El día de la marmota

Una vez más, como cada 6 de diciembre en los últimos años, este periódico vuelve a expresar la desazón que causa en múltiples estratos de la ciudadanía el incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos. La Alemania de los últimos 40 años ha hecho 60 reformas en su Constitución. España ha hecho dos, una para permitir el sufragio de europeos en las elecciones municipales y la otra, casi a oscuras, para fijar el techo de gasto y garantizar el pago de nuestras deudas. Ni España es Alemania ni los requisitos para las reformas de sus respectivas constituciones son los mismos, pero el tiempo ha ido pasando sin que los líderes de los principales partidos hayan asumido el compromiso democrático de adecuar la ley de leyes a una sociedad que en amplios sectores carece de vínculos biográficos o emocionales con la Constitución de 1978. Sin embargo, más del 50% de los nacidos en democracia, según una encuesta del CIS de 2018, considera que la Transición fue un éxito y que los españoles pueden sentirse orgullosos de ella. En la mano de los políticos actuales está que ese porcentaje no disminuya, pero también está favorecer un auténtico vuelco a través de la incorporación de demandas y realidades que en 1978 no existían o eran simplemente inimaginables.

De hecho, la mayoría de los partidos políticos comparten un paquete mínimo de cambios que necesita la Constitución para enraizarse en el presente y en los profundos cambios que ha traído el siglo XXI. La paradoja reside en que comparten buena parte de las modificaciones. La reforma del Estatuto de Baleares ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados sin votos en contra y en ella se eliminan los aforamientos de sus parlamentarios para que puedan ser juzgados sin privilegios. La reforma exprés prometida por los últimos gobiernos del PP y del PSOE, sin embargo, sigue en formato de promesa, del mismo modo que la anacrónica prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona es hoy uno de los artículos más desconectados de la realidad. Tampoco la inviolabilidad del Rey se corresponde hoy con el estándar de exigencia democrática, y menos todavía tras los presuntos delitos fiscales cometidos por Juan Carlos I durante los últimos años de su reinado. Incluso la reforma del artículo 49 para la eliminación del término “disminuido físico, sensorial y psíquico” y cambiarlo por “personas con discapacidad” choca con la negativa de PP y Vox.

La Constitución no menciona tampoco a las 17 autonomías porque no existían todavía en 1978, pero magistrados y magistradas que han trabajado en los últimos 30 años en nuestro Tribunal Constitucional reconocen hoy, en las páginas de EL PAÍS, la necesidad de perfeccionar la organización territorial del Estado a través del título VIII de la Constitución, igual que es lesivo para la sociedad en su conjunto seguir aplazando sin más las propuestas para clarificar el capítulo sobre las competencias de las distintas administraciones, el reconocimiento de las singularidades de determinados territorios o la activación del Senado como auténtica Cámara de representación territorial para evitar que sea el Congreso quien asuma un papel que no le corresponde.

La irresponsabilidad de los dos grandes partidos sume a la sociedad española en un vicioso día de la marmota: erosiona la credibilidad del sistema, aplaza sin fecha reformas urgentes y transmite una notable desconsideración a la realidad que hoy vive una mayoría de la población adulta que no existía en 1978. El valor civil que esa reforma tiene como inversión de futuro democrático sigue sin liderazgo y pone en entredicho las retóricas protestas de desafección ciudadana que enuncian a menudo los propios políticos.