“Cada vez más políticos tratan como ‘ecoterroristas’ a los defensores del medio ambiente que recurren a la desobediencia civil”

Desde que el pasado junio Michel Forst recibió el encargo de convertirse en el primer relator especial de Naciones Unidas para los defensores del medio ambiente, no ha dejado de buscar respaldo de los políticos y de la sociedad civil para garantizar la seguridad de “los activistas más amenazados del mundo”. Este abogado francés, que la semana pasada se reunió en Madrid con dirigentes políticos y ecologistas, sabe bien los riesgos a los que se enfrentan. Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos entre 2014 y 2020, recuerda cómo tras un encuentro en Colombia en 2018 con personas implicadas en la defensa de la naturaleza, cinco de ellas fueron asesinadas. “Ocurrió al final de mi visita, no porque se hubieran reunido conmigo, sino simplemente por su dedicación”.

Por ello, según cree, era necesario la existencia de una figura específica centrada en la protección de estos activistas, que reciben “los ataques más violentos”, especialmente en América Latina, pero también en Filipinas y en África. “En Europa están aumentando las agresiones”, alerta. El cargo, creado hace un año bajo el paraguas del Convenio de Aarhus, un tratado internacional ratificado por 46 países —principalmente europeos— sobre la participación ciudadana en relación con el medio ambiente, le proporciona herramientas legalmente vinculantes para obligar a los Estados a actuar.

Pregunta. ¿Cómo puede proteger desde su cargo a los defensores del medio ambiente?

Respuesta. A través de un mecanismo de respuesta rápida, que se activa cuando la ONU es informada de que en un lugar alguien está siendo atacado por defender el medio ambiente. Y aunque opera solo en los países firmantes del Convenio de Aarhus, es importante saber que tiene un ámbito de aplicación más amplio. Esto significa que cuando una empresa con sede en un país firmante trabaja en un tercero que no lo es, los defensores de ese Estado también pueden acudir a mí en busca de protección. Le pongo un ejemplo: sería el caso de una empresa española con sede en Madrid que operara en Colombia, Perú o en otros lugares de Latinoamérica, deforestando o amenazando a los defensores del medio ambiente.

P. ¿Cómo pueden acudir a usted?

R. A través de un formulario en el sitio web de Naciones Unidas. Mi equipo investiga la situación y hace una doble comprobación para asegurarse de que no estamos siendo mal informados o manipulados. Cuando comprobamos la información, mandamos lo que llamamos “carta de indicios” al Gobierno afectado, en la que le solicitamos información. La llamamos así porque en una primera instancia no queremos acusar a nadie. Esa carta no se hará pública durante 60 días, el periodo de tiempo que el Estado tiene para responder. También podemos enviar cartas a las empresas, dependiendo del caso. Después de 60 días, mi carta y la del Estado o la de la empresa serán públicas en la página web de la ONU, lo que tiene un gran impacto, especialmente para las compañías.

P. ¿Contra su imagen pública?

R. Exactamente. La publicación tiene enormes implicaciones porque a las empresas no les gusta ver sus nombres publicados. Por ejemplo, un banco de inversión puede decidir retirar la financiación de un determinado proyecto si está relacionado con un caso de agresiones medioambientales.

Hay cada vez una mayor presión para que los Estados endurezcan las leyes contra la desobediencia civil de los ecologistas

P. ¿Qué ocurre si alguien no puede esperar 60 días porque se encuentra ante un riesgo inminente?

R. Si somos informados de que alguien se encuentra en una situación muy peligrosa, contactaría con los gobiernos para que se adoptaran, por precaución, medidas inmediatas de protección, sin hacer la doble comprobación. Es importante tener en cuenta que el Convenio de Aarhus es un instrumento jurídicamente vinculante, a diferencia de los mandatos de otros relatores, que se basan en resoluciones de la ONU no vinculantes. Los Estados tienen la obligación de cumplir y respetar todas las disposiciones del convenio, lo que me faculta para hacer muchas cosas.

P. ¿Cuántos casos ha revisado desde el inicio de su mandato?

R. Estamos recibiendo quejas procedentes sobre todo de Europa, aunque también empezamos a recibir quejas de América Latina, porque hay muchas empresas europeas que operan allí. Hasta ahora hemos enviado un par de cartas a varios países de la Unión Europea y estamos esperando las respuestas para publicarlas en nuestro sitio web.

P. ¿De dónde?

R. No puedo dar nombres de países porque hemos recibido quejas de casi todos.

P. ¿Qué quejas recibe en Europa?

R. Hay dos puntos que me preocupan en todos los países de la UE, incluida España. El primero es la situación de los activistas climáticos que utilizan la desobediencia civil para sus reclamaciones, como los que bloquearon el acceso al aeropuerto de Ginebra [el pasado 23 de mayo] o los que lanzan pintura contra obras de arte. Me preocupa que muchos de ellos son llevados a los tribunales y condenados a penas de prisión, como en el Reino Unido, o a multas muy cuantiosas de miles de euros. El juez no entiende por qué han decidido violar la ley y creo que necesitan ser tratados de manera diferente que otros criminales. El segundo punto es que veo que cada vez más políticos, como en Francia o en Austria, tratan como ecoterroristas a los defensores del medio ambiente que recurren a la desobediencia civil. Me parece una vergüenza comparar a las personas víctimas del terrorismo real con quienes usan métodos no violentos para sensibilizar sobre la necesidad de defender el medio ambiente.

P. ¿Considera entonces útil este tipo de desobediencia civil?

R. Los jueces de Europa no entienden a veces que los Estados tienen que cumplir con el derecho internacional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la desobediencia civil como una forma legítima de acción. En la ONU hemos fijado muy bien los criterios para definir qué es la desobediencia civil: ha de ser pública, las personas que la practican tienen que entender que pueden ser llevadas a los tribunales, no debe de ser violenta y debe intentar cambiar una situación legal que se considera injusta. Hay muchos ejemplos de desobediencia civil en el pasado que han provocado cambios en la legislación, como cuando la activista afroamericana de Estados Unidos Rosa Parks se sentó en un autobús en un asiento reservado para blancos, una acción por la que fue detenida.

P. ¿Cree que hay un intento por impulsar discursos que desacrediten a los defensores del medio ambiente?

R. Sí, lo veo cada vez más en muchos países de Europa. En Francia, Alemania, Austria, Irlanda o Reino Unido hay cada vez una mayor presión para que los Estados endurezcan las leyes contra la desobediencia civil de los ecologistas.

P. La ONG Global Witness calcula que cerca de 2.000 defensores del medio ambiente han sido asesinados en la última década. ¿La cifra se queda corta?

Es muy peligroso ser activista medioambiental en Latinoamérica: si alguien te quiere matar, paga 50 dólares a un sicario

R. Es solo la punta del iceberg, porque los Estados no son capaces de investigar en todos los países. En América Latina, en algunos lugares de África y en Filipinas los defensores del medio ambiente son directamente asesinados. Cada dos días se denuncia el asesinato de un activista climático. También hay personas que son secuestradas y desaparecen para siempre. Me reuní con un gran número de familias de desaparecidos en Colombia en 2018 y me explicaron que sus hijos estaban luchando por un pedazo de tierra, por un río o por un lago, y un día desaparecieron.

P. ¿Quiénes son los responsables?

R. Son los actores más peligrosos, no los Estados. A veces hay una colusión entre un interés público e intereses privados que tienen vínculos con la corrupción, la mafia o el narcotráfico.

P. ¿Y cómo es posible protegerlos?

R. Tanto los países latinoamericanos como la Unión Europea han destinado mucho dinero para protegerlos. En México, Brasil, Honduras y Colombia los gobiernos han establecido mecanismos de protección y usan vehículos blindados, chalecos antibalas, botones antipánico o guardaespaldas. El problema es que estas medidas pueden retrasar los asesinatos, pero siempre hay un lugar en el que no vas a estar protegido. Vas de casa al coche con protección, pero finalmente recibes una bala en la cabeza. Es muy peligroso ser activista medioambiental en Latinoamérica: si alguien te quiere matar, paga 50 dólares a un sicario.

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