Evitar la ruina del campo

En la memoria profunda de los españoles está anclada la experiencia de sequías prolongadas, incluidos memes chistosos que se remontan al franquismo y a su titular inaugurando pantanos. En democracia la toma de conciencia sobre el problema ha sido creciente, pero hoy vivimos registros inéditos de una situación que empeora a marchas forzadas, con picos que rompen récords históricos y emplazan al país y a múltiples sectores productivos a situaciones inéditas y desesperantes. En el sector agrícola la situación es extrema: en apenas un mes la superficie agraria afectada por la sequía ha pasado de ser un 60% a alcanzar el 80%, sin que las previsiones indiquen que la situación vaya a mejorar. Estamos, según la Aemet, en el año más seco de la serie histórica.

El Consejo de Ministros extraordinario de ayer buscó la reparación de parte de las consecuencias de la sequía con la aprobación de un paquete de medidas de apoyo a los agricultores y de mejora de algunas infraestructuras relacionadas con el agua. La coincidencia del anuncio con el inicio hoy mismo de la campaña electoral para las elecciones del 28 de mayo puede despertar todo tipo de suspicacias, pero las pérdidas del sector agrícola suponen ya 300 millones de euros. Según Agroseguros, es “el mayor siniestro en la historia del seguro agrario” y acentúa la tendencia que se venía viendo años anteriores.

Las medidas del Gobierno dirigidas a los agricultores significan una inyección de 784 millones de euros, que se unen a los aproximadamente 450 millones que ya se habían destinado previamente a paliar los efectos económicos de la sequía. En este caso se plantean ayudas directas, ayudas para contratar seguros agrarios contra la sequía, medidas fiscales y la flexibilización de los mecanismos de la Política Agraria Común. El conjunto de instrumentos construye un escudo social para proteger al sector económico más afectado por la sequía y que a su vez consume en torno al 80% del agua en la península Ibérica. A ello hay que sumar las partidas de más de 1.300 millones de euros en total destinadas a los acuíferos sostenibles y a obras hidráulicas en las zonas más conflictivas.

Más allá de estas respuestas necesarias, es urgente abordar las cuestiones pendientes para adaptar el conjunto de la economía, especialmente el sector agrícola y ganadero, a la disminución de recursos hídricos. La modernización de los regadíos es la gran estrategia para hacer la agricultura más sostenible, sin duda, pero la realidad está mostrando que no es suficiente. España lleva más de dos décadas de políticas de modernización de regadíos, con avances importantes, pero la escala del desafío exige decisiones de mayor alcance. Las cuencas que hoy presentan mayores problemas de sequía cuentan con porcentajes muy importantes de superficie modernizadas, pero con eso no es suficiente. Defender la viabilidad económica de estos sectores y regiones pasa, además de por seguir incorporando tecnologías de vanguardia, por priorizar políticas de adaptación al cambio climático replanteando el número de hectáreas cultivadas, su dedicación y dotaciones, a la par que se trabaja para encontrar modelos alternativos de desarrollo económico.

La velocidad ejecutiva que piden estos cambios y su envergadura necesitan una negociación multinivel libre de visiones de corto plazo, ventajistas o meramente reparadoras. Exige, de hecho, la imbricación profunda de todos los niveles de la Administración y de los sectores económico y científico. El futuro del cambio climático ha llegado y no va a dar tregua.