Ampliación condicionada

Las promesas que distintos líderes europeos lanzan a Kiev sobre la conveniencia de que Ucrania pase de la ya reconocida condición de candidato a iniciar el proceso concreto de la compleja negociación para su integración en la Unión constituyen un gesto político necesario hoy, aunque también resulta incompleto. Estas promesas merecen el apoyo del resto de los Estados porque ofrecen un horizonte de futuro a una población en guerra por defender su territorio. Hoy ese aliento es incuestionable y conecta con la trayectoria de Bruselas, consolidada como polo de referencia mundial gracias a sus sucesivas ampliaciones. Y resulta además coherente con lo que impone el Tratado de la UE cuando reconoce que “cualquier Estado europeo que respete” y “se comprometa” a promover los valores democráticos, liberales y sociales comunes a todos sus miembros “podrá solicitar el ingreso” (artículo 49). Esa condición no ha sido sin embargo suficiente en varios casos. Las promesas parecidas lanzadas a Turquía (ya en 1999) y a varios países balcánicos han dado lugar al actual empantanamiento de las negociaciones, o a una espera muy prolongada.

Las recientes declaraciones del canciller alemán, Olaf Scholz, ante el Parlamento Europeo se insertan en este contexto, pero también miran al futuro. Las instituciones comunitarias y los gobiernos deben, según sus palabras, mantener “una política de admisión honesta”, es decir, coherente tanto en un sentido político como también formal. La evaluación de un país que ha solicitado incorporarse debe tener presente el riesgo de agravar algunos de los problemas actuales de funcionamiento interno que tiene Bruselas por su ya extensa nómina de miembros, y por no haber actualizado sus normas internas. Los desafíos planteados a la UE por los gobiernos iliberales de Hungría y Polonia al atacar el Estado de derecho, al obstaculizar el plan de recuperación Next Generation o al resistirse, por lo que toca a Budapest, a avanzar en el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa ejemplifican disfuncionalidades que paralizan o ralentizan medidas ampliamente compartidas por el resto de los miembros.

Uno de los puntos cruciales está en la eliminación del requisito de unanimidad (y por tanto del derecho individual al veto) en el proceso decisorio de todas las políticas fundamentales de la Unión, incluida la exterior. Empieza a resultar un contrasentido ampliar la UE manteniendo ese instrumento que paraliza la acción política de Bruselas. Es además una reforma que exige el último y olvidado requisito de Copenhague (en 1993) para toda ampliación: preservar “la capacidad de la Unión de absorber nuevos miembros, sin dejar de mantener el impulso de la integración europea”. Esa integración es la que está en juego con ampliaciones que puedan agravar la agilidad de la UE, que no debería comprometer hoy lo que quizá no pueda cumplir mañana.