Perú: equilibrio de poderes bajo ataque

Ya me he referido en este periódico a los procesos en curso de destrucción de la democracia en América Latina. Y, dentro de ellos, a la grave y ascendente crisis democrática en el Perú, que se vienen expresando, entre otras cosas, en hechos como la masiva protesta de este miércoles 19. En una dinámica a ratos caricaturesca -por lo grotesco de decisiones y medidas que sólo agravan la crisis- la jaqueada institucionalidad peruana está sometida a un incesante proceso de demolición sistematica desde dentro (EL PAÍS, 3/03/2023).

Hay, por cierto, precedentes en las últimas décadas de etapas de pérdida de la democracia en el Perú. Destaca el régimen de Alberto Fujimori, quien, desde su autogolpe en 1992, demolió la independencia judicial, la del ministerio público, la del sistema electoral, así como componentes esenciales del estado de derecho, al extremo de contar con un escuadrón de la muerte, el Grupo Colina. Abrió paso, también, a un fenómeno de corrupción sin precedentes en el siglo XX, sostenida en impunidad por un poder judicial intervenido y el silencio cómplice de la entonces Fiscal de la Nación.

El restablecimiento de la democracia a partir de noviembre del 2000, con el Gobierno de Valentín Paniagua, abrió el camino a la recuperación de la independencia judicial y demás instituciones que habían sido intervenidas. Se restableció un sistema electoral independiente y eficiente que aún perdura. Esa evolución, luego de la cual el Perú pasó por un largo período de crecimiento económica, parece estar llegando a su fin.

Hay, sin embargo, diferencias importantes entre la demolición de la democracia en los 90 y el proceso actual. Por un lado, Alberto Fujimori dio un abierto golpe de Estado para controlar todo el poder, mientras que en la actualidad se está ante un proceso gangrenoso, de constante bombardeo desde dentro sin interrupción aparente de la Constitución. Por otro lado, Fujimori tuvo cierta legitimidad social en una etapa inicial. Tanto por el control de la brutal hiperinflación heredada como por su respuesta ante el accionar terrorista de Sendero Luminoso. Ahora la demolición se lleva a cabo con casi inexistente legitimidad social (el Congreso es rechazado por 90% del país, según las últimas encuestas y un ejecutivo que se acerca a esos niveles).

Tienen sin embargo en común ambos procesos políticos algo esencial: corroer la división y equilibrio de poderes -hasta terminar con ellos- y la vocación de aplastar a las instituciones. Por ejemplo, el actual Congreso escogió a integrantes del Tribunal Constitucional (TC) en un proceso oscuro obviando los más elementales estándares de transparencia y participación ciudadana. A cambio, la mayoría de este TC recompuesto modificó jurisprudencia sostenida en el tiempo sobre el control del poder político, pasando a aplicar el insostenible criterio de que la justicia no puede ejercer acciones de control sobre el poder político del Congreso, retrotrayéndonos a épocas previas al Montesquieu del siglo XVIII.

Cero check and balances, pues, y la facultad -y obligación- de cada uno de los poderes del Estado de controlar a las otras ramas evitando, así, que una de ellas se vuelva demasiado poderos. En la mira del poder oscuro prevaleciente está, también, el sistema electoral, cuyos órganos han demostrado independencia y capacidad de conducir procesos electorales efectivos y reconocidos por todos los observadores y países. Dentro de estos órganos, es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, quien recibe más fuego graneado, desde el Congreso y de un vocinglero y violento grupo extremista que ha llegado a generar amenazas de muerte contra Salas Arenas acerca de las cuales no parce haber visos de acción efectiva desde una Fiscalía que parece preferir mirar en otra dirección.

Otro ataque del Congreso contra el equilibrio de poderes: la destitución arbitraria, hace pocas semanas, de una Fiscal Suprema -Zoraida Ávalos-, con cuyas decisiones jurisdiccionales no coinciden. La justificación y el sustento de dicha destitución son constitucionalmente insostenibles. Y siguen otras instituciones en el menú. El Congreso ahora apunta a intervenir las pocas instituciones independientes que quedan, como los órganos electorales y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad constitucional encargada nada menos que de la designación y evaluación de jueces y fiscales.

La respetada entidad de periodismo independiente OjoPúblico ha titulado, con precisión, esta semana: “Investigación contra JNJ escala contra equilibrio de poderes”. La independencia con la que viene actuando la JNJ le está costando ya denuncias políticas de congresistas. Y, aunque parezca increíble, hasta una denuncia presentada nada menos que por la propia Fiscal de la Nación contra la JNJ, cuando es precisamente la Fiscal quien viene siendo objeto de al menos tres investigaciones en la JNJ por asuntos muy serios, delicados y hasta potencialmente delictivos. La mayoría de analistas interpreta que lo que se busca con esta “tenaza” -Congreso + Fiscal de la Nación- es “limpiar” la mesa, a la brevedad, de una JNJ independiente.

El Perú está al borde de una situación límite, pues los estropicios autoritarios sostenidos han intensificado la crisis política y le han sumado una grave crisis social, en desmedro de una institucionalidad que ya estaba seriamente corroída. Esto ya está pasando factura en el clima del país, e incluso en las perspectivas económicas. Las masivas movilizaciones llevadas a cabo en diferentes partes del país este miércoles 19 envían un mensaje adicional ante un sistema democrático al que se erosiona día a día desde dentro.

Por cierto, hay respuestas inmediatas y lógicas a esta crisis. Una muy clara es el adelanto de las elecciones generales. Pero la verdad, al margen de si ello se produce o no, la falta de un diálogo sustantivo, y el casi nulo reconocimiento de quienes ocupan el poder, pone al país en una situación en una preocupante dinámica de ascendente colisión. Acaso la única respuesta inmediata es el impulso al diálogo y la recomposición del Gobierno; sólo eso parecería el camino para darle oxígeno a una sociedad que está siendo asfixiada.