Docentes en armas

Las protestas por los recortes presupuestarios en la educación pública, que han suscitado un amplio seguimiento, están marcando el inicio del curso escolar. Los primeros tijeretazos que se aplican en 30 años alarman a los docentes y padres de alumnos. Es evidente que el aumento de horas lectivas y la consiguiente reducción del número de profesores interinos en 10 comunidades autónomas puede afectar a la calidad de la enseñanza. Afirmar lo contrario sería un atentado al sentido común salvo que las consejerías de Educación que han aplicado los recortes hubieran presentado un proyecto paralelo para aumentar la eficiencia del sistema. Que no lo hayan hecho, que no hayan sopesado recortes en partidas menos cruciales y solo apelen a la necesidad de reducir gastos, es un indicador demasiado explícito sobre la importancia que esas comunidades —en manos del PP en su mayoría— otorgan a la educación pública.

Lejos de ello, los políticos se han lanzado a un cruce de sonrojantes declaraciones que han caldeado el ambiente. Entre ellas destacan de nuevo las de la presidenta de la Comunidad de Madrid y exministra de Educación, Esperanza Aguirre, que explicó primero torticeramente que los profesores solo trabajaban 20 horas a la semana, confundiendo las horas lectivas con las laborales, y ahora plantea analizar el fin de la gratuidad de la educación no obligatoria, entre la que se encuentra la formación profesional y el bachillerato. A tal rosario de disparates, siempre amparados por su partido, se ha sumado la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, culpando de todos los males a la ley socialista, la LOGSE. De modo que es esperable que el PP, en la misma línea argumental que le permite afirmar que un cambio de Gobierno resolverá la crisis económica, confíe en una derogación normativa para mejorar la educación.

Hay sobradas razones para la inquietud sobre la merma de la calidad de la enseñanza pública. Los recortes llegan cuando se percibían los primeros síntomas de mejora en un sistema que sufre déficits endémicos, entre ellos el de la financiación. Ello no justificaría, sin embargo, sobreactuación alguna de los sindicatos, que deberían medir la proporcionalidad de sus protestas y evitar interferir en la campaña electoral. Tal actitud solo daría alas a políticos como Aguirre, dañaría a su propio crédito y haría un flaco favor al ya maltrecho sistema educativo.