Jóvenes sin derechos

El pasado otoño, el Senado rechazó la proposición de ley orgánica presentada por el senador de ERC Bernat Picornell para ampliar el derecho de sufragio a las personas mayores de 16 años. Los dos principales partidos con representación en la Cámara alta, temerosos de salir perjudicados en la nueva demografía electoral, impedían así que se abriera un debate sobre los derechos políticos de quienes aún no alcanzan la mayoría de edad. El tema lleva unos años entrando y saliendo de la agenda política, y no sólo de la española, pero sin mucho éxito de momento. En contra de ampliar el sufragio universal a una edad más temprana encontramos argumentos un tanto difusos que aluden a una capacidad limitada en el ejercicio de la responsabilidad y un desinterés generalizado por la política. A favor, se esgrimen razones relacionadas con los eventuales beneficios sobre la participación y el compromiso cívicos y el derecho de la gente joven a incidir directamente sobre la agenda política.

Votamos por vez primera al cumplir los 18 por la misma razón por la que nos jubilamos a los 65, trabajamos 40 horas semanales o consentimos relaciones sexuales a los 16. Son convenciones sociales, fruto de importantes conquistas, y como tales, sujetas a revisión cuando los tiempos cambian. Y los tiempos, hace tiempo que cambiaron. En nuestro país, la edad discrimina cada vez con mayor intensidad. La tasa Arope, que mide a través de distintos indicadores los niveles relativos de pobreza y exclusión social, alcanzaba para el grupo entre 16 y 29 años el 34% en el 2015, con diferencia la cifra más alta para este grupo de edad en toda Europa. Esto es reflejo de tres cosas: las dificultades de entrada al mercado laboral —el índice de desempleo por debajo de los 25 años se sitúa por encima del 40%, otro récord europeo—; la elevada temporalidad, situada por encima del 70% para la franja de edad de 16 a 24; y los muy bajos salarios: considerando el salario medio anual por grupos de edad, la cifra más baja es para quienes aún no han cumplido los 20 años.

Como en toda desigualdad, la edad viene atravesada por otras características socio-demográficas como el género, el origen étnico o la clase social. Pero en términos globales, la transversalidad de la discriminación por razón de edad es tan rotunda que lo que más explica que tengas un salario de miseria, un contrato precario o incluso que no consigas encontrar empleo a los 16, 20 o incluso 25 años, es precisamente tu juventud. Del lado de la educación los indicadores no son mejores. El abandono educativo temprano sigue siendo el más alto de toda la UE, a pesar de haber disminuido notablemente en los últimos años. Extraordinariamente elevado es también el porcentaje de personas entre 15 y 24 años que formalmente no constan ni como parte de la fuerza de trabajo ni en formación.

Las razones por las que España parece tratar especialmente mal a los más jóvenes tiene que ver, como sabemos, con un mercado laboral altamente dual y precarizado. Pero esto es sólo una parte de la historia, la otra parte tiene que ver con cómo el Estado institucionaliza las distintas etapas de la vida. El modelo de bienestar que comparten los países europeos en latitudes mediterráneas otorga un papel central a la familia como proveedora de protección. Al igual que sucedía con las mujeres hasta hace relativamente poco tiempo, a ojos de nuestro Estado de bienestar, las y los jóvenes no son individuos sujetos de derecho. La inmensa mayoría de quienes no han cumplido aún los 25 no accede ni a las prestaciones vinculadas al empleo ni tampoco a las prestaciones sociales no contributivas. El nuevo ingreso mínimo vital, por ejemplo, fija el límite en los 23 años.

Por otra parte, las ayudas destinadas directamente a jóvenes, como las becas de apoyo al estudio, además de exiguas, están condicionadas a la renta de la unidad familiar. Es decir, damos por hecho que la custodia paterna se alarga mucho más allá de sus límites legales. Esta es la principal razón por la que el gasto social en España presenta un claro sesgo hacia las cohortes de edad más avanzada. Además, este sesgo es extensible a la propia organización de los intereses colectivos en la que la juventud está escasamente representada incluso por parte de quien se supone que la representa.

El problema es que este principio de organización social, si lo queremos llamar así, cada vez resulta más disfuncional. En primer lugar, los distintos hitos que tiempo atrás marcaban la transición a la vida adulta se han desconectado ente sí. Los puentes que separan un momento vital de otro ya no se cruzan todos al mismo tiempo, ni de una vez por todas. Existe una reversibilidad que a la vez que otorga más libertad, también perpetúa el estado de tránsito. Entre el fin de la etapa educativa obligatoria y el momento en el que alguien consigue una fuente de ingresos estable y un hogar seguro ahora transcurre más de una década. La provisionalidad convertida en condición.

En segundo lugar, tanto nuestro modelo de crecimiento como las dos grandes crisis de este siglo, comprometen enormemente las expectativas futuras de la juventud. Quien hoy tiene 16 nació en un país con las expectativas de progreso y modernidad centradas en el ladrillo y la economía de servicios. Crecieron en hogares de dos sueldos, una hipoteca y un piso de 90 metros cuadrados. Todo ello susceptible de saltar por los aires. La transmisión patrimonial que funcionó en épocas pasadas como el principal mecanismo de solidaridad intergeneracional queda ya limitado a un número cada vez más reducido de privilegiados.

Toda esta dificultad para transitar hacia la vida adulta tiene al menos tres consecuencias importantes. La primera, posponer una de las transiciones vitales más importantes repercute en muchas otras decisiones que tomamos en la vida. La mayoría de jóvenes no consigue emanciparse del hogar familiar hasta pasados los 30 años, los mismos a los que tienen ahora de media las mujeres su primer hijo. La segunda es que, como sociedad, perdemos talento a raudales. Y la tercera, en un contexto generalizado de falta de oportunidades, el accidente de nacimiento como lo llama Heckman, marca las trayectorias de cada quien reproduciendo desigualdades de partida. Mientras que para algunos afortunados la red familiar les da paso a una formación más exclusiva, una vivienda pagada o incluso una trayectoria profesional, a la gran mayoría la condenamos por largo tiempo a la realidad fronteriza de mini-jobs y pisos compartidos.

¿Qué pasaría si pudieran votar? Puede que no mucho. Al fin y al cabo el grito generacional del 15-M consiguió renovar la política pero poco las políticas. Nos ayudaría, al menos, a iniciar una conversación que no podemos postergar por más tiempo, porque en política no hay nada peor que ser indiferente. Ganaría la juventud, ganaríamos todos.

Margarita León es profesora de Ciencia Política de la Universitat Autònoma Barcelona.