Boris Johnson: la “vía Ruanda”

El Gobierno de Boris Johnson ha cerrado un acuerdo con las autoridades de Ruanda para reenviar a ese país africano a la mayoría de hombres menores de 40 años, de cualquier nacionalidad, que intenten entrar de modo irregular en el Reino Unido. La idea de externalizar la gestión de la inmigración irregular no es nueva. Australia, probablemente la inspiración del Ejecutivo británico, lleva años enviando a varias islas del Pacífico a muchos de los que intentan llegar a sus costas. Lo que hace que los planes de Johnson resulten especialmente crueles —”contrarios a la naturaleza de Dios”, según el arzobispo de Canterbury, Justin Welby— es su descarada utilización como propaganda política y el hecho mismo de que suponen la constatación del fracaso del Brexit.

No hay cifras oficiales sobre la inmigración irregular porque el Gobierno se resiste a publicarlas. Las estimaciones de organizaciones de ayuda al refugiado y de medios de comunicación como la BBC elevan el número en 2021 a casi 29.000. Las previsiones del Ministerio del Interior, filtradas recientemente a los medios, sugieren que este año podría llegarse a las 65.000 personas.

Johnson y los euroescépticos prometieron a los británicos, durante el referéndum del Brexit de 2016, que recuperarían el control de sus vidas, y también de sus fronteras. Take Back Control fue el brillante mensaje con el que alcanzaron la victoria. Años después, Downing Street se ha dado de bruces con una realidad que el continente europeo ya había tenido que afrontar mucho antes, y en cifras muy superiores. Johnson y su ministra del Interior, Priti Patel, han exigido al Gobierno de Francia mayor control de sus costas, y que aceptara la devolución de los inmigrantes llegados a través de las aguas del canal. París ha sido muy claro: es un asunto que debe ser negociado directamente con las instituciones de la UE. De nuevo, la lealtad comunitaria de los socios frustra los intentos de Londres de ningunear a Bruselas con acuerdos bilaterales.

Johnson sabe que la “vía Ruanda” será cuestionada en los tribunales británicos, y que su proyecto de Ley de Nacionalidades y Fronteras, que recoge la opción de enviar a un tercer país a los que su Gobierno llama “inmigrantes económicos”, sufrirá enmiendas drásticas en la Cámara de los Lores. Pero ha dado a conocer la medida apenas tres semanas antes de las elecciones locales del 5 de mayo, que tendrán lugar en todo el Reino Unido. Reactivar el inflamable debate de la inmigración le sirve para ocultar el hecho de que la policía haya multado a Johnson por incumplir la ley al participar en fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento. Hoy mismo, la Cámara de los Comunes decide si abrir una investigación por desacato. Resulta del todo evidente que el verdadero propósito de Johnson no es tanto recuperar el control de las fronteras como el control sobre su futuro político.