Un jurista discreto para suceder al ‘multiministro’

Antonio Camacho (Madrid, 1965) llegó a Interior hace siete años de la mano de un ministro que no era político, José Antonio Alonso, y él, que tampoco lo es, concluirá la legislatura en el puesto de su amigo. Al frente de una de las carteras más complicadas del Gobierno. Zapatero empezó encomendándosela a un juez, la traspasó después a una fuerza de la naturaleza capaz de ser a la vez ministro del Interior, vicepresidente primero, portavoz… y finalmente sucesor suyo como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y se la entrega ahora a un fiscal serio y concienzudo durante los escasos meses que quedan para celebrar las próximas elecciones generales.

Como ministro de urgencia, Camacho es una opción poco arriesgada. Conoce el ministerio de arriba abajo y ha pasado los últimos cinco años con Rubalcaba. Sabe perfectamente lo que el candidato del PSOE a La Moncloa quiere y cómo lo quiere. En todos los ámbitos, pero especialmente en el de la lucha antiterrorista, el único que podría dar alguna sorpresa y el que se ha convertido en uno de los mayores activos de la legislatura.

Camacho, de cuya Secretaría de Estado penden la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha trabajado codo con codo con Rubalcaba durante las dos últimas treguas de ETA y juntos han logrado, a través de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el espectacular debilitamiento de la banda. Y, con Camacho al frente de Interior, el candidato Rubalcaba seguirá informado al minuto de cada paso que se vaya dando. La lucha contra ETA fue precisamente una de las razones esgrimidas ayer para defender la elección por Zapatero, que atribuyó al nuevo ministro “parte de los éxitos” y garantizó que preservará la “línea de presión” y “eficacia” contra la banda.

Pero la personalidad de Camacho está más cerca del discreto Alonso que del torrente Rubalcaba —que dedicó ayer el día a despedirse personalmente de la gente en cada uno de los departamentos que ha dirigido durante los últimos cinco años—. El fiscal es un técnico. Buen jurista, riguroso, tranquilo. Poco dado a los saraos políticos. Se ha mantenido tan en la sombra que apenas se le conoce en la calle. Era un fiscal de izquierdas con más de una década en la carrera —fue presidente y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales— cuando llegó a Interior en abril de 2004 como secretario de Estado de Seguridad. Un hombre del mundo de la justicia que aterrizó en el de la seguridad.

Entre sus defensores y detractores hay consenso sobre algunos puntos: “Es muy serio, discreto y profesional”. “El hecho de haber sido fiscal le ha ayudado a comprender mejor este mundo”, opina un alto cargo del ministerio. “Y si algo no le ha gustado, lo ha cambiado. Es un hombre de convicciones”, añade. Capaz de plantarse ante 2.000 inmigrantes internados en un centro canario en plena crisis de los cayucos en 2006 para explicarles que esa no era una forma de entrada en el país que el Gobierno pudiera aceptar.

Actúa con cautela. Consciente del cargo que representa y de que no debe mostrar debilidades en la jungla de Interior. “Se abre con su gente, pero su gente es poca”, dice un colaborador. Es un hombre culto e irónico a quien es más fácil imaginar escuchando una sonata de Chopin en el Auditorio Nacional que viendo un partido de fútbol en el bar, deporte que, a diferencia de su predecesor, apenas le interesa. Precisamente la afición que los políticos usan para conectar con la gente. Él, hasta ahora, no ha tenido necesidad de prodigarse demasiado. Ejerciendo su cargo junto al político probablemente con más personalidad del país, Camacho ha podido permitirse pasar los años en un cómodo segundo plano.

Su foto apareció en la prensa relacionándolo con el caso Faisán, el presunto chivatazo policial a ETA en 2006 sobre una operación en marcha contra la red de extorsión de la banda. El nombre de Camacho asomó a la investigación por una serie de llamadas telefónicas que había mantenido esos días con el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, imputado en la causa. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Pablo Ruz, decidió finalmente no llamarlo a declarar tras considerar las llamadas “irrelevantes” y rutinarias.