Un legado de escándalos y corrupción

Francisco Camps dimitió ayer como presidente de la Generalitat valenciana debido a su implicación en el llamado caso de los trajes, una de las vertientes del caso Gürtel. Este sumario incluye otra investigación que afecta de plano a otros cargos de los Gobiernos que Camps ha presidido desde el año 2003, así como a diversos integrantes de la cúpula del PP valenciano, que el presidente dimisionario ha dirigido desde poco antes de ser elegido por primera vez para presidir el Consell. Los jueces indagan una supuesta financiación ilegal del partido mediante un entramado de empresas.

Pero ese no es el único legado de supuestas irregularidades de Camps al frente del PP valenciano. A la sombra del poder absoluto que le otorgaron las urnas, en las instituciones públicas en manos de los conservadores se ha sucedido una catarata de escándalos de corrupción que han puesto a los pies de los tribunales a destacados cargos populares, entre ellos, líderes de la envergadura como el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y su homólogo en Alicante, José Joaquín Ripoll, o alcaldes de calado, como Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi en la alcaldía de Alicante, ahora diputado autonómico.

Las supuestas tramas que afectan al PP pivotan a la sombra del negocio del urbanismo y de las contratas públicas. El primer caso que hizo tambalear los cimientos del PP fue la imputación por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal del exlíder del PP de Castellón Carlos Fabra.

Después se han sucedido las imputaciones: el pasado 16 de junio, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ratificó la imputación de la cúpula del PP regional por supuesta financiación ilegal del partido. El tribunal confirmó la imputación por delito electoral del exvicepresidente del Consell Vicente Rambla; del ex secretario general del PP y diputado autonómico Ricardo Costa; de David Serra, vicesecretario regional; Yolanda García y Cristina Ibáñez, tesorera y administradora regional del partido, respectivamente. Y junto a ellos, el extesorero nacional del partido, Luis Bárcenas.

La supuesta financiación ilegal del PP se recoge en sendos informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales. La policía concluye que el PP se financió ilegalmente a través de varias constructoras, utilizando como tapadera a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, que constituía la cabeza de puente en Valencia de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. Las empresas que hicieron los pagos fueron Facsa, Piaf, Sedesa, Lubasa y el empresario alicantino Enrique Ortiz.

La segunda trama de envergadura gestada a la sombra del Gobierno de Camps se descubrió en el caso Brugal, que investiga supuestos sobornos de empresarios a cargos del PP por negocios vinculados a la basura y el urbanismo en Alicante. En este sumario hay 25 imputados, entre ellos, Ripoll, y el empresario Ortiz. El fiscal también acusa a Castedo y Alperi.

Junto a los casos Gürtel y Brugal, otro escándalo de relevancia es el de la depuradora de Pinedo (Valencia). El juez investiga trabajos no realizados por 15 millones de euros. Un último sumario indaga obras ilegales en el jardín de Monforte de Valencia, adjudicadas a Ortiz, y en el que está imputado el concejal y diputado autonómico Jorge Bellver.