El pulso del poder económico al poder político

Quién tiene más poder, el Gobierno o los bancos?: Los bancos, responden mayoritariamente los ciudadanos. Y sin embargo, los mismos que opinan que la responsabilidad de lo malo que les sucede está en el poder económico castigan al poder político cuando votan. Esto es lo que les ha sucedido a los socialistas en las pasadas elecciones municipales y autonómicas: han sido golpeados por su gestión de la crisis económica.

Los dos principales cambios que se han producido en la política española en los últimos meses, antes del resultado de los comicios del 22-M, han sido la emergencia, con carácter general y con una fuerza inusitada, de un nuevo poder fáctico denominado ampliamente “los mercados” (que explica, en parte, el movimiento de los indignados) y la falta de credibilidad del presidente del Gobierno, hiciese lo que hiciese o dijera lo que dijera.

La potencialidad de ese ente abstracto denominado “mercados” como actor principal de la vida pública, se manifiesta en la medición de la calidad de la democracia que todos los años hace un grupo de expertos para el Informe sobre la democracia en España (IDE), de la Fundación Alternativas. En esa medición se analiza hasta qué punto las instituciones democráticas y los sectores políticos responden a los ideales de la democracia representativa, siguiendo dos principios básicos: el control ciudadano sobre los políticos y las decisiones políticas, y la igualdad en el acceso a la esfera política de todos los ciudadanos para ejercer ese control.

Pues bien, en la correspondiente al último año se multiplica el desgaste para la democracia española de la incapacidad del Ejecutivo para poder sacar adelante sus políticas sin la interferencia de los poderes económicos y las instituciones internacionales. En parte como consecuencia de ello, la confianza de los ciudadanos en los principales actores políticos, Gobierno y oposición, nunca ha sido tan baja como hasta ahora: este es el primer año en el que la clase política, según los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ocupa uno de los tres primeros problemas de los españoles.

La ausencia de credibilidad de ZP ha venido determinada por el tardío reconocimiento de los problemas económicos (siempre ha ido por detrás de las dificultades) y por las medidas contradictorias —contradictorias al menos para la mayoría de los ciudadanos, ya que la Gran Recesión ha tenido desde su comienzo distintas caras que exigían medidas reactivas de distinta naturaleza en cada coyuntura— adoptadas para paliar sus peores efectos.

ZP ha tenido una virtud que ha devenido en su peor defecto: defender con la misma vehemencia unas medidas (por ejemplo, la necesidad de planes de estímulo keynesiano para cortar la sangría del desempleo en los peores momentos, que suponían un incremento de la inversión y del gasto público, aunque generaban un déficit de dos dígitos) que las contrarias (la estabilización fiscal, la eliminación de ayudas a las familias y a los parados de larga duración, la congelación de las pensiones, la reducción del sueldo de los funcionarios…) en la fase de la crisis en la que el problema principal eran los ataques contra la deuda soberana.

¿Cuál es el verdadero Zapatero, el primero o el último? ¿Qué representa mejor sus convicciones, la reforma laboral aprobada por decreto que provocó una huelga general, o aquellas declaraciones en las que aseguraba que no se aprobaría ninguna de las reformas estructurales pendientes sin un acuerdo de los agentes sociales?

La percepción mayoritaria ha sido la de un Zapatero bipolar en materia económica y, sobre todo, sometido —una vez que no pudo mantener por más tiempo la dirección de su política económica— a los intereses de sus socios europeos y al diktat de los mercados.

El desiderátum de ello fue el 9 de mayo de 2010 en Bruselas, cuando los miembros del Eurogrupo obligan a España a dar un giro copernicano a su política económica en el sentido de un ajuste muy duro y drásticos recortes, para limitar, en un periodo muy corto de tiempo, sus niveles de déficit público.

Zapatero, que apenas unos días antes había recibido al líder de la oposición, Mariano Rajoy, y le había comentado que “reducción del déficit sí, pero a cámara lenta”, no tiene más remedio que cambiar su política económica y aplicar con extrema urgencia la cirugía agresiva que le habían exigido en Bruselas. Toma las primeras medidas de choque que asombrarán a los ciudadanos, sobre todo por no estar preparados para ellas y sin que el grado de explicación de las mismas fuese suficiente, como se ha visto posteriormente.

A partir de ese momento, la gestión de la crisis económica monopolizó la agenda política. Ello complicó la acción de los socialistas de un doble modo.

En primer lugar, una cierta esquizofrenia, ya que tenían que responder al tiempo de las urgencias de los mercados, que exigían otra política económica y unas reformas pendientes (algunas muy impopulares), y a la necesaria negociación con los actores políticos, económicos y sociales dado que no disponían de mayoría absoluta, y que les demandaban a veces soluciones antagónicas a las de los mercados.

En segundo lugar, al primar la gestión de la crisis económica sobre cualquier otro aspecto se debilitó el sustrato ideológico de su proyecto, basado en la ampliación de los derechos civiles, las mejoras sociales y, en definitiva, la extensión del concepto de ciudadanía.

Con los resultados de las pasadas elecciones, el PP ha dejado de ser solo el principal partido de la oposición. Hay pocos que duden de que será quien encabece el Ejecutivo tras los próximos comicios. Es sorprendente que en estas condiciones no haga una exhibición de la fortaleza de la economía española, pues ello va en contra de sus propios intereses como partido de Gobierno. Durante el tiempo en que las dificultades de la deuda han sido más intensas, el PP ha practicado una negativa sistemática a apoyar la política económica. Esta acción del “no” ha venido acompañada de una ausencia de alternativa programática.

El mayor ejemplo de esta oposición sin alternativa tuvo lugar en el Congreso, después de la jornada europea citada, en la que el Gobierno hubo de cambiar su política económica hacia posiciones teóricamente muy cercanas a las que defendían de modo genérico los conservadores. El PP votó “no” al paquete de medidas de austeridad, aprobándose dicho paquete por un solo voto y a merced de las alianzas de geometría variable practicada por los socialistas.

Es legítimo preguntarse qué hubiese sucedido con la economía española si el Gobierno hubiera perdido la votación parlamentaria. Ese ejercicio de irresponsabilidad ocurrió en Portugal meses después, cuando la oposición de derechas no sostuvo las medidas de austeridad presentadas por el primer ministro socialista, con el resultado conocido: la deuda subió tanto que Portugal renunció a pagarla sin la intervención de Bruselas y el FMI. A cambio de esos apoyos el plan de ajuste portugués será más duro que el rechazado en el Parlamento, y tendrá el marchamo de las organizaciones internacionales y no de los representantes nacionales elegidos por los ciudadanos.

De la estrategia de la crispación (que la derecha saca a pasear en temas relacionados con el terrorismo o la estructura territorial del Estado) el PP ha pasado a otra etapa de “esperar y ver”, dejando que el Gobierno se abrase en la impopular gestión de la crisis económica. Ya lo han conseguido. ¿Y ahora qué?