Las reclamaciones de los transportistas

El Gobierno y las principales patronales del transporte alcanzaron un acuerdo en la madrugada del jueves al viernes que incluye el grueso de las reivindicaciones de un sector que, tras 12 días de paros, amenazaba con desestabilizar la economía española. El acuerdo mejora sustancialmente lo aprobado el lunes de esta semana, gracias a la presión de una minoritaria asociación de autónomos que ha mantenido los paros iniciados el pasado 14 de marzo y que no reconocía el acuerdo anterior porque exigía estar presente en la negociación. El Gobierno solo ha negociado con la gran patronal del sector, convencido de su capacidad de representación de la mayoría de los transportistas. Aunque la estrategia quedó desautorizada, lo pactado recoge el grueso de las exigencias de los camioneros. La protesta, que está estrangulando otros negocios y asustando a consumidores que no tienen la culpa de la subida de la gasolina, queda vacía de contenido y debería cesar.

El margen para bajar la fiscalidad de los carburantes en España es escaso, además de que los transportistas ya reciben bonificaciones por el combustible profesional, por lo que la novedad está en las ayudas directas. Las medidas aprobadas ahora incluyen un descuento de 20 céntimos por litro de combustible, ayudas directas de 1.250 euros por camión. En total, las ayudas superan los 1.000 millones de euros. Se suman a medidas ya negociadas y aprobadas en un real decreto ley, como una cláusula obligatoria de revisión de precios por la variación del combustible o la prohibición de que la carga y descarga la haga el camionero. Además, han logrado el anuncio concreto de las mismas, rompiendo así el estricto calendario autoimpuesto por La Moncloa.

En la era de las redes sociales, el poder de representación a veces no está escrito en una tarjeta de visita. El Gobierno se equivocó al negar un lugar en la mesa a los autónomos convocantes de los paros. La patronal Comité Nacional del Transporte por Carretera puede tener el control de las condiciones de trabajo en el sector, pero claramente hay una parte del mismo que no se ve representado por ella. El Gobierno no percibió la profundidad de la brecha interna en el sector del transporte. Emerge de los últimos días la evidencia de que el problema no es solo el aumento de precio de los combustibles, sino que existe un conflicto profesional entre grandes patronales y autónomos, previo a esta crisis, que ha sido subestimado y que enturbia cualquier acuerdo posible.

La decisión de la ministra Raquel Sánchez de reunirse con el espontáneo líder de los camioneros huelguistas, Manuel Hernández, es una enmienda necesaria, aunque tardía. A la salida, Hernández insistió en que sus demandas no han sido satisfechas y prometió continuar con el paro indefinido. En los próximos días se verá el seguimiento que tiene una actitud que puede empezar a encontrar los límites de la solidaridad popular con su protesta. Hernández ha tachado las ayudas de “limosna”, pero esos 1.000 millones de euros que van para el transporte no irán a otros sectores que también lo necesitan.