Lo público y lo privado llamados a entenderse

Los grandes desafíos de nuestra era pasan por atraer y poner a trabajar conjuntamente todos los recursos de la sociedad. La pandemia ha fortalecido la percepción de importancia del Estado, pero éste sólo consigue un liderazgo efectivo si es capaz de aunar y articular todos los recursos, tanto públicos como privados, que sean necesarios para dar soluciones efectivas. La disponibilidad de la vacuna es un buen ejemplo de ello, al hacerse realidad gracias a la combinación de las capacidades de investigación y producción de las grandes empresas privadas con los compromisos de compra y distribución masiva de las autoridades públicas. Del mismo modo, la atracción y gestión de los fondos europeos es otro caso en el que solo la búsqueda de las máximas sinergias entre recursos y capacidades de los sectores público y privado, puede ofrecer respuestas a la altura de los desafíos que enfrentamos.

En esta línea, hay que dar la bienvenida al Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se recogen una serie de medidas en materia de colaboración público-privada. En concreto, se crea la figura de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), con el fin de implementar los objetivos del Plan de Recuperación y estimular el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de nuestro país. Se espera que la atracción y gestión de los fondos europeos para la recuperación económica esté liderada por el sector público, pero incorporando activamente al sector privado a través de instrumentos de efectividad probada. Para ello, el decreto ley recoge las herramientas que han de servir para la articulación efectiva de la colaboración público-privada como las sociedades de economía mixta.

Esta concentración de esfuerzos permite introducir innovaciones productivas en los bienes y servicios públicos, captar inversión y mejorar la transparencia en la asignación de los recursos. Esto puede suponer ganar agilidad en la ejecución de los mismos sin perder los requisitos de control y rendición de cuentas a los que se deben los bienes públicos. También permite dar una orientación a largo plazo a las inversiones de las políticas públicas, lo que proporciona estabilidad al proceso de inversión, más allá del ciclo político. Estas iniciativas pueden también potenciar la representatividad de las decisiones al implicar a actores privados como parte de la solución de un problema, así como mejorar la calidad de las decisiones, al agregar mayor información y conocimiento. También puede corregir y orientar determinadas propuestas de valor de los agentes económicos en beneficio del interés general.

Pese a sus ventajas, las colaboraciones público-privadas han sido criticadas porque conllevan dificultades de gestión y de entendimiento entre los actores. En nuestro país, los casos de éxito conviven con proyectos fallidos de los que hay que sacar lecciones. La evidencia nos demuestra que, para que estas fórmulas tengan éxito, es preciso disponer de un sólido modelo de gobernanza para administrar estos proyectos y garantizar sus fines de interés público. La alianza estratégica entre sectores necesita un contexto institucional imparcial, que responda al interés general y genere confianza y cooperación. Estos elementos son esenciales para lograr el rendimiento esperado de las colaboraciones intersectoriales y obtener su aprobación pública.

Avanzar en esta dirección requiere superar muchos de los prejuicios ideológicos que durante los últimos años han dificultado en España la institucionalización de las fórmulas de colaboración público-privada. Éstas no deben ser vistas, ni como una abdicación por parte de las autoridades de las responsabilidades que les competen, ni como una huida ante el fracaso de la gestión estatal de los servicios públicos. Las colaboraciones público-privadas son un instrumento más al servicio del interés público, que se hace idóneo en circunstancias específicas y cuando se adoptan los mecanismos adecuados de gobernanza.

En segundo lugar, la cooperación efectiva requiere una gestión muy profesional en ambos roles, que se lleva mal con el contexto institucional tan politizado de nuestro país. Si los trabajos de regulación y supervisión del Estado y de inversión y prestación privados no se ejercen desde criterios predecibles con una sólida base técnico-profesional, abrimos las puertas a la confusión de responsabilidades y a la pérdida de transparencia. El protagonismo de gestores politizados en ambos lados de la colaboración no es la fórmula idónea para aunar esfuerzos. La experiencia nos indica que en estas condiciones la colaboración público-privada pierde sus ventajas.

El Plan de Recuperación y los fondos europeos ofrecen una ventana de oportunidad para replantear el proceso de interacción entre los actores públicos y los privados, superando algunos de los problemas que se han planteado en el pasado. Esto requiere una gobernanza sólida que contribuya, a la vez, a reducir los niveles de desconfianza hacia las instituciones públicas y a promover una percepción positiva de la participación del sector privado en la creación de valor social.

Koldo Echebarria es director general de Esade y Mònica Reig, directora del programa PARTNERS de EsadeGov.