de salud y otros están simplemente asustados con el virus y hacen todo lo posible para no salir de casa. Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo: un abandono total a las comunidades.

La pregunta es por el próximo año. Ya se sabe que la vacunación en Colombia comenzará sobre el mes de marzo de 2021, además queda claro que, en el mejor de los casos, para el 2022 habrá una vacunación de casi toda la sociedad. El próximo año se priorizarán los trabajadores de la salud y los adultos mayores. Entonces, ¿cuál será la estrategia de los funcionarios públicos para llegar a las zonas apartadas de Colombia y evitar que se repita lo que pasó en 2020? La respuesta parece ser clara: nadie sabe que va a pasar ni cuál será la estrategia.