Los beneficios de la meritocracia en el sector público: Chile rebaja las muertes hospitalarias y mejora los resultados escolares

Seleccionar a los directores de las escuelas públicas y a los gestores de hospitales por sus méritos y no por sus contactos ha permitido en Chile notables progresos en la educación y en la sanidad. En concreto, los investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyen que, por un lado, han mejorado los resultados en los exámenes estudiantiles, mientras que, por otro, las muertes hospitalarias se han reducido en un 7%.

El de Chile, el país latinoamericano con más directivos públicos designados por méritos propios —un total de 5.141—, es el ejemplo de éxito que avala la tesis del libro Mejores gobiernos para mejores vidas, que acaba de publicar el BID: la elección de los directivos públicos en función de sus logros y en procesos transparentes tiene un impacto positivo en el desempeño de las organizaciones y en la confianza de la ciudadanía. “Hay una correlación muy fuerte entre capacidad estatal y calidad del servicio civil. Es decir, mientras más fuerte es el servicio civil, este grueso de personas que trabaja en el sector público, mayor es la capacidad estatal y los resultados”, asegura Sandra Naranjo, especialista líder en gestión pública del BID y coautora del libro.

Sin embargo, Chile es un ejemplo aislado en una región donde apenas el 8% de los países utilizan sistemas basados en la meritocracia, frente al 90% de los Estados pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según los datos de la investigación. El segundo país con más gerentes escogidos por méritos propios es Perú, aunque con una enorme distancia (124 frente a los más de 5.000 de Chile).

Brasil es otro de los países que ha implantado sistemas transparentes de promoción en el sector público, aunque todavía no es una práctica institucionalizada, sino programas pilotos voluntarios adoptados en el ámbito del gobierno federal y en siete Estados. “La gran mayoría de los países latinoamericanos aún prioriza el nombramiento de forma puramente discrecional”, explica Mariano Lafuente especialista principal en modernización del Estado del BID, que recomienda fortalecer la coordinación entre la gestión fiscal y de recursos humanos para optimizar el uso del empleo público, que representa un tercio del gasto público regional.

El abogado e ingeniero Najle Majluf, director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Iquique —ciudad costera en el norte chileno—, respalda el relato de la importancia de la meritocracia: “Esto permite a los trabajadores del servicio civil ascender independientemente de su color político o de cualquier aspecto subjetivo”. La institución que dirige desde 2022 administra cerca de 40 establecimientos educativos en los municipios de Iquique y Alto Hospicio, donde hay más de 18.000 estudiantes, casi 1.200 docentes y unos 1.300 asistentes. Casi toda la experiencia de Majluf, de 40 años, está en el sector público: “La educación debe ser una tarea que sobrepasa colores políticos, gobiernos y tendencias”.

Gobierne quien gobierne

Para sostener tal afirmación en el tiempo, la de que la educación es intocable, gobierne quien gobierne, es clave el proceso de promoción: Majluf llegó a su puesto a través del Sistema de Alta Dirección Pública, un programa que Chile implementó en 2004 para dotar a las entidades del Estado de gerentes con probada capacidad de gestión y liderazgo mediante concursos públicos y transparentes. Esta política se adoptó en medio de una de las mayores crisis de corrupción vividas en el país, entre 2002 y 2003, conocida como el caso Coimas, que terminó con el desafuero parlamentario de cinco diputados de la centroizquierda sospechosos de participar en casos de cohecho y soborno en la gestión de centros de revisión técnica de vehículos.

Este programa ha dado sus frutos. Además de ser el país latinoamericano con mayor número de gerentes públicos designados por su valía personal, Chile es también el que ha registrado los mejores progresos en la calidad del servicio público entre los 12 países que el BID ha evaluado en los últimos 20 años (en 2004, 2014 y 2024). En concreto, el país sudamericano escaló siete puntos en comparación con la medición anterior, realizada hace una década, y ha vuelto a liderar el ranking, esta vez con 73 puntos sobre 100. Le siguen Brasil (68) y Uruguay (60). En el otro extremo están los que tienen menor calificación: Honduras, Panamá y Ecuador.

“Chile es un modelo de referencia. No es que la autoridad política puede designar a una persona de confianza, sino que esa persona debe ganar el concurso y tener los requisitos mínimos, someterse a un filtro de mérito”, sostiene Lafuente.

Marta Cabeza Vargas (Talcahuano, 55 años), a cargo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Chile desde 2022, también logró ascender en un proceso de promoción basado exclusivamente en méritos. Ingeniera industrial y con 20 años de carrera en la institución pública, obtuvo el puesto de directiva luego de postular a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

Para Cabeza, quien tras una amplia trayectoria en el SEC obtuvo el cargo de directiva, es fundamental que el acceso a los puestos gerenciales del aparato público se base en criterios de equidad, igualdad de oportunidades y en la valoración del mérito de cada persona. Reconoce que, al igual que muchas mujeres, su desarrollo profesional ha estado marcado por los desafíos de “ser validada en entornos predominantemente masculinizados”, pero que los obstáculos que alguna vez surgieron los superó mientras, en paralelo, “la sociedad también ha avanzado hacia una mayor inclusión”.