Días de vaivén y confusión

“Voy a pedir al Gobierno que apruebe el impuesto a los patrimonios más grandes”, dijo el cabeza de lista del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una entrevista en EL PAÍS el 11 de septiembre, dando carácter de urgencia al anuncio que ya lanzó cuando fue aclamado candidato el 9 de julio. Cinco días después, hoy, el Consejo de Ministros va a hacerlo; entre medias, las noticias sobre el nuevo tributo han dejado un rosario de idas, venidas, contradicciones y rectificaciones.

Hasta que la vicepresidenta Elena Salgado fijó ayer el mínimo exento en 700.000 euros —solo quienes estén por encima estarán obligados a declarar su patrimonio—, se habían escuchado tres cifras distintas.

El portavoz del Gobierno, José Blanco, afirmó el miércoles que el Ejecutivo contemplaba establecer el mínimo exento en un millón de euros y que, de esa forma, solo unas 90.000 personas tendrían que declarar por patrimonio (luego aclaró que se refería a los 94.000 que en 2007 pagaron por encima de ese límite). Ese día, Rubalcaba auguraba que los declarantes serían “200.000 o 300.000” —lo que parecía corresponder a un mínimo exento más bajo o con otros criterios—, aunque añadió que no conocía en detalle el proyecto. A última hora del miércoles, fuentes del Gobierno ajustaron la cifra a 150.000 declarantes. Finalmente serán 160.000, según fijó ayer Elena Salgado.

Si ha habido confusión con las cifras, tanta o más la ha habido con el fondo político de la medida. En un desayuno informativo al que asistió Salgado, el candidato del PSOE avisó el martes a las comunidades gobernadas por el PP: el Ejecutivo, subrayó, ha estado pagando a las comunidades cada año, desde 2008, lo mismo que antes recaudaban por impuesto de patrimonio. Lo hizo “por responsabilidad”. “Si ahora el Gobierno decide ponerlo [el impuesto], las comunidades pueden hacer dos cosas: o cobrarlo o quitarlo. Y [si lo quitan] entonces dejarán de cobrarlo”, afirmó Rubalcaba.

La vicepresidenta le desmintió ayer: las comunidades van a seguir cobrando la compensación que paga el Estado —2.100 millones de la hucha común— y, además, lo que recauden del impuesto si aceptan recuperarlo. Legalmente no es posible hacer otra cosa a esta altura de la legislatura, según el PSOE.