Más viejos, más cansados, más tristes

Imaginen por un momento: el presidente de un país —por ahora dejémoslo así, un país europeo cualquiera—toma la decisión de seleccionar a un grupo de inmigrantes africanos sin la documentación en regla y ordena a la policía que los detenga, que los meta en un avión, que les administre un sedante para evitar incidentes a bordo y que, como todos son negros, los dejen en cualquier país de África, aunque no sea el suyo de origen, total, ¿qué más da?, ¿quién se va a dar cuenta?

Seguro que muchos de ustedes —personas bien informadas, con la buena costumbre de leer las crónicas de Rafa de Miguel desde Londres— habrán pensado en un primer momento que me estaba refiriendo a Rishi Sunak, el primer ministro británico. Y es cierto que Sunak parece decidido a reparar su maltrecha imagen con deportaciones masivas a Ruanda, pero ya hubo otro presidente europeo que lo hizo, y además por la vía de urgencia, sin consultar al Parlamento ni informar a la opinión pública.

A finales de junio de 1996, José María Aznar, quien no llevaba ni dos meses al frente del Gobierno de España, ordenó una operación secreta de expulsión de inmigrantes que solo se conoció cuando algunos de los policías encargados de su custodia denunciaron las condiciones en que se había producido el viaje. La oposición —un desarbolado PSOE que acababa de salir del poder después de casi 14 años de gobiernos de Felipe González— pidió explicaciones, y el entonces titular de Interior, Jaime Mayor Oreja, entonó un tienen ustedes razón, lo hemos hecho fatal, no volverá a suceder. Las buenas palabras del ministro surtieron efecto y el asunto quedó en nada. El Gobierno de Aznar se negó a confesar en qué países habían abandonado a los inmigrantes ni en virtud de qué supuestos acuerdos lograron desembarcarlos. Los agentes de policía solo dijeron que en el avión militar viajaban 103 inmigrantes y que hizo varias escalas en diferentes países de África, pero nunca supieron a ciencia cierta dónde se encontraban.

El caso es que este periódico, que entonces dirigía Jesús Ceberio —el mismo que unos años después recibió la llamada mentirosa de Aznar sobre los atentados del 11-M—, decidió que aquello no se podía quedar así, y me encargó que fuera a buscarlos. Les evitaré batallitas, pero lo que encontré después de casi un mes tras su pista fue lo que seguramente descubrirá cualquier reportero británico que decida viajar a Ruanda en el caso de que, finalmente, Rishi Sunak ejecute su plan. Y no será otra cosa que lo absurdo, además de lo denigrante, de la medida.

Ibrahim Yattara era uno de los 19 migrantes repatriados a la fuerza en el avión militar español, pero en otras dos ocasiones anteriores sus azafatos de vuelo fueron gendarmes franceses. Como tantos otros de los migrantes que encontré durante aquel viaje, primero en Malí y más tarde en Guinea-Bisáu, aquel hombre reconoció que ya había intentado otras veces la aventura europea, y que en ella invertiría el dinero —el equivalente a unos 300 euros en francos franceses— que un empleado del Gobierno español le había dado al bajarse del avión. Dijo que regresaría a Europa porque no se le ocurría otra manera de paliar la situación de pobreza de su familia, y añadió: “Nadie que ha visto el paraíso por un agujerito, se resigna a vivir en el infierno”.

Las redes que estos días tratan de impedir que el primer ministro ejecute la deportación masiva no existían entonces, y por tanto el eco de aquel despropósito de la política migratoria española —uno de tantos, y no solo de los gobiernos del PP— tuvo menos repercusión. De las crónicas de entonces rescato la tristeza de la directora del aeropuerto de Bamako, Fatoumata Samassekou:

—Vienen cada vez más viejos, más cansados, más tristes.