Negociación en Venezuela: ¿transición o fraude?

La cancha para una eventual negociación en Venezuela tiene dos arcos extremos. La insistencia en el fraude, por parte del mandatario Nicolás Maduro y el reconocimiento de que se debe iniciar una transición.

Maduro publicó las actas del Acuerdo de Doha que su gobierno y el de Estados Unidos suscribieron el 28 de septiembre de 2023, a la vez que el secretario de Estado Anthony Blinken ha dado por válidos los datos de la oposición y llama a que los partidos políticos venezolanos “comiencen a dialogar sobre una transición respetuosa y pacífica de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano”.

El memorando, de tres páginas, publicado por Maduro en su cuenta de la red social X tiene tres etapas. Incluye un esbozo de la ruta electoral -que se ampliaría en el acuerdo de Barbados-; la flexibilización específica de sanciones sectoriales sobre la industria petrolera; otorgamiento de licencias a las empresas Eni, Repsol y Maurel and Prom, así como a Trinidad y Tobago. De igual manera, se pactó autorizar transacciones financieras asociadas con el Banco de Venezuela. EL PAÍS confirmó con una fuente directa del gobierno de EE UU que lo publicado por Maduro se corresponde con el citado acuerdo.

En el aspecto netamente político el convenio de Doha contemplaba garantías para la celebración de las elecciones en 2024. Se incluyó explícitamente la liberación de 25 presos políticos y la invitación de los observadores internacionales de la Unión Europea, Centro Carter y el panel de expertos de la ONU.

Maduro ha dicho estar ansioso por retomar la negociación sobre la base de lo acordado en Qatar, producto del diálogo bilateral entre Washington y Caracas.

El acuerdo de Doha estableció que una vez que asumiera el nuevo presidente, “debidamente electo” Estados Unidos desbloquearía los activos del gobierno venezolano. Habría sido un buen acuerdo, pero el mandatario y la cúpula no contaban con la masiva votación a favor de un candidato opositor, a quien Estados Unidos ahora reconoce como ganador.

¿Cómo convencer a Maduro y su entorno de que el juego ha cambiado y es hora de dejar el poder?

Para Jennifer McCoy, ex directora del Centro Carter para las Américas, el gobierno de Maduro, a diferencia de otros autoritarios, tiene una particularidad, que añade una capa más a la ya compleja situación: su relación con grupos criminales, que ella compara con lo que fue el gobierno del general Noriega, en Panamá.

“Habría sido preferible una negociación antes de la elección, pero aún hay tiempo, especialmente, para llegar a un acuerdo que permitan darle transparencia a los resultados. El problema es que esto es solo para ganar tiempo, porque la verdadera negociación es qué garantías ofrecer a Maduro y su grupo para que acepte dejar el poder”.

A su juicio, levantar las solicitudes de recompensa contra el mandatario y su entorno, puede ser difícil, pero no imposible. Luego está la investigación en la Corte Penal Internacional, pero sobre eso también podría haber una salida, como la hubo en Colombia.

Lo que no ve con claridad es qué hacer con los grupos criminales que dependen del gobierno para sus negocios.

Mientras hay mucho movimiento tras bastidores, por intentos de Brasil, Colombia y México de lograr una salida salomónica, la sola posibilidad de que haya alguna negociación aparece como una esperanza de que no se concrete el expolio y la elección del 28 de julio por parte de Maduro y los demás órganos del poder público.

La sesión especial de la Organización de Estados Americanos, que el miércoles concluyó sin acuerdo, fue una especie de tanteo para medir posiciones e identificar posibles intermediarios.

Para Laura Dib, directora del programa de Venezuela, en WOLA, la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington, no es momento para la política performativa o de espectáculo. “Las declaraciones de Brasil y Colombia, y de manera más ambigua, del lado de México, dan cuenta de un llamado transversal de todos los gobiernos, sin importar su ubicación ideológica. El llamado es el mismo. A la transparencia y a la publicación de las actas que sean auditables”.

El problema ha pasado la fase de resultados porque el CNE no ha cumplido los extremos respecto a sus obligaciones de transparencia; no entra en el campo jurídico debido a que el TSJ no es independiente. Todo está en la esfera netamente política. El terreno allí es pantanoso

Las partes lucen dispuestas a endurecerse. Machado convocó a una manifestación pública para el sábado, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia, por petición de Maduro, dio entrada a una solicitud de amparo del mandatario que acudió a un poder que no es independiente, para intervenir el acto electoral y amenazó con más represión. El Consejo Nacional Electoral no ha entregado los resultados por mesas y centros de votación y suspendió todas las actividades para auditar los votos.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado lo ha dejado claro: “No nos busquen para negociar resultados. La soberanía popular no se negocia, lo que estamos dispuestos a negociar es una transición en paz (…) que el Consejo Nacional Electoral (CNE) muestre las actas de una vez por todas” dijo el martes 31, en una asamblea masiva de ciudadanos.