Agilidad con el coche eléctrico

El Parlamento Europeo aprobó en febrero pasado un importante hito en el camino que tiene que llevar a la Unión hacia la descarbonización de su economía cuando marcó 2035 como fecha límite para la venta de turismos y furgonetas de combustión dentro de sus fronteras. La relevancia de ese horizonte meridiano, uno más en la estrategia de transición energética global Fit for 55, se basa en que no solo marca el fin de una época sino que va a servir para fijar objetivos intermedios e inexcusables de adaptación para la industria y la sociedad.

Dos años antes de la aprobación de la norma, el Gobierno señaló su intención de contar en 2023 con un parque de 250.000 vehículos eléctricos. Hoy, esa cifra no solo está superada y debe actualizarse, sino que no aguanta comparaciones con los registros de otros países europeos. Solo en 2022, Alemania matriculó un millón de coches eléctricos puros, la designación que utiliza la industria para referirse a los que únicamente se impulsan gracias a sus baterías y no necesitan de combustibles fósiles. En España fueron aquel mismo año tan solo 36.452.

España es diferente: sufre la inferior capacidad adquisitiva que limita el poder de compra de coches eléctricos, le lastran la falta de infraestructuras de recarga y una mayor querencia por los vehículos híbridos, pese a que también tendrán que ser barridos de las matriculaciones a partir de 2035. Son solo tres ejemplos, pero España, con todo, no ha conseguido todavía el despertar del coche eléctrico en el que están inmersos ya otros países de la UE, aunque reclama a los fabricantes que apuesten por sus fábricas en el país para producirlos, consciente de que no hay más futuro.

El Gobierno está destinando muchos recursos como incentivo. Lo dicen las ayudas para la reconversión de la industria del motor (casi 3.000 millones de euros) y los 1.200 millones de euros de fondos europeos que está dispuesto a incluir en el programa Moves III, que financia tanto la adquisición de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) como de puntos de recarga. Pero también ese sistema de subvenciones se halla en entredicho por su lentitud en el proceso de asignación, cuando dos terceras partes de las ayudas preparadas todavía no han llegado a los compradores de vehículos eléctricos. Ese proceso de concesión no hace más que alimentar el discurso de que el vehículo eléctrico es solo para un segmento de la población por encima de la media, con posibilidades de esperar el cobro de una ayuda que puede alcanzar los 7.000 euros. Para quienes no pueden esperar ese descuento, no hay más alternativa que seguir apostando por el vehículo de gasolina. El proceso acaba discriminando igual que el mercado, para el que, de momento, un coche eléctrico cuesta hasta un 30% más que uno de combustión.