Desastre judicial de Aznalcóllar

Veinticuatro años después del desastre ecológico de Aznalcóllar (Sevilla), provocado por la rotura de una presa de lodos tóxicos procedentes de la mina que explotaba la multinacional sueca Boliden, se ha fijado por fin fecha del juicio en el que se dirimirá si la compañía debe pagar o no el coste de la descontaminación. Si este desastre hubiera ocurrido en Suecia, se hubiera impuesto el principio de que quien contamina paga. Pero una normativa entonces poco exigente con la responsabilidad medioambiental de las empresas y un galimatías aberrante y tedioso sobre cuál es la jurisdicción competente le han permitido a la multinacional evitar hasta ahora el pago de 88,9 millones de euros que le reclama la Junta de Andalucía.

Es el coste de los trabajos de descontaminación y recuperación de las 4.634 hectáreas a las que fueron a parar los seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas que se vertieron con la rotura de la presa en 1998. Tampoco el Gobierno ha logrado cobrar la sanción de 43,7 millones impuesta en 2002. Los trabajos de descontaminación fueron muy costosos ya que los lodos tóxicos pudieron ser contenidos a las puertas del parque natural de Doñana gracias al esfuerzo de las administraciones públicas, que gastaron 240 millones, y la colaboración de más de 800 voluntarios.

Las administraciones públicas recurrieron a la vía civil en 2002 después de que en el año 2000 se archivara la causa penal al entender el tribunal que ninguno de los 21 técnicos imputados había incurrido en un delito de imprudencia. Pero la vía civil se demoró más de una década en dirimir qué jurisdicción era la competente. Finalmente, la causa volvió en 2013 de orden del Supremo al mismo Juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla, que en 2002 había decidido inhibirse alegando que correspondía a la vía contencioso administrativa. El juicio en el que se decidirá si la empresa debe abonar o no los gastos de descontaminación que le reclama la Junta de Andalucía se ha fijado para julio de 2023. Los vericuetos de esta causa muestran la dificultad para establecer responsabilidades en un desastre ecológico.

Boliden conocía el mal estado de la presa. La multinacional sueca utilizó la estrategia más habitual para eludir indemnizaciones: en 2001 clausuró la explotación, despidió a los 400 trabajadores y cerró la filial española que gestionaba la mina. La gestión judicial del desastre de Aznalcóllar es un despropósito de lentitud y un ejemplo del uso abusivo de los recursos pensados para dar garantías jurídicas, pero que se convierten en un instrumento de dilación de la justicia. Cuando el juicio se celebre, habrán pasado 25 años desde que la presa se rompió. Sea cual sea el veredicto, el proceso ha sido deplorable.