Lecciones de la dana

La gota fría más mortífera de este siglo en España irá disipándose poco a poco, pero lo que ha dejado a su paso, la tragedia en vidas, en bienes e incluso en la mente de los ciudadanos, perdurará por muchos años. Los desgarradores testimonios de los vecinos de los pueblos afectados, las fotografías y las imágenes de televisión han dejado al país entero sobrecogido y en trance de asimilar todavía que en España se haya podido producir una catástrofe de esta magnitud, con más de 200 muertos y decenas de desaparecidos. Cinco días después aún no sabemos la dimensión exacta de la tragedia en vidas humanas. La cifra de desaparecidos sigue siendo una incógnita no despejada aún por la Generalitat valenciana.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer la mayor movilización de la historia de las fuerzas armadas españolas y de seguridad del Estado en tiempos de paz. 7.000 efectivos del Ejército, más 10.000 policías y guardias civiles se han puesto a disposición de las autoridades de la Comunidad para acelerar las labores de rescate y de limpieza. Sánchez instó además, a que el presidente valenciano, Carlos Mazón —que, como máxima autoridad del Estado en la comunidad, tiene la competencia exclusiva en la gestión de la tragedia, igual que la tenía en la gestión de la alerta—, pida a la Administración central todo lo que necesite. Mazón comparecía horas después sin renunciar al mando de la gestión de la crisis pero, cinco días después, aceptaba gestionarla con la intervención de hasta siete ministros. El jueves había solicitado 500 militares de refuerzo sobre los que ya había y ayer pidió 5.000. El Ejecutivo respondió en positivo a esas peticiones. La tarea que queda es ingente y solo la suma coordinada de los efectivos de todas las Administraciones puede hacerle frente.

Sánchez insistió ayer en que ahora hay que enfrentar la urgencia del momento y volvió a emplazar para después el análisis de los “graves errores” cometidos, sin señalar culpables. Será, efectivamente, imperativo analizarlo porque lo ocurrido esta semana en España es tan serio que incluirlo como una pieza más de la confrontación partidista —como hizo el jueves el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, señalando sin pruebas a la Agencia Estatal de Meteorología— es, además de un desaire a las víctimas y a todos los españoles, un peligro para extraer las lecciones que debemos sacar de esta hecatombe. Una actitud que, además, da pábulo a los extremistas reaccionarios que aprovechan la catástrofe para hacer populismo y atacar, no ya al Gobierno sino al Estado democrático y a los científicos, que son los primeros aliados de toda la sociedad para anticipar y enfrentar los fenómenos meteorológicos extremos e intentar que sus efectos sean lo menos devastadores posibles.

La Agencia Estatal de Meteorología obró de forma profesional y avisó públicamente, y horas antes de que ocurriese, de que el fenómeno meteorológico que se avecinaba podría tener efectos muy graves. En situaciones de alerta roja como las de esta semana, la propia escala de la Aemet urge a actuar y remite a la ciudadanía a las autoridades competentes para recibir instrucciones claras sobre qué hacer, independientemente de que después el fenómeno sea más leve o monstruoso como en esta ocasión. Habrá que analizar pormenorizadamente, para evitar errores futuros, por qué la alerta a toda la población de la provincia de Valencia por parte de la Generalitat llegó tan tarde.

Los poderes públicos, especialmente los que tienen responsabilidades de protección civil, deben asumir la disrupción social derivada de una prevención contundente ante las alertas de los expertos científicos, sean meteorológicas o de salud pública. Es una lección que también se aprendió en la pandemia de covid: el derecho a la vida y a la integridad física no es por casualidad el primero en nuestro ordenamiento constitucional. Las personas han de ser la prioridad. También para las empresas privadas y para los propios ciudadanos, que han de ser conscientes de que los fenómenos meteorológicos extremos están siendo más intensos y frecuentes debido al cambio climático.

Los efectos económicos de la dana son ya gigantescos. No solo porque las aseguradoras consideren que este va a ser el desastre natural más costoso de la historia de España, sino también porque aún hay localidades sin acceso por carretera, la tercera área metropolitana del país está sin red de metro y varias líneas férreas han resultado dañadas, algunas gravemente. También la red de carreteras necesita reparaciones urgentes. Todo esto es un perjuicio: tanto ahora para las labores de asistencia como para la recuperación económica en un futuro.

Preparar las infraestructuras para el cambio climático será también una prioridad que el desastre ha hecho más evidente. Puentes, pasos inferiores, carreteras, autopistas y líneas férreas deben ser revisados para comprobar su capacidad de resistencia a una clase superior de desastres naturales. También las viviendas construidas en zonas de avenidas de agua frecuentes, que en algunas áreas son la residencia de cientos de miles de personas. No debería autorizarse ni una más mientras se estudia cómo afrontar el futuro de las que ya existe. Todo ello exigirá una labor colectiva a todos los niveles, millones de euros de inversión y, sobre todo, unidad para un esfuerzo de país que requiere de la colaboración de todos. Frente a la naturaleza desatada, prevención, prevención y prevención. No se acabará con los fenómenos extremos, pero se conseguirá reducir sus consecuencias.