Ejecución rusa en Alicante

El exilio es una de las pocas vías que ofrece el régimen de Putin a los disidentes rusos. Fuera del país, estos disponen de una cierta protección. Para los que Moscú considera traidores a la patria no hay, sin embargo, refugio posible, ni siquiera fuera de Rusia. Lo demostró con los espías Alexander Litvinenko y Serguéi Skripal en el Reino Unido y acaba de hacerlo ahora en España con el desertor Maxim Kuzmínov.

En agosto pasado, Kuzmínov aterrizó en Ucrania y entregó el helicóptero que pilotaba (un Mi-8 de combate) a cambio de 500.000 dólares y protección de Kiev para él y para su familia. Los dos tenientes rusos que le acompañaban en la aeronave murieron en circunstancias por aclarar nada más tomar tierra. Moscú condecoró a ambos fallecidos y prometió liquidar al piloto desertor. Apenas ocho meses después, Kuzmínov ha sido asesinado a tiros en Villajoyosa (Alicante).

Las primeras pesquisas españolas apuntan a una ejecución extrajudicial ordenada por Moscú, algo que corrobora la actitud del Kremlin, que ya en octubre pasado advirtió, a través de supuestos miembros del GRU (servicio militar de inteligencia), que el desertor no viviría lo suficiente para ser juzgado. Moscú, de hecho, ha recibido la noticia con indisimulada satisfacción. Su jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Serguéi Narishkin, ha tratado al piloto asesinado de “traidor criminal” y “cadáver moral”.

La publicidad de estas acciones criminales representa para Putin una baza que juega como arma disuasoria y ejemplarizante. Pero esta es la primera vez, que se sepa, que sus sangrientos métodos se ejecutan en suelo español. El Gobierno ha asegurado que nunca tuvo conocimiento de que el militar ruso se hubiera refugiado en Alicante. En consecuencia, tampoco disponía de la protección que sí tienen los soldados o heridos ucranios que se entrenan o tratan en España. Todo indica, por tanto, que ni el piloto asesinado ni Ucrania informaron convenientemente a Madrid de la situación. España, como ha avisado el Ministerio de Exteriores, debe dar una respuesta contundente a Moscú. Para ello, se necesita una investigación en profundidad sobre el asesinato.

De confirmarse la autoría intelectual del Kremlin, el caso, además de atentar gravemente contra los derechos humanos, es una evidente vulneración de las normas internacionales. El Reino Unido respondió al envenenamiento de Litvinenko en 2006 con una investigación que terminó con la congelación de los activos de los dos sospechosos de haber cometido el crimen.

Esta nueva ejecución rusa en suelo europeo llega en un momento especialmente delicado, en medio de la invasión de Ucrania y con un Putin envalentonado por sus victorias militares y su previsible triunfo electoral tras laminar a la oposición. La Unión Europea debe, por su parte, cerrar filas con España. Las meras protestas oficiales serán insuficientes cuando los Veintisiete constituyen un apoyo fundamental para Kiev en la guerra frente al invasor ruso. La guerra es de por sí la principal amenaza para la seguridad continental, pero estas operaciones encubiertas, contrarias a los valores europeos, agravan aún más esa inseguridad. A ellas, efectivamente, solo se puede reaccionar con contundencia. Es demasiado alto el riesgo de permitir que el presidente ruso considere Europa como un terreno más para sus sangrientas maniobras.