Lecciones de un posible caravaggio

El descubrimiento de un posible caravaggio en una casa de subastas de Madrid cuando estaba a punto de salir a la venta por un precio que partía de los 1.500 euros, un precio a todas luces irrisorio, reúne todos los ingredientes del mejor thriller. Pero también esconde lecciones valiosas. Por un lado, ha servido para demostrar la relevancia del ejercicio de la historia del arte como una disciplina viva, que somete al muchas veces opaco mercado al escrutinio que alientan internet y las redes sociales gracias la enorme e inmediata difusión de los catálogos de subastas. Por el otro, ha puesto de relieve la importancia de las instituciones, sea cual sea su signo político, a la hora de proteger el patrimonio. Y su eficacia, en este caso.

El Museo del Prado, el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid actuaron con celeridad y coordinación para detener la venta, declarar la inexportabilidad del cuadro y elevarlo a la máxima protección, la de Bien de Interés Cultural (BIC), que obliga a los dueños de la tela, que se ofertaba como una copia de la época de Ribera, a informar a la administración de todas las decisiones que vayan a tomar con respecto a su futuro. El Estado se reserva también el derecho a adquirirla por el mismo precio que ofrezca un coleccionista privado, siempre que resida en España.

Como el Prado resulta el lugar idóneo para una obra maestra de esas características, si se llegara a demostrar que lo es sería deseable que la propiedad —que ha escogido al marchante de arte antiguo Jorge Coll como portavoz y encargado del estudio y restauración de la pieza— no deje de lado en ese proceso, que puede durar meses, a la pinacoteca. Ese lugar que el pintor Ramón Gaya consideraba desde su exilio “más una patria que un museo”.

Y si finalmente se atribuyera el cuadro, habría que proceder con dos certezas: que la colisión entre el derecho a la propiedad privada y a la protección del patrimonio debe resolverse con inteligencia, y que el hecho de que una pieza se proteja como BIC no implica automáticamente que tenga que ser comprada por el Estado.

Por último, el caso también habla con elocuencia de la condición de España como uno de los últimos repositorios del arte antiguo frente a otros países ricos en patrimonio que han sido esquilmados en el pasado por sagaces anticuarios. Muchas de esas joyas llegaron en los siglos XVI y XVII, cuando España gozaba del estatus reservado a los imperios, y salen erróneamente atribuidas en subastas o, peor aún, dejan el país para siempre. Por eso es importante dotar a las administraciones y a los museos de los recursos necesarios para investigar y poder evitarlo y al tiempo trabajar en concienciar a la ciudadanía de que la protección del patrimonio es un asunto de todos que no entiende de cortos plazos.