Paridad y déficit democrático en la UE

Cuando el pasado 18 de julio fue reelegida presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen declaró a la prensa que constituiría una Comisión con los mejores y que sería un Gobierno paritario. Tal y como hizo hace cinco años, pidió a los Estados miembros que le enviasen dos nombres, el de un hombre y el de una mujer, para tener margen en la composición del Colegio de Comisarios. Si bien la anterior composición de la Comisión no llegó a ser paritaria, estuvo muy cerca y siempre se mantuvo por encima del 40% de representación del sexo menos representado, en este caso, las mujeres. En esta ocasión, el plazo que la presidenta dio a los gobiernos expira este viernes, y la mayor parte de los Estados han propuesto a un hombre como único candidato. Con los nombres que hay sobre la mesa, es imposible que se cumpla la promesa de paridad.

Si Ursula von der Leyen no hace nada para remediarlo y tampoco interviene el Parlamento Europeo, que debe aprobar la composición final de la Comisión, regresaremos a la foto, que creíamos superada, de un Ejecutivo compuesto casi enteramente por señores con traje y corbata. El “Gobierno de los mejores” volverá a no reflejar la composición de la sociedad ni lo que señalan las estadísticas sobre educación superior en la Unión Europea, donde hay más mujeres que hombres culminando sus estudios. Y lo hará en el peor de los momentos posibles, cuando la democracia está en riesgo en todo el mundo, incluida Europa, y todas las fuerzas antidemocráticas coinciden en ser abierta y orgullosamente contrarias a los principios y políticas de igualdad.

Eso no es nuevo. Desde el siglo XIX, los movimientos contrarrevolucionarios han abogado por un modelo de familia y sociedad basado en la autoridad del hombre, la complementariedad de los sexos y la división sexual del trabajo, el control de la natalidad y del cuerpo de las mujeres al servicio de la patria. Lo que es una novedad es que la reacción al avance del feminismo y la institucionalización de las políticas de igualdad ha sido coordinada y estratégica. Los movimientos antidemocráticos que protagonizan el actual momento populista llevan confluyendo de manera formal y explícita al menos desde 2013, demonizando lo que ellos han denominado “ideología de género”, ocupando espacios y creando marcos de pensamiento para combatir las políticas de igualdad y restaurar lo que consideran el orden natural, un orden que, por supuesto, nunca ha existido.

Las razones por las que los gobiernos europeos han optado por elegir mayoritariamente a hombres como candidatos al Colegio de Comisarios son variadas y no sólo están relacionadas con una falta de compromiso con la igualdad. Ahora bien, su decisión tendrá como consecuencia un profundo retroceso democrático. Un Gobierno de un Estado miembro puede estar formalmente de acuerdo con los avances en igualdad de género; puede incluso haber votado en el Consejo a favor de poner en marcha medidas para conseguirlos, y puede igualmente proponer a un hombre para el cargo de comisario porque su elección responda más a la necesidad de salvaguardar los equilibrios y dinámicas de poder internas o con la propia Comisión, que a la idoneidad y los requerimientos democráticos del gobierno común.

Los Estados miembros justifican su elección señalando que los tratados sólo les obligan a dar un nombre, pero saben que, cuando se desea alcanzar un objetivo político, se debe hacer uso de todos los recursos. El artículo 17.5 del Tratado de la Unión Europea dice que la Comisión debe estar conformada por un número de miembros correspondiente a dos terceras partes de los Estados que forman la Unión. Sin embargo, también permite que el Consejo decida unánimemente cambiar dicha cifra, como de hecho hizo al adoptar la decisión 2013/272/EU, que establece que el número de miembros de la Comisión sea igual al de los Estados miembros de forma que cada uno pueda nominar a un representante en el Gobierno. Un claro ejemplo de cómo, cuando se aspira a formar un Gobierno más representativo —en este caso, uno que refleje la diversidad nacional de la UE—, existen fórmulas para lograrlo.

Parece, no obstante, que la representación paritaria en la Comisión, incluida en su Estrategia de Igualdad 2020-2025, no merece la misma consideración, a pesar de que estaríamos frente a un Ejecutivo que incumple sus propios objetivos y los que exige a terceros a través de su acción exterior, o a su ciudadanía a la hora de asignarles fondos. Un Gobierno que no sería representativo tampoco de los valores que la sociedad europea representa y que, lejos de acabar con el déficit democrático que la falta de paridad implica, lo estaría perpetuando en un periodo especialmente delicado de nuestra historia.

La legitimidad de la paridad en el ámbito de la representación política está relacionada con una interpretación de la ciudadanía, la democracia y la soberanía popular que busca cerrar la brecha democrática abierta durante la construcción del Estado moderno, basado en un contrato social y sexual que asignaba la categoría de ciudadano y el poder de representación, considerado sin embargo universal, sólo al hombre. Defender la paridad no significa sostener que las mujeres somos una categoría social que sólo puede ser representada por mujeres; de ser así, no estaríamos en distintos grupos políticos. Lo que hace es cuestionar la masculinidad como sinónimo de neutralidad. En este sentido, representaría el verdadero universalismo.

Llama la atención que aquello que los antidemócratas ven con claridad —que avanzar en igualdad es avanzar en democracia—, no lo vean los demócratas. La solución probablemente pase por desarrollar una directiva europea de paridad que fije objetivos y protocolos claros.