Para escapar de la pobreza

El Gobierno parece haber asumido la necesidad de reaccionar de forma rápida y eficaz a los cambios que la inflación y los precios de la energía están imponiendo en las vidas cotidianas de centenares de miles de personas. El logro que significó hace dos años la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) ha ido encontrando nuevas vías de desarrollo y ampliación para impedir la caída en la exclusión social y la marginalidad de segmentos de la población con muy pocos recursos. La medida aprobada ayer en el Consejo de Ministros va en esa dirección al introducir cambios sustanciales en la percepción de ingreso mínimo, de modo que sus receptores puedan compatibilizar la prestación con ingresos derivados del trabajo hasta un determinado nivel. El objetivo, en palabras del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, es impulsar el tránsito de esas personas desde una situación de exclusión a una participación plena en la sociedad. El IMV garantiza un mínimo de renta, según los miembros de la unidad familiar, de entre 462 euros y 1.015 euros mensuales.

Hasta ahora, un beneficiario de la renta mínima que aumentase sus ingresos gracias a un empleo (o a la mejora del que tenía) veía esa ganancia descontada de la renta que le garantiza el IMV. Es decir, al final percibía la misma cantidad, pero trabajando más, y muchos de quienes perciben el ingreso mínimo —1,4 millones de personas y unos 500.000 hogares— renunciaban a mejorar sus ingresos por miedo a perder la prestación. El nuevo reglamento permite, de acuerdo con un complejo sistema de tramos y tipologías de hogares, que la renta mínima, o parte de ella, y los ingresos derivados de un trabajo sean compatibles hasta determinado límite.

El Gobierno confía en que la medida beneficie a unas 45.000 personas, especialmente a quienes están fuera del mercado laboral y a hogares con menores o discapacitados a cargo, para quienes incluye mayores incentivos. Su desarrollo ya se contemplaba cuando se puso en marcha el IMV, en mayo de 2020, y se aprueba cuando otras medidas han mejorado el alcance de este ingreso a través de la colaboración de las ONG para localizar a sus posibles destinatarios en la tarea más complicada de esta ayuda, pero indispensable.

El reglamento aprobado también facilita la gestión al receptor al examinar de forma automática la variación de ingresos posible. Las nuevas medidas pueden ayudar a reducir los problemas de accesibilidad que esta iniciativa ha tenido y que lastraron durante mucho tiempo su eficacia. Esa fue una de las críticas lanzadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en el informe presentado en julio, en el que animaba a la Administración a corregir sus deficiencias y permitir que más familias (850.000, según el objetivo inicial del Gobierno) se beneficien de un instrumento que la propia Airef considera útil para reducir la pobreza en España.