Mirar de frente la crisis climática

Solo en España, tres olas de calor sucesivas han dejado este verano temperaturas por encima de 40° en numerosas localidades, con algunos registros completamente extraordinarios en todo el país. En Valencia los termómetros llegaron a 46,8°, una marca insólita que supera en 3,4 grados el anterior récord. Julio ha sido el mes más cálido jamás registrado en la Tierra, con una temperatura media global 1,5° por encima de los niveles preindustriales, el límite que el Acuerdo de París fija que no se debería sobrepasar a finales de siglo. Casi nueve millones de españoles sufren algún tipo de restricciones de agua tras meses de sequía. Y las afecciones de las lagunas de Doñana o la lenta agonía de los glaciares del Pirineo son otras dos fotografías que definen una situación verdaderamente inquietante. Cada día se acumulan más evidencias de la creciente amenaza que el cambio climático causado por el hombre supone para el bienestar de las generaciones actuales y futuras, sus riesgos y efectos son múltiples y algunos solo comenzamos a atisbarlos. Y esto ocurre mientras en España han entrado a gobernar en comunidades y ayuntamientos fuerzas políticas que niegan esta realidad, infravaloran su importancia o ridiculizan las imprescindibles medidas para combatir sus efectos.

Hay determinados cambios en el clima que están llegando más rápido de lo esperado, con un aumento de temperaturas a un ritmo sin precedentes, explicaba la semana pasada en este periódico Jim Skea, el nuevo presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El sexto informe de evaluación de este grupo de Naciones Unidas, publicado en marzo, advertía de los múltiples efectos que la emergencia medioambiental tiene sobre el conjunto de las sociedades, especialmente las más vulnerables, en un escenario que irá empeorando, con mayor número de impactos combinados al mismo tiempo. La subida de las temperaturas por las emisiones de gases de efecto invernadero introduce infinidad de nuevas variables que se extienden a múltiples aspectos económicos, sociales y políticos. Esta crisis es un complejo fenómeno transversal: algunos de sus impactos requieren solo de pequeños ajustes, pero hay otros cuyos riesgos apuntan directamente a áreas tan relevantes como puedan ser la salud humana o la de los ecosistemas, o afectan a sectores económicos estratégicos, como el turismo, la agricultura, las infraestructuras, el transporte, la seguridad, las finanzas o el patrimonio cultural, en el caso de España.

Las advertencias de los expertos son ya innumerables y lo bastante graves como para actuar contra el calentamiento con mayor velocidad y contundencia. El mensaje que dejó el citado informe del IPCC es claro: estamos a tiempo de detener las peores consecuencias de la crisis, pero hacen falta medidas más ambiciosas que supongan reducciones profundas, rápidas y sostenidas de los gases de efecto invernadero. España se comprometió en la ley de cambio climático a reducir en 2030 las emisiones de dichos gases en al menos un 23% con respecto a 1990 y a alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Debe cumplir con los recortes que le tocan y, a la vez, exigir a los otros países que hagan su parte: la región mediterránea es de las que más tienen que perder con una emergencia que puede elevar la falta de recursos hídricos y aumentar las sequías. Como recuerda el programa de la presidencia española del Consejo de la UE, los Veintisiete deben acelerar la transición ecológica para contribuir de forma efectiva a la lucha contra el cambio climático sin comprometer su prosperidad. De la próxima cumbre del clima, la COP28, que se celebrará en diciembre en Dubái, deberían salir compromisos firmes y reales para el cumplimiento estricto del Acuerdo de París, única forma de aprovechar las oportunidades que quedan y evitar el desastre.

Resulta esencial rebajar de forma drástica las emisiones mundiales, pero, al tiempo, España, tanto el Gobierno como el resto de sus administraciones, tiene que prepararse sin dilación para lo que viene. Y anticiparse a las peores consecuencias requiere analizar antes las amenazas. Un informe elaborado en 2021 por Transición Ecológica identificó hasta 73 riesgos —34 considerados como más urgentes— en 10 ámbitos, de los recursos hídricos al transporte o de la salud al turismo. Todo esto no agota los impactos cuando, por ejemplo, sequías y hambrunas en diversas partes del mundo se traducen en migraciones forzadas por la simple supervivencia que representan enormes desafíos de seguridad, económicos o sociales para las naciones más desarrolladas. Los costes no son exclusivamente económicos —las pérdidas directas en España solo por los eventos extremos ligados a la meteorología y el clima superan los 64.800 millones desde 1980, según estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente—, sino también en vidas: el extremo calor del verano de 2022 en Europa está detrás de 61.672 muertes prematuras en 35 países europeos, 11.324 de ellas en España, según un estudio de Nature Medicine.

Avanzamos hacia un clima que en buena medida desconocemos. Adaptarse a sus nuevos parámetros permitirá amortiguar los peores efectos. Algunos son muy claros, como en la agricultura o en los ecosistemas naturales, pero otros riesgos presentan mayor número de incertidumbres. Lo que está en juego tiene demasiado valor como para no prestarle atención.

Pese a la insólita persistencia de voces negacionistas, desde quienes se empeñan en difundir bulos medioambientales de todo tipo a los ayuntamientos que retrasan la implantación de zonas de bajas emisiones o eliminan carriles bici, abordar toda la panoplia de riesgos de la crisis climática e impulsar la transición ecológica resulta, literalmente, vital. De lo contrario, nos estaremos haciendo trampas y mirando hacia otra parte.