Regularizar para transformar un modelo migratorio roto en España

Enterrada por el ruido de la amnistía y la corrupción, esta semana será discutida en el Congreso una propuesta que habrá cambiado nuestra sociedad para siempre. Se trata de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que solicita al Gobierno la regularización de cerca de medio millón de seres humanos que viven en nuestro país atrapados en una ciudadanía de tercera clase. La friolera de 611.821 españoles y españolas exigimos de la forma más solemne a nuestros representantes que corrijan esta anomalía democrática y social. Y lo hemos hecho espoleados por una coalición de más de 900 colectivos que abarca desde la Conferencia Episcopal al Soviet de Getafe, y que está liderada por los propios migrantes a través del movimiento Regularización Ya. Incluso antes de ser votada, esta iniciativa ya ha hecho historia.

El trámite parlamentario será rápido, con votación en pleno antes del verano. Todo está abierto, a expensas de la posición que tomen PSOE y PP, que en el pasado aprobaron 4 y 5 regularizaciones, respectivamente.

La movilización ciudadana por la ILP está fundamentada en razones sólidas. La primera de ellas se deriva de las magnitudes en juego. De acuerdo con las estimaciones más fiables y recientes, alrededor de 425.000 personas (el 12% del total de la población migrante en 2021) residen hoy en nuestro país en situación de irregularidad administrativa. La inmensa mayoría de esta población procede de América Latina, más de la mitad son mujeres y alrededor de 112.000 tienen menos de 16 años (según datos actualizados para la ONG Save the Children).

La condición de migrante irregular constituye uno de los determinantes más devastadores de vulnerabilidad social y legal. La irregularidad impide el adecuado acceso a la justicia para las víctimas, limita el derecho a la salud y la educación, multiplica las posibilidades de vivir en la pobreza y deja al trabajador desprotegido frente a la explotación. Una de cada tres personas extranjeras está en riesgo de exclusión social severa, una proporción tres veces más alta que la de los nacionales. La tasa de riesgo de pobreza en los hogares de migrantes con menores a cargo es del 60%; para los hogares españoles, esta tasa es del 20%.

Pero, si existen buenas razones éticas para la regularización, los argumentos prácticos no son menos contundentes. Los trabajadores y trabajadoras sin papeles cumplen un papel activo e irremplazable en la estructura económica de España. Su contribución se distribuye a lo largo de toda la escala de cualificación, pero resulta particularmente relevante en sectores como el de los cuidados, la agricultura o la industria manufacturera. La fuerza laboral de los migrantes irregulares fue determinante en los primeros meses de la respuesta a la pandemia, apuntalando la producción y distribución de alimentos o garantizando el cuidado de niños y mayores.

Si les dejasen, su contribución podría ser aún mayor. Un estudio de la Fundación porCausa demostraba al principio de estas movilizaciones que la regularización supondría un pingüe beneficio para las arcas públicas. En concreto, estimábamos en unos 3.400 euros por trabajador y año el aporte de la regularización para el Estado. Un beneficio acumulado neto de entre 790 y 950 millones de euros por año, suficiente, por ejemplo, para que estas familias aportasen al presupuesto del Ingreso Mínimo Vital 2,2 euros por cada euro recibido.

Ni el Gobierno ni los partidos que lo sostienen en el Parlamento ignoran estas cifras. Sin embargo, en vez de responder a ellas con una propuesta de normalización transparente y ambiciosa, sus representantes han optado por una vergonzante regularización encubierta que busca los mismos efectos sin declararlos públicamente. Las reformas del reglamento de extranjería –primero con la incorporación laboral de los jóvenes extutelados y después con la flexibilización y ampliación de las formas de arraigo– tienen el propósito mal disimulado de ordenar el mercado de trabajo e incrementar la base de una pirámide laboral y demográfica que se estrecha en España de forma peligrosa.

La sociedad española ha reclamado una regularización extraordinaria porque la gravedad de la situación es extraordinaria. Y lo ha hecho por encima de sus afinidades personales

Todo esto estaría muy bien si no fuese porque no está funcionando. Las cifras más recientes de autorizaciones de residencia sugieren un incremento llamativo de las regularizaciones excepcionales —por arraigo o por razones humanitarias—, pero en niveles muy por debajo de lo necesario: 92.000 regularizaciones por arraigo entre mediados de 2022 y mediados de 2023. El arraigo por formación, que prometía una vía generosa y acelerada de regularización, se ha convertido en un nuevo infierno burocrático que genera más úlceras que estudiantes. Por si fuera poco, estas medidas siguen ignorando a un grupo tan abultado y vulnerable como el de los niños, a los que ahora el Gobierno promete un apaño a través del proyecto de Ley de Familias. Y ni siquiera sabemos cuántos migrantes se han incorporado a la irregularidad en este mismo período, porque aún no tenemos cifras detalladas del padrón para 2022.

Demasiado poco, demasiado lento, demasiado cobarde. La sociedad española ha reclamado una regularización extraordinaria porque la gravedad de la situación es extraordinaria. Y lo ha hecho por encima de sus afinidades personales, como demuestran los datos de una encuesta realizada por la organización More in Common en febrero de este año. De acuerdo con sus resultados (ver gráfico), la regularización no solo recibe el apoyo abrumador de los votantes de izquierda y centroizquierda, sino también de la mayoría de los votantes del Partido Popular. En todos los rangos de edad. Incluso uno de cada cinco simpatizantes de Vox apoya esta medida.

La regularización no es caridad, sino el imprescindible borrón y cuenta nueva para afrontar una reforma justa e inteligente de un modelo migratorio roto. Estudio tras estudio, expertos y empleadores recuerdan a las sociedades europeas el abismo demográfico al que nos asomamos. Uno de los más recientes, elaborado por Allianz Research, recuerda que España perderá hasta un 30% de su fuerza laboral en 2050 en ausencia de migraciones. Y estima en 338.000 el número de llegadas netas anuales necesario para sostener nuestro sistema de pensiones, casi el doble de los sugeridos por el informe España 2050 hace solo tres años. Mientras la UE pierde trabajadores y gana jubilados, las regiones de nuestro entorno se preparan para beneficiarse de una carrera por el talento global que nosotros ya estamos perdiendo. Para cuando hayamos decidido establecer vías legales y seguras de movilidad, tal vez sea demasiado tarde.

Podemos seguir cavando más hondo en el mismo agujero, convirtiendo nuestras fronteras en espacios aún más caóticos y salvajes, pulverizando el derecho de protección y bailando al ritmo político de los nacionalpopulistas. Pero también podemos intentar la alternativa de un modelo más flexible, ordenado y adaptado a los intereses de todos. Esta regularización es el primer paso en la dirección correcta.

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