Un río de sangre

Como se había previsto, el año 2021 comenzó de forma preocupante en materia de seguridad. Preocupan al menos tres cosas. Por un lado, el asesinato de excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC. Son más de 250 los asesinados desde la firma del acuerdo de paz a finales de 2016. Cada día que pasa la situación tiende a empeorar, y ninguna estrategia parece funcionar. El Gobierno nacional se defiende diciendo que disparan de todos los lados, particularmente, disparan las disidencias, es decir, exguerrilleros que retomaron las armas o personas que nunca las dejaron, por ende, el Gobierno –y, en general, el Estado colombiano– niega cualquier responsabilidad. Por otro lado, el partido político FARC surgido luego de la firma del acuerdo habla sobre la ausencia de estrategia del Gobierno, la indiferencia de las instituciones y la ausencia de investigaciones. También, de que no todo son disidencias y denuncian presencia de grupos paramilitares.

El segundo baño de sangre se presenta contra líderes y lideresas sociales. Luego de la firma del acuerdo de paz hubo un fenómeno democratizador en varias regiones del país. Los liderazgos sociales de base, que estuvieron ocultos o amenazados en el marco de la guerra, comenzaron a surgir y a levantar la voz. Por todo el país, líderes comunales, de organizaciones de base, campesinos, negros e indígenas comenzaron a alzar su voz, lo cual incluyó participar en política. Como ha sido siempre en Colombia, la respuesta fue el asesinato. Se cuentan alrededor de 600 homicidios desde 2016, y la impunidad es alta. Nuevamente, el Gobierno nacional se lava las manos diciendo que disparan desde todos lados. Agrega, además, que es un fenómeno desorganizado y sin sistematicidad. Desde las organizaciones sociales se habla de una estrategia premeditada, de paramilitarismo y de una “extraña” ausencia de política pública para controlar este fenómeno.

El tercer problema que preocupa en materia de seguridad ha sido el resurgimiento de la violencia política. En Colombia, fue bastante común el asesinato de candidatos o personas que participaban de política electoral. Con el proceso de paz esa situación disminuyó bastante, incluso llegó a estar casi en niveles de cero. Sin embargo, en las elecciones locales del año 2019 el fenómeno apareció con fuerza, se presentaron más de 100 victimizaciones con un número alto de asesinatos. El fantasma parecía resurgir nuevamente. Las elecciones del 2022 si bien son nacionales y por ende tienden a ser menos violentas que las locales, comienzan a generar preocupación.

El año 2021 es prelectoral y casi todos los factores que potencian la violencia en Colombia están en rojo: la expansión de organizaciones criminales a lo largo y ancho del país; las economías ilegales; la ausencia de una estrategia de seguridad por parte del Gobierno nacional y la cercanía de elecciones permiten afirmar que el futuro inmediato es complejo. A todo ello se le suma la incertidumbre por la pandemia. El año 2021 comenzó peor que el 2020, con confinamientos locales en varias zonas del país, ocupación hospitalaria en rojo y perplejidad de las autoridades políticas. El optimismo del año nuevo se acabó muy rápido, apenas en unas horas. Nadie sabe con exactitud cuál será el país para finales del 2021, incluso la forma de hacer política va a cambiar. Todo esto no hace más que complicar la perspectiva de país.

En todo caso, por lo que ha ocurrido en las primeras horas del nuevo año se puede decir que los que vaticinaron un año violento no se equivocaron. Falta ver el impacto de todos estos fenómenos sobre los votantes. Ganará la política del miedo, del odio o de la esperanza. Es difícil saber cuál discurso venderá más. Por el momento solo incertidumbre.