El debate | ¿La política se ha olvidado de los jóvenes?

Vivienda, empleo, dificultades para emanciparse... Los jóvenes españoles afrontan una serie de obstáculos para desarrollar la vida que desean mientras se sienten postergados por unos políticos y unos gobiernos más proclives a los mayores, que votan más en las elecciones.

Tanto José Ignacio Conde-Ruiz como Berna León, que han dedicado libros a este debate, niegan que exista una guerra entre generaciones, pero plantean medidas económicas y sociales para garantizar el futuro de los jóvenes y evitar que opten por recetas populistas.

Invertir en el futuro de la democracia

JOSÉ IGNACIO CONDE-RUIZ

Poco a poco, va calando en la opinión pública la necesidad de mejorar el futuro de nuestros jóvenes. Y no es para menos: entre otras cosas, somos lideres europeos en tasa de paro juvenil, con un 27,7%; en la mayor edad de emancipación, por encima de los 30 años; en una tasa de pobreza infantil que supera el 30% y en tener la menor tasa de fecundidad, con 1,19 hijos por mujer en edad fértil. Sin duda, vamos a necesitar movilizar una gran cantidad de recursos públicos hacia los jóvenes. Y es aquí donde empiezan mis preocupaciones.

Por un lado, el punto de partida no es bueno. España tiene un déficit estructural del 3,6% del PIB y un nivel de deuda pública del 107% del PIB. Es decir, estamos muy endeudados y, aun alcanzando el crecimiento potencial, no estamos siendo capaces de financiar nuestros gastos corrientes.

Por otro lado, tenemos unos compromisos de gasto muy importantes para los próximos años. Primero, nos hemos comprometido a dedicar un 1% del PIB adicional a defensa. Segundo, un aumento del 0,5% del PIB más en intereses de la deuda por la subida de tipos y evolución de la deuda pública. Tercero, un aumento del 4,2% de PIB en el gasto en pensiones según las propias previsiones del Ministerio de Economía reflejadas en el Aging Report y enviadas a Bruselas (del 13,1% del PIB al 17,3% del PIB). Cuarto, un aumento de 1% del PIB en sanidad y un 0,4% del PIB en dependencia por el envejecimiento de la población. Y todo esto, sin tener en cuenta que habrá que aumentar la inversión pública por encima de los niveles actuales si queremos mejorar la productividad y evitar la depreciación de nuestros activos. Es decir, según esta simple aritmética fiscal, en los próximos años tenemos que afrontar compromisos por más de 10 puntos de PIB de gasto adicional.

Seguramente la clase política llenará sus programas con medidas para los jóvenes, pero, siguiendo el famoso dialogo de la película Jerry Maguire y su mítica frase “show me the money”, solo resultará creíble si muestran de dónde van a obtener los recursos para hacerlo. Creo que hay un alto consenso sobre las políticas que pueden ayudar a los jóvenes, y la gran mayoría conlleva un aumento del gasto público. Por ejemplo, para mejorar la empleabilidad y los salarios habrá que converger el gasto en educación y en I+D+i con la media europea, un mínimo del 0,8% del PIB. Para ayudar a la emancipación habrá que aumentar el número de viviendas sociales para el alquiler hasta situarlas en la media europea, un mínimo del 1% del PIB. Para luchar contra la pobreza infantil, no hay inversión más rentable, habrá que converger el gasto público en apoyo a la familia con la media europea, un mínimo del 1,5% del PIB. Y podríamos seguir.

Mientras decidimos cómo somos capaces de movilizar un mínimo de 2,8 puntos de PIB hacia los jóvenes y dada la tozuda aritmética fiscal, una idea sería cambiar la jerarquía en el gasto público: priorizar la movilización de recursos hacia los jóvenes y, una vez se haya comprometido la financiación de estas políticas, proceder a financiar el resto. Aunque estas políticas son las más importantes para el crecimiento futuro, resultan políticamente inviables dado que los jóvenes son el colectivo minoritario en unas elecciones, donde han pasado de representar el 35% en los noventa al 20% de la actualidad. Pero al menos nuestros dirigentes deberían luchar por conseguir que los fondos Next Generation se conviertan en un programa permanente de la UE y que se destine exclusivamente a los jóvenes, haciendo de esta forma honor a su nombre. Y para poner las cosas fáciles, yo definiría las políticas que benefician a los jóvenes como todas aquellas que mejoran la productividad.

Para terminar, me gustaría recordar a aquellos que piensan que no tiene sentido priorizar el gasto publico hacia los jóvenes, que si bien su postura, a la luz de la evidencia, ganará las elecciones, los jóvenes tienen la capacidad de votar con los pies. Muchos ya lo han hecho y, si no mejoramos su situación rápidamente, otros lo harán. Y no les quepa duda que, dado el proceso de envejecimiento que tenemos por delante, los vamos a necesitar a todos.

Es la clase social, no la edad

BERNA LEÓN

La política se ha olvidado de los jóvenes, fundamentalmente por dos motivos: el envejecimiento de la población española y la escasa participación política juvenil. El peso y la intervención electoral de los mayores explica, por tanto, el incentivo que tienen los partidos para protegerlos y desentenderse, en gran medida, del grupo de edad más vulnerable de nuestra sociedad.

Sin embargo, esta realidad no debe llevarnos a plantear una solución que parta de la guerra entre generaciones, como algunas voces llevan tiempo haciendo. En primer lugar, porque “jóvenes” y “mayores” no son grupos homogéneos socioeconómicamente, y en segundo, porque este marco plantea las políticas económicas y sociales como un juego de suma cero, donde para que unos puedan estar mejor otros tienen que perder.

La gran diferencia entre generaciones no es de renta, sino de riqueza. La generación de los boomers tuvo un acceso mucho más fácil a la vivienda y, al ser la suya una desigualdad por riqueza y no tanto por renta, su edad más avanzada explica que hayan podido acumular más patrimonio que las generaciones siguientes (más aún cuando en la sociedad del conocimiento los jóvenes deben retrasar su entrada al mercado laboral para ampliar sus estudios). Pero deducir de esta diferencia de renta una guerra entre generaciones es confundirse con un espejismo estadístico, puesto que pasa por alto la mayor de todas las certezas: que todos, algún día, moriremos. Conforme esa generación de boomers fallezca, sus vástagos heredarán esa riqueza, demostrando que la polarización de la misma no era entre mayores y jóvenes, sino entre quienes disfrutan de un amplio capital (inmobiliario, financiero...) y quienes no. En otras palabras, el marco de la guerra intergeneracional morirá con lo que algunos expertos han denominado la Gran Sucesión, pero hasta ese momento corremos el riesgo de que este marco mueva el foco de lo verdaderamente importante —la concentración de capital— al espejismo —la edad—.

No podemos plantear las políticas como una guerra del último contra el penúltimo. Para que los jóvenes ganen, no tienen que perder todos los mayores, porque el Estado puede recaudar más y de manera más justa. Sabemos que España ha seguido la tendencia de países con desigualdad extrema como EE UU para llegar a una situación en la que, en términos relativos, el 1% más rico de nuestro país pague menos impuestos que el 20% más pobre. Necesitamos una reforma fiscal que restablezca la progresividad del sistema y garantice que España alcance la capacidad recaudatoria de los países de nuestro entorno. Asimismo —y a pesar de no ser el impuesto con mayor capacidad recaudatoria—, el Estado debería subir los tramos más altos del impuesto de sucesiones. Este es, por definición, el más justo de los impuestos, ya que, a diferencia de los impuestos sobre el trabajo, nadie se merece la herencia que recibe, fruto de la lotería social que es nacer en un hogar más rico o más pobre. A través de un sistema fiscal más justo podemos garantizar que para que unos vivan mejor no tengamos que dar la espalda a otros.

Negar una guerra entre generaciones es absolutamente compatible con la necesidad de ensanchar el Estado de bienestar para que también proteja a los más jóvenes, a quienes más ha olvidado en España. Estas medidas tienen que conseguir que la vivienda se convierta en un pilar del Estado de bienestar como ya lo son la educación o la sanidad, así como mejorar las condiciones laborales de los más vulnerables. A más largo plazo, cabe proponer medidas que al mismo tiempo apoyen a los jóvenes en su momento más delicado a la vez que eviten la concentración de la riqueza, como la propuesta de una herencia universal. Pero si no logramos que los jóvenes se sientan protegidos por nuestro Estado de bienestar, no nos deberá sorprender si a la larga le dan la espalda por ofertas políticas mucho más individualistas.