La credibilidad de las encuestas

El año 2021 ha roto estadísticas en múltiples sentidos, pero también en el campo de la demoscopia. En esos 12 meses se han publicado más encuestas sobre estimación de voto que en cualquier etapa anterior, y más del doble que en cualquier otro año (exactamente 207). Lo singular, sin embargo, no es solo la cantidad, sino la calidad de esas encuestas: solo el CIS, obligado por ley, ofrece los microdatos de sus barómetros. Nadie más los publica. El resto de las encuestas no los hacen públicos; solo dos institutos privados difunden la intención directa de voto: el resto únicamente la cocina. Ninguno divulga las tripas completas del trabajo sociológico en el que se basan los pronósticos de voto o estimación de escaños. La transparencia es irrenunciable para poder identificar el alcance, veracidad, fiabilidad y confianza que merece una encuesta que pronostica resultados electorales o liderazgos en intención de voto. Sin esos microdatos, pueden acabar convertidas en poco más que muletas retóricas para los intereses de los partidos favorecidos en ellas.

España abre en 2022 un bienio electoral que tendrá su primera cita en las sorpresivamente adelantadas elecciones de Castilla y León. Le seguirán las andaluzas, autonómicas y municipales, y generales. Y en las vísperas de ese ciclo, El PAÍS y la Cadena SER inician este enero la publicación mensual de barómetros electorales y de clima de opinión destinados a ofrecer a la ciudadanía sus diagnósticos, pero también los datos efectivos en que se fundan. Este lunes, cuando se publique la segunda parte de la encuesta, los microdatos que nos han permitido llegar a nuestras conclusiones estarán abiertos a todos. Cada lector —y los profesionales de la demoscopia— podrá extraer sus propias conclusiones en torno a las preguntas, respuestas y porcentajes. Queremos contribuir así a un clima de transparencia que verdaderamente ayude a los ciudadanos a formarse una opinión lejos de los intereses de parte.

La transparencia necesaria en una sociedad asediada por bulos informativos y mentiras impunes exige ser reforzada también por una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 1985. Cada vez que se celebran elecciones en España se constata la distancia sideral entre esa ley y la sociedad digital. No tiene sentido a estas alturas la prohibición de publicar encuestas electorales cinco días antes de la celebración de unos comicios, cuando empresas demoscópicas, partidos políticos, medios de comunicación y todo aquel que pueda pagarse una encuesta dispone de datos de última hora hasta el mismo día en que se abren las urnas. Todos, menos el ciudadano que decide con su voto el rumbo del país. La prohibición no impide, además, que se publiquen mediante todo tipo de subterfugios o en el extranjero encuestas de dudosa calidad, sin ficha técnica —a pesar de que obliga la LOREG—, y con un ánimo evidente de influir. Acabar con este embargo es algo que debería hacerse extensivo más allá del periodo electoral. No es, desde luego, el único aspecto a reformar de la ley electoral. El voto rogado para los españoles en el exterior, la obligatoriedad de los debates entre candidatos o el sistema distributivo de votos y escaños claman también por su reforma en un momento en el que la democracia debe protegerse de sus enemigos con transparencia y pulcritud.