No muy honorable

El molt honorable presidente Francisco Camps dimitió ayer por la tarde de su cargo de jefe de la Generalitat valenciana en medio de un mar de cábalas sobre si seguiría el camino de dos de sus colaboradores, imputados en la causa de los trajes con que les obsequió la trama Gürtel, que durante la mañana habían dado su conformidad a la pena más grave prevista en el Código Penal para el delito de cohecho pasivo impropio del que se les acusa. Camps debió sopesar las ventajas e inconvenientes de cerrar de ese modo el proceso por corrupción política en el que está envuelto desde hace más de dos años y se ha inclinado por la dimisión. Políticamente, es la salida correcta.

Conformarse con la pena implicaba declararse culpable, algo que Camps ha debido considerar insoportable. Para su estima como presidente de la Generalitat resultaba, además, un trago demasiado fuerte acudir personalmente a la sede del tribunal para declararse culpable y admitir a la vista de todos que había mentido: que los trajes no los pagó él de su bolsillo, sino la trama Gürtel, que mantenía estrechas relaciones de negocio con su Administración. De haber asumido esa condición, habría quedado moral y políticamente inhabilitado para seguir al frente de la Generalitat valenciana no solo ante sus votantes, sino ante todos los ciudadanos valencianos. Al condenado siempre le queda la posibilidad de reivindicar su inocencia. Pero si Camps aceptaba su culpabilidad dejaba a quienes han confiado en él en las urnas sin la posibilidad de seguir creyendo en su tan proclamada inocencia. Era un escenario inasumible al que le empujaba la dirección de su partido; y esa era la misión que tenía encomendada Federico Trillo en su viaje a Valencia: convencerle de que asumiera su culpabilidad para evitar el juicio.

Rajoy solo ha reaccionado cuando ha percibido que la deriva del proceso podría tener algún riesgo electoral 

Camps ha presentado su dimisión como “una decisión personal a favor de mi partido, que pretende que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno”. Seguramente es así, aunque se trate de una decisión obligada. Todo apunta a que en las horas previas a la dimisión se ha librado una batalla, que se presume nada pacífica, entre la dirección nacional del PP y el dimitido presidente de la Generalitat para buscar el mejor desenlace a la situación creada tras la decisión del juez Flors de sentar a este último en el banquillo: si a favor de los intereses del PP en las próximas elecciones generales o de los más particulares de tipo personal y político de Camps.

Rajoy, complaciente hasta el extremo con Camps —ahí quedan frases del estilo “estoy a tu lado, detrás de ti, delante de ti o donde haga falta” o “Camps será el candidato del PP en Valencia, diga lo que diga la justicia”—, solo ha reaccionado cuando ha percibido que la deriva del proceso en que está envuelto podría tener algún riesgo electoral en su camino hacia La Moncloa. En su actuación, nada hay que esté relacionado con los valores más nobles de la política, al contrario. Ha sopesado que electoralmente podría ser menos dañino un presidente que se declara culpable de haber aceptado los trajes que le regala una trama corrupta que el desgaste del espectáculo de un juicio público ante un jurado popular en plena campaña electoral o en fechas próximas.

Por miedo o convencimiento, Camps no ha seguido el juego. Ha debido pensar que tenía un coste personal y político inasumible para él, aunque resultara rentable electoralmente para Rajoy. Este último está obligado a dar una explicación creíble de lo sucedido en las últimas horas en Valencia, más allá de seguir insistiendo en “la honorabilidad” de Camps y de ponerse medallas en la gestión de un asunto que ha afectado de manera muy grave a la institución de la Generalitat, al Partido Popular, a la imagen de la Comunidad Valenciana y a la calidad de la democracia.