El empleo avanza; la economía, menos

Los últimos datos del mercado laboral español son espectaculares. Y esperanzadores. El paro ha caído a 3,1 millones de personas, como en 2018, antes de la crisis. Las afiliaciones a la Seguridad Social rozan los 20 millones, duplicando los registros de los años ochenta. La creación de nuevo empleo en noviembre es la más alta de la historia en este mes, en general malo, y la contratación indefinida, aunque modesta (14% del total), también marca récord histórico: cerca de 300.000 trabajadores.

En suma, el mercado laboral español ha recuperado las cifras anteriores a la pandemia. Rebajar o relativizar la relevancia de estas cifras porque todavía no cancelan el diferencial de desempleo español con la UE es poco inteligente porque aportan una clave relevante de la coyuntura actual. Esa potente recuperación del empleo no solo se debe al efecto físico del rebote habitual en las economías tras las recesiones. También está motivada por la política económica expansiva desarrollada desde 2020 por el Gobierno y por toda la UE, por la cooperación de distintas administraciones, por el empuje inversor empresarial y la prudencia salarial de los sindicatos. También han tenido que ver los datos de vacunación en España, y todo junto trasluce méritos tanto de su sistema sanitario como de la actitud de confianza de la población, nada propensa a negacionismos.

El empuje de la actividad se refleja en otros datos contundentes. La compraventa de viviendas aumentó en octubre un 14%, superando las cifras de 2019, y las hipotecas, más de un 57% durante los primeros nueve meses del año sobre igual periodo de 2020. La recaudación fiscal, restaurada desde mayo en relación con la precrisis, aumenta hasta octubre el 16,3% sobre 2020. Y la inversión crediticia de la gran banca se equipara ya con la de 2020, excepcional gracias al mecanismo de los préstamos públicos del ICO.

Pero no todo son alegrías. El aumento de los precios energéticos y los cuellos de botella en las cadenas de producción incrementan la inflación, al menos temporalmente, hasta un 5,6% en noviembre (y a un 3% en el año). Los costes industriales se dispararon en octubre casi un tercio, y sectores como la automoción ni pueden producir ni vender lo que habían proyectado. También el coste de la cesta de la compra sube en perjuicio sobre todo de las clases populares, cuyos ingresos, mellados por los precios, se dedican en mayor medida que la media a los gastos básicos. No es raro, pues, que el consumo de bastantes hogares flaquee y que el conjunto de la economía deba acabar el año unos seis puntos por debajo de 2019.

La rebaja en la aceleración económica que proyectan organismos nacionales e internacionales (del FMI a la OCDE y la Comisión) desplaza así a España desde la cabecera de la recuperación europea a su furgón de cola, fiándola a 2023. Los problemas estadísticos de captura de esta realidad, tan cambiante, que atenazan al INE, y en cascada a otros institutos, seguramente no agoten la explicación del desacople entre el pujante mercado de trabajo y la contabilización de un PIB menos airoso, aunque refleje más un retraso solventable que una menor aceleración enquistada. Tampoco dan cuenta de las diferencias con países similares, como Italia, a la que España adelantaba hace poco y ahora la supera.

La menor velocidad económica se explica probablemente por el impacto energético, la expectativa de menor intensidad de unos Presupuestos para 2022 de perfiles relativamente “contractivos”, según Bruselas, la menor densidad industrial por el peso de los servicios y de la especialización turística y también por el despliegue muy garantista —y en sus pasos iniciales, lento— de los proyectos del plan de recuperación y resiliencia. Si esas son las causas, las recetas obvias aconsejan acelerar inversiones y ultimar cuanto antes los proyectos tractores del plan de recuperación. En sí mismos deben aumentar la productividad declinante y son factores de estimulación de una moral colectiva a la que nunca es ajena la dinámica económica.