Ferrovial se va

El grupo español Ferrovial, un potente conglomerado de construcción, ingeniería civil y gran logística, ha decidido trasladar su sede social corporativa a Países Bajos, abandonando así su condición jurídica nacional, que ostentó ininterrumpidamente desde su fundación en 1952. Esta deslocalización —que en palabras de la empresa salvaría sus “raíces”— tiene efectos relevantes de carácter negativo para la economía española y también problemáticos para el marco jurídico comunitario.

El principio europeo de la libertad de establecimiento y la normativa de la UE permiten el traslado de la empresa, pero eso no implica que sea una decisión bien justificada. Los argumentos aducidos ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el “proyecto común de fusión” (inversa) de las dos principales compañías del grupo son confusos, incompletos o inexactos. El propósito de “alinear la estructura corporativa con el perfil internacional” del grupo, que obtiene el 82% de sus ingresos, ostenta el 90% del capital y el 93% de sus inversores en el exterior, resulta más bien vano porque la gran mayoría de grandes multinacionales consigue, por definición, su principal cuota de presencia, facturación y beneficios fuera de su país de origen. Por eso son multinacionales. En España, esa impronta la exhiben el Banco Santander, el BBVA, ACS, Abertis o Inditex, entre muchas otras.

El argumento de que cotizar en Países Bajos “potencia la internacionalización” de Ferrovial carece de fundamento, dado que su actividad y rentabilidad son ya abrumadoramente internacionales. Que Holanda ostente una “calificación crediticia de triple A” es también secundario para una empresa privada, capaz de endeudarse en cualquier mercado, y España exhibe de hecho un riesgo-país muy contenido gracias a la especial protección que le presta el BCE y sus instrumentos de última generación. El “marco jurídico estable” que también argumenta Ferrovial resulta redundante con la posición de España, que también lo exhibe de forma altamente reconocida. En todo caso, no resulta creíble que los ejecutivos de Ferrovial estén presumiendo implícitamente escenarios de inestabilidad como los que vivió Cataluña hace unos años, en pleno procés. Tampoco resulta concluyente la idea de que para cotizar en EE UU, como se propone hacer la empresa, tenga antes que pasar por un periodo transitorio en Ámsterdam. Distintas compañías del Ibex están listadas en la Bolsa de Nueva York, y no en la de la capital financiera holandesa.

El resultado del análisis conduce a conjeturar que el motivo más determinante para esta decisión pueda ser de tipo fiscal. No porque Países Bajos mantenga un impuesto de sociedades nominalmente inferior al español (el tipo es del 25,8% a partir de 200.000 euros de beneficio, frente al 25%), que la empresa ya paga en su mayor parte fuera de España, sino porque está desnaturalizado por desgravaciones exageradas, que la aproximan a la categoría de paraíso fiscal, especialmente en lo tocante a dividendos, y a la posibilidad de triangulaciones con jurisdicciones sin impuestos, los paraísos de la evasión.

Si ese fuese el caso, se confirma de nuevo que el incentivo de una fiscalidad bajista distorsiona la competencia en el mercado interior europeo hasta el punto de provocar deslocalizaciones artificiosas. Esta realidad resulta más preocupante que los argumentos críticos de orden sentimental o reputacional, más allá de su acierto. El traslado de la sede social fuera de España excluiría también la tributación de sus grandes directivos y nada de ello acaba de cuadrar con la trayectoria de una empresa en un país que contribuyó a su engrandecimiento, en particular a través de los ingentes recursos obtenidos en licitaciones de obra pública. Las raíces, sin ramas ni hojas, pierden gran parte de su sentido.