El “efecto dominó” de África: cuantos más países abolen la pena de muerte, más se suman

El pasado 25 de julio Ghana se convirtió en el último país africano en abolir la pena de muerte por delitos comunes, entre los que se incluyen asesinato, genocidio, piratería, contrabando e intento de asesinato en prisión. Es el 29º Estado africano y el 124º del mundo en eliminar esta condena y se sumó así a una tendencia en auge en el continente. Ghana no ha ejecutado a ningún reo desde 1993, lo que lo convierte en un país abolicionista de facto. En este momento y según la ley, la pena de muerte aún podría dictarse por delitos de alta traición, algo que preocupa a grupos de activistas.

Once de los 18 países del mundo que han abolido la pena de muerte en los últimos diez años son africanos. En este momento y según la ONU, de los 54 países que conforman el continente, 29 son abolicionistas (sus leyes no contemplan la pena capital para ningún delito). “África está siguiendo el camino hacia la protección de los derechos humanos”, explica a este diario Beatriz Martos, responsable de la campaña contra la pena de muerte de Amnistía Internacional España.

La organización The Death Penalty Project, una entidad considerada un referente en la lucha contra la pena de muerte, calcula, basándose en datos de la ONU y de la ONG Amnistía Internacional, que 18 Estados africanos son abolicionistas de facto (la mantienen para delitos comunes, pero no han ejecutado a nadie durante los últimos 10 años o más) y siete son retencionistas (mantienen la pena de muerte para delitos comunes). Los países africanos donde todavía se aplica son Botsuana, Libia, Nigeria, Sudán, Egipto, Somalia y Sudán del Sur, y solo los tres últimos ejecutaron a presos en 2022: 24 en Egipto, seis en Somalia y cinco en Sudán, según el informe anual de Amnistía Internacional. El país africano que acumula el mayor número de reos ejecutados en los últimos cinco años es, con diferencia, Egipto, con al menos 289.

Los corredores de la muerte están llenos de gente pobre, vulnerable y marginalizada, frecuentemente incluso sin representación legal

Saul Lehrfreund, director ejecutivo de The Death Penalty Project

El hombre clave

Varios factores influyen en esta tendencia en auge en África, según Saul Lehrfreund, cofundador y uno de los directores ejecutivos de The Death Penalty Project y una de las principales autoridades en materia de pena capital. El experto, también doctor honoris causa de la universidad británica de Reading, explica que los patrones comunes que están siguiendo los países africanos están relacionados con el deseo de romper con las leyes penales impuestas durante la era colonial, con el aumento de las obligaciones tras ratificar los tratados internacionales de derechos humanos y con la comprensión de que los sistemas judiciales no son perfectos: “Los corredores de la muerte están llenos de gente pobre, vulnerable y marginalizada, frecuentemente incluso sin representación legal”, asegura. “En África se ha producido un efecto dominó: cuantos más países la abolen, más se suman. Hoy en día, si quieres ser considerado un país que respeta y se toma en serio los derechos humanos, debes suprimir la pena de muerte”, agrega el responsable de The Death Penalty Project, que, junto a otros organismos de la sociedad civil y Amnistía Internacional, ha jugado un papel fundamental en la decisión de Ghana.

Pero según Lehrfreund, la abolición de la pena capital siempre se ve impulsada por “actores nacionales” y en el caso de Ghana el protagonista ha sido Francis Xavier Kojo Sosu, un parlamentario que ha presentado el proyecto de enmienda de la ley que ha llevado a la eliminación de esta condena.

En declaraciones a EL PAÍS, Sosu, que es además abogado de derechos humanos, hace referencia a los delitos de alta traición como el principal escollo que impide que Ghana sea considerado actualmente un país completamente abolicionista: “No debemos ser complacientes y tenemos que seguir superando los límites. La traición es un supuesto arraigado que requiere un referéndum para modificarse. Dado que el cambio es un proceso gradual que se consigue con esfuerzos constantes y dedicados, seguiré abogando por la revisión de esta disposición en la Constitución”, explica.

En este momento, 170 hombres y seis mujeres están en el corredor de la muerte en Ghana y sus condenas serán conmutadas por penas de cadena perpetua. En un comunicado publicado tras la decisión ghanesa, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que “la abolición total de la pena de muerte supondrá un alivio para ellos y sus familias y marcará un hito importante”.

En todo el mundo y según Amnistía Internacional, 52 países dictaron penas de muerte y 20 llevaron a cabo ejecuciones en 2022, año en el que se documentaron al menos 883 reos muertos tras aplicárseles esta condena.

A pesar de los avances en la eliminación de la pena de muerte en África, hay países en el otro lado de la balanza que generan preocupación. Uno de ellos es Uganda, donde en marzo de 2023, el parlamento aprobó un proyecto de ley contra la homosexualidad que socavaba aún más los derechos del colectivo LGTBIQ. Además de enfrentarse a penas de cárcel de más de 10 años, el proyecto contempla la introducción de la pena de muerte para lo que han calificado como “delitos de homosexualidad agravada”, un supuesto que incluye las relaciones no consentidas con menores de 14 años o mayores de 75, personas con discapacidad o enfermedad mental y personas con una enfermedad sin cura científica. También podrán ser condenados a la pena máxima progenitores y tutores que sean considerados culpables. En al menos 11 países del mundo, la homosexualidad se castiga con la pena capital.

Cabo Verde fue el primer Estado africano en prohibir la pena de muerte, en 1981, Mozambique, Namibia y Santo Tomé y Príncipe le imitaron en 1990, República Árabe Saharaui Democrática en 1991, Angola en 1992, Guinea Bissau y Seychelles en 1993, Yibuti y Mauricio en 1995, Sudáfrica en 1997, Costa de Marfil en el 2000, Senegal en 2004, Ruanda en 2007, Burundi y Togo en 2009, Gabón en 2010, Madagascar en 2014, Congo en 2015, Guinea y Benín en 2016, Burkina Faso en 2018, Chad en 2020, Sierra Leona y Malaui en 2021 y República Centroafricana, Guinea Ecuatorial y Zambia en 2022.

¿Qué sucede en el resto del mundo?

El 28 de julio, tres días después del anuncio de la abolición de la pena de muerte en Ghana, varios medios publicaron el siguiente titular: “Singapur ejecuta a una mujer por primera vez en casi dos décadas”. Se llamaba Saridewi Djamani, tenía 45 años y fue condenada en 2018 por traficar 30 gramos de heroína. A pesar de que la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, la Federación Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional habían instado al gobierno de Singapur a detener la ejecución, fue en vano. Saridewi Djamani fue la segunda persona ejecutada en una semana este territorio y la decimoquinta desde que el gobierno reanudó la aplicación de la pena de muerte en marzo de 2022.

En todo el mundo y según Amnistía Internacional, 52 países dictaron penas de muerte y 20 llevaron a cabo ejecuciones en 2022, año en el que se documentaron al menos 883 reos muertos tras aplicárseles esta condena, un 53% más que el año anterior y la cifra más alta desde 2017, año en que 993 personas fueron ejecutadas. Eso sin contar “las miles que, según se cree, tuvieron lugar en China”, según recoge el Informe Global de la ONG, un documento que cada año examina la aplicación judicial de la pena de muerte en el mundo.

El continente que destaca por tener una abrumadora mayoría de países que mantienen la pena capital es Asia: de los 43 Estados soberanos, solo 10 la han abolido por completo. Los tres Estados que encabezan la lista de países donde más personas fueron ejecutadas en 2022 son asiáticos: China (se sospecha que miles, aunque sigue sin hacer pública ninguna cifra sobre la pena de muerte), Irán (576) y Arabia Saudí (196).

Oceanía es el continente con mayores avances en la abolición de la pena de muerte: de sus 14 Estados, 13 la han eliminado por completo de su legislación y solo Tonga la mantiene bajo una moratoria, aunque nadie ha sido condenado ni se ha llevado ninguna ejecución desde 1982. Le sigue Europa, donde solo Bielorrusia la aplica para los funcionarios estatales y el personal militar condenados por delitos de alta traición. En América, el único país que sigue ejecutando a reos es Estados Unidos. Las 18 muertes por inyección letal registradas en 2022 convirtieron al país en el quinto con más ejecuciones de todo el mundo.

El método más extendido para aplicar la pena de muerte es el ahorcamiento (diez países lo utilizaron en 2022), seguido de la ejecución con armas de fuego, la inyección letal en tres y la decapitación, solo aplicada en Arabia Saudí. Como en años anteriores, Amnistía Internacional no recibió ninguna noticia sobre lapidaciones en 2022. Según Naciones Unidas, unos 170 Estados del mundo han abolido o introducido una moratoria sobre la pena de muerte, ya sea en la ley o en la práctica. Aun así, al concluir 2022 había al menos 28.282 personas condenadas a muerte en el mundo, concluye el último informe de Amnistía Internacional.

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