“Es insostenible”: la devaluación del 44% de la moneda en Malaui asfixia a la población de uno de los países más pobres del mundo
El incremento de los precios de productos importados como el combustible o los fertilizantes obliga a muchos habitantes a enfrentarse a dificultades para sobrevivir, mientras otros ven cómo sus ahorros se desvanecen
A simple vista, en el mercado de Limbe no ha cambiado nada. Los puestos, regentados en su mayoría por mujeres, continúan vendiendo verdura, fruta, cereales y distintos tipos de comida en uno de los principales mercados de Blanytre, la capital económica de Malaui. La vida sigue su curso de la misma forma que lo hacía antes de que el pasado 8 de noviembre el Banco Central del país anunciara la devaluación de la moneda nacional (kwacha) un 44% frente al dólar estadounidense. Sin embargo, una mirada más cercana deja ver la preocupación que la medida ha causado entre los habitantes, de los que el 85% vive esencialmente de la agricultura y cuya falta de alternativas laborales ha hecho que su gobierno firmara recientemente un acuerdo con Israel para mandar a 5000 jóvenes a trabajar en granjas, pese al actual conflicto.
A Fanny Musa, una vendedora de comida en el mercado, la medida le ha afectado de lleno. Desde que abrió su negocio hace cinco años, afirma que este es el periodo más difícil que ha enfrentado: “Mis ventas han caído en picado. El coste de los productos ha aumentado y ahora gano literalmente la mitad, a pesar de que he subido los precios. Antes de la devaluación (la segunda en 18 meses) tenía un beneficio de unas 10.000 kwachas al día (unos cinco euros) mientras que hoy con suerte obtengo 5.000″. Ahora, dice a este diario, sumando lo que paga a sus dos ayudantes, no podrá cubrir las 70.000 kwachas adicionales (41 euros) del aumento de las tasas escolares de sus cuatro hijos. “El momento es crítico”, afirma. Cuando un país devalúa su moneda frente al dólar, las exportaciones se abaratan en el mercado global y en teoría se vuelven más competitivas, pero a la vez, se encarecen las importaciones, principalmente de productos como el gas, el petróleo o los fertilizantes.
La principal preocupación de los malauís tras la implementación de las medidas era el incremento del precio de los bienes y servicios y su impacto en el coste de vida, y efectivamente ha sido lo que ha sucedido. La Autoridad Reguladora de Energía de Malaui (MERA) subió ese mismo día los precios de la gasolina y el diesel un 45% y un 42% respectivamente, y la Corporación Limitada de Suministro Eléctrico (ESCOM) incrementó en un 40% el precio de la electricidad. La devaluación, pensada para reanudar el apoyo presupuestario internacional y aumentar los beneficios de las exportaciones al reducir su precio en el mercado global, ha disminuido la demanda general y afectado directamente las vidas de la gente en un país inmerso en una crisis de combustible y escasez de medicamentos y fertilizantes.
Malaui se encuentra como otros países en desarrollo asfixiado por la deuda externa y en una situación de impago desde 2022, según un informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El país necesita casi mil millones de dólares de alivio de deuda para 2027 para pagar a sus principales acreedores, India y China. Sin embargo, su economía, pequeña y frágil, y su vulnerabilidad climática debido al aumento en la frecuencia e intensidad de los ciclones, inundaciones y sequías, hacen imposible restaurar la estabilidad macroeconómica y hacer frente a la deuda en un país enfocado a la agricultura y las importaciones. El impacto de esta ha llevado al FMI a coordinar una devaluación que hoy repercute directamente en la inflación y en el aumento del costo de vida en uno de los países más afectados por la crisis climática.
Tras la devaluación, el FMI aprobó la concesión de un préstamo de 163 millones de euros (con un desembolso inmediato de 32 millones) al país africano para aumentar sus reservas de divisas. A pesar de ello, Malaui vive hoy un periodo en que la incertidumbre provocada por la escasez de alimentos se ha convertido en una prioridad. Desde el anuncio de la medida, la palabra “hambre” ha empezado a resonar más fuerte en las calles, a pesar de que organizaciones como Unicef llevan meses denunciando que más de medio millón de niños están en riesgo de desnutrición. “El precio del fertilizante ha aumentado un 25%, de 70.000 kwachas a 107.000 (unos 62 euros) y un malauí pobre no puede permitirse ese incremento en su producción. La cantidad de maíz que se espera cosechar no será la misma con el aumento en el precio del fertilizante. Esto conducirá a la inseguridad alimentaria en los hogares que dependen en gran medida de la agricultura” explica a este medio el analista económico local Alex Chidzandi, de Lossaco & Company, una sociedad de inversión que cultiva y manufactura productos agrícolas.
Los precios suben, los salarios no
“Es insostenible”, dice Samson Mfimuko, un conductor de moto-taxi de 35 años de Lilongüe, la capital del país. Samson cuenta cómo la devaluación ha afectado en cada ámbito de su vida: “Lo primero es que tengo menos trabajo, la gente no quiere pagar más por el mismo recorrido que hacía ayer aunque el precio de la gasolina ha subido mucho, así que ahora caminan más y yo tengo menos clientes. Además, estoy teniendo problemas para comprar comida. Me he empezado a endeudar, sobre todo con los productos básicos como la harina, el jabón y el aceite”. Y añade: “Tenemos miedo a lo que nos pueda pasar. Yo personalmente no veo otra salida para salvarme que la de plantar para comer”.
A pesar del aumento del coste de la vida, Wilson Banda, el gobernador del Banco de la Reserva de Malaui (RBM, en inglés), instó a los ciudadanos a que no subieran los precios de sus productos, ya que esto podría tener “efectos adversos en la inflación, provocar pérdidas de empleos y aumentar la presión sobre el presupuesto nacional”, según publica un medio local. En un comunicado de prensa el pasado viernes en Lilongüe, Banda criticó a los comerciantes por aumentar los precios de bienes y servicios de manera injustificada. La respuesta del Congreso de Sindicatos de Malaui (MCTU, en inglés) fue directa: “RBM debería proponer medidas adecuadas para estabilizar nuestra economía, no castigar a los trabajadores. Nuestra exigencia es que la revisión de los salarios se ajuste a una devaluación del 44% o a una reducción del coste de la vida”.
Su denuncia viene a raíz de que el Gobierno aún no ha incrementado el salario de los trabajadores públicos, una medida que el Congreso de Sindicatos de Malaui está exigiendo desde la implementación de la medida. Mike Phambo (nombre falso para proteger su identidad), un funcionario de prisiones de la región central del país, cuenta cómo perdió casi la mitad de su dinero de un día para otro: “He estado cultivando maíz durante los últimos dos años y vendiendo las cosechas. La otra parte del dinero la utilizaba para comprar fertilizantes, semillas y pesticidas para la próxima temporada de cultivo, y el saldo restante lo ingresaba en el banco. En 17 meses conseguí ahorrar 4.500 dólares (4.100 euros). Ahora he perdido casi 2.000 y he tenido que cancelar todos mis planes”.
Otros funcionarios del ámbito de la salud han recibido un aumento salarial del 10%, aunque la Organización Nacional de Enfermeras y Parteras de Malaui calificó el incremento de “insuficiente” y de “burla”. Si sus demandas no se cumplen, contemplan la posibilidad de tomar medidas adicionales, como sucedió en 2020 durante la pandemia de coronavirus, cuando entraron en huelga debido a la falta de medidas de protección y subsidios.
Las organizaciones humanitarias y no gubernamentales, muy numerosas en el país, tampoco han subido los salarios de sus trabajadores locales, y los guardas de seguridad o niñeras consultadas para este reportaje también han negado incremento alguno en su sueldo. “Nuestros jefes no nos ha subido el salario pese a que ellos cobran en dólares y nosotras en kwachas”, explica Annes Moyo, empleada doméstica de Blantyre.
Días después del anuncio de la medida se convocaron protestas en diferentes ciudades del país. En Blantyre, cientos de ciudadanos se unieron a la marcha para reclamar al gobierno políticas para apoyar a la población. “Todo ha subido, no podemos hacer frente a los precios actuales. Debemos protestar contra el gobierno para poner fin a esto”, sentencia una asistente.
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