Lecciones del ‘caso Errejón’

Las comparecencias públicas de Mónica García, Rita Maestre y Manuela Bergerot—responsables de Más Madrid— y de Yolanda Díaz —líder de Sumar hasta junio pasado— trataron, por fin, de poner a sus máximas referentes al frente de la reacción ante el daño profundo que ha provocado en ambas formaciones y en toda la izquierda la dimisión de su exportavoz en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, acusado de violencia machista.

No tenían más remedio que reconocer que han reaccionado tarde y pedir disculpas por ello. Lo hicieron ayer con rotundidad, pero haber minimizado las primeras señales de alerta —al menos las conocidas hasta el momento— es algo que perseguirá a ambas formaciones durante mucho tiempo.

Es cierto que las diversas denuncias anónimas contra Errejón difundidas el martes pasado le empujaron en menos de 48 horas a renunciar a todos los cargos una vez él las reconoció como ciertas. Una celeridad poco habitual en el ecosistema político español. Pero a la vista de lo que se va conociendo, parece evidente que tanto Más Madrid como Sumar minusvaloraron la denuncia privada de la que tuvieron noticia en junio de 2023, en plena precampaña electoral. La coalición remite a la “investigación” abierta y cerrada por Más Madrid, pero la formación madrileña describe esa supuesta investigación como una gestión del caso a cargo exclusivamente de Loreto Arenillas, exjefa de gabinete de Errejón y hoy diputada en la Asamblea regional, que contradice tal versión. A falta de que se aclaren estas contradicciones, lo cierto es que la contundencia con la que sus dos organizaciones interrogaron a Errejón la semana pasada brilló por su ausencia ante aquella primera señal de incoherencia entre el discurso público y la actuación privada en un asunto tan central para este espacio político.

El ajuste de cuentas que empezó a intuirse ayer entre las distintas formaciones de la izquierda a cuenta de aquel episodio abunda en la batalla cainita en la que llevan demasiado tiempo enfrascados y que ha tenido ya reflejo directo en las urnas. El hecho de que la izquierda surgida del 15-M hiciera del feminismo uno de los ejes centrales de su programa ha funcionado a la vez como reflejo de una sociedad renovada y como estímulo para estrechar el umbral de tolerancia ante los comportamientos machistas. Y ahora da la medida de la crisis en la que se halla inmersa.

Yolanda Díaz insistió ayer en la importancia de que las víctimas denuncien. Aunque no pueda exigirse a una víctima de esta clase de violencia, la existencia de una denuncia formal es, sin duda, el cauce que ofrece garantías para que se acabe haciendo justicia en un Estado de derecho. Es además la única manera de delimitar el delito de otros comportamientos que no lo son, por más que merezcan un repudio social o personal. En todos los casos y sobre todo en el de aquellas mujeres que sufren agresiones a manos de hombres que no son famosos y que, por tanto, no disponen de los focos que tiene este.

Pero la pregunta que deben hacerse quienes tienen responsabilidades institucionales es por qué después de años de políticas feministas, de inversión en espacios seguros y puntos violetas y de formación policial y judicial con perspectiva de género, las mujeres siguen sintiéndose inseguras ante los cauces institucionales y prefieren denunciar de forma anónima y por vías informales como las redes sociales. Ahí es donde la política debe rendir cuentas y sacar conclusiones para construir a partir de la devastación.