El fiscal se defiende

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declaró este miércoles en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Es la primera vez en democracia que un fiscal general es citado como imputado por un delito que en este caso conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel. En teoría, esta circunstancia debería haber provocado la dimisión de García Ortiz, principal representante de un órgano de relevancia constitucional. Pero el conocimiento exacto de los hechos que investiga el Supremo desaconseja tal solución porque supondría ceder frente a quienes, desde una posición de poder institucional, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mintieron para defender a un defraudador confeso, Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado del Supremo Ángel Hurtado investiga si el fiscal general difundió información supuestamente confidencial en la que se acreditaba que González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales y proponía un pacto a la Fiscalía para reducir su pena. La estrategia del Gobierno de Ayuso necesitó la colaboración de medios de comunicación afines, que publicaron la mentira maquillada con un documento apoyado en una interpretación torticera.

Según la versión falsa que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, envió a varios medios, la Fiscalía había ofrecido al defraudador confeso un acuerdo a cambio de admitir sus delitos. Era justo al revés. Pero el bulo desencadenó la reacción del fiscal general, que ordenó responder a tales mentiras con una nota que recogía los hitos principales del procedimiento. Entre ellos figuraba una frase del correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid —”ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”— en el que proponía un acuerdo de conformidad.

El juez Hurtado no ha considerado relevantes las maniobras del Gobierno de Ayuso, origen de la respuesta del fiscal general. Tampoco ha valorado de momento pruebas que señalan que el correo supuestamente filtrado por Álvaro García Ortiz ya lo habían difundido antes otros, entre ellos el entorno del defraudador. García Ortiz negó en su declaración del miércoles haber filtrado u ordenado filtrar tal correo. Además, rehúso responder a las preguntas del juez y solo lo hizo a las de su defensa, ya que considera que la instrucción es nula por invadir derechos fundamentales.

Hurtado ordenó como primera medida de su investigación, y sin apenas motivación, un registro en el despacho del fiscal general del Estado que se prolongó durante más de 10 horas. También pidió a la Guardia Civil que clonase ocho meses de información —después limitó el análisis a ocho días— almacenada en los dispositivos de García Ortiz. Asimismo, ha rechazado recabar nuevas pruebas pedidas por la Abogacía del Estado. Estos detalles de la instrucción han ocasionado ya varios recursos ante la Sala de Apelaciones del Supremo por vulneración de derechos.

El juez tampoco se ha pronunciado sobre el alcance de las declaraciones del fiscal encargado del caso de González Amador, Julián Salto, ni de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, que coincidieron en señalar que el correo supuestamente filtrado “no es secreto”, pues “no pertenece a las diligencias de investigación”. Sin secreto no habría caso. Es necesario que la Sala de Apelaciones resuelva cuanto antes los recursos. La confianza en las instituciones, tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Tribunal Supremo, obliga a aclarar urgentemente todos los detalles de una investigación sin precedentes.