Mas pide la llave de la caja

Nueve meses de Convergència i Unió (CiU) en el Gobierno de la Generalitat han convertido Cataluña en un laboratorio donde se busca cuadrar una fórmula imposible sin que estallen las probetas. El presidente Artur Mas es el alquimista que intenta reconducir, sin subir impuestos, un déficit que en 2010 fue de 8.400 millones, el doble de lo previsto. Hospitales, ambulatorios y centros de atención social viven casi en estado de excepción con protestas a diario por unos recortes draconianos que el Gobierno autónomo insiste en calificar de “inevitables” y que la principal asesora de Mas en materia de política social ha avisado de que pueden conducir a una “explosión social”. Farmacias que no cobran a tiempo, problemas de tesorería para pagar los geriátricos y peticiones a los médicos para que renuncien a media paga navideña forman ya parte del paisaje diario. Pero la alquimia produce pócimas y CiU cree haber encontrado la suya para evitar que el descontento de la calle se traslade a las urnas. Esta consiste en convencer de que buena parte de estos recortes serían evitables si Cataluña fuera dueña de los impuestos que pagan los catalanes, redujera su cuota de solidaridad y adoptara el sistema de concierto económico del que gozan el País Vasco y Navarra.

Mas se ha agarrado a este mensaje como a un clavo ardiendo. Y lo repite como un mantra ante todo tipo de auditorios. El concierto económico como antídoto de la crisis y de los recortes sociales. “Precisamente por las actuales dificultades políticas y económicas todas las fuerzas políticas catalanas deben estar a la altura de las circunstancias en lo que se refiere al pacto fiscal”, dijo Mas en el Parlamento autónomo esta semana. CiU ha estado en el centro del movimiento social que en los últimos años ha promovido el concierto económico como solución a los problemas económicos de Cataluña. Lo califica de “estación intermedia” en el camino hacia la “plena soberanía” de Cataluña. Y el mensaje ha calado si se toman en consideración las encuestas oficiales de la Generalitat: hoy defiende el concierto económico un 75% de los consultados. Mucho más del 42% que afirma que votaría “sí” a la independencia.

El Gobierno de CiU se crecido con estos datos. Y pese a no poder garantizar que sea posible lograr una nueva financiación, similar a la del País Vasco, utiliza este argumento para negar que sea preciso subir impuestos en Cataluña. “La mayor parte de los nuevos ingresos de la Generalitat deben llegar del pacto fiscal”, mantiene Mas. Esa idea ha triunfado esta semana en el Parlament gracias al apoyo de Esquerra Republicana a CiU. Ambos partidos sostienen que, más que subir impuestos, Cataluña necesita reducir su cuota solidaria al menos a la mitad. Y aquí llega una guerra de cifras que cada uno lleva a su molino. El Gobierno central calculó con datos de 2006 que el déficit fiscal catalán —la diferencia entre las aportaciones a la caja común y las inversiones que recibe un territorio— se situaba entre el 6,5% y el 8,7% de su PIB. La Generalitat elevó esta cifra hasta el 9,2%, o lo que es lo mismo, unos 11.300 millones de euros. El Gobierno de CiU recuerda que esta cifra equivale cuatro veces al recorte presupuestario que ha tenido que hacer este año.

Para desesperación de la izquierda y de muchos sectores que esperan unos recortes menos draconianos, las subidas de tasas no se contemplan a corto plazo. Es más, el Gobierno de CiU sigue defendiendo una de las primeras medidas que llevó a cabo nada más llegar: eliminar lo poco que quedaba del impuesto de sucesiones, un tributo que el anterior ejecutivo de la izquierda ya perdonó a los patrimonios medianos. La última reducción, la de CiU, supone ingresar 150 millones menos este año. Una cantidad modesta y que no arregla nada, insiste el Gobierno, pero coincide, por ejemplo con la partida que se ha destinado en 2011 para pagar la renta mínima de inserción.

La izquierda, vapuleada por las cuentas que dejó en la Generalitat —“un cráter más que un agujero”, según Mas— se agarra a este impuesto para denunciar la política “antisocial” del presidente.

El 75% de los catalanes defienden el concierto económico, mientras que la independencia recibe un 42% de apoyos

Pero la contestación social va en aumento y el Gobierno ve ya inevitable una huelga masiva de médicos. Las batas blancas volverán a desfilar por la calle mientras crecen las listas de espera. Agobiado por este clima y condicionado por la precampaña electoral del 20-N, Artur Mas se sacó de la manga esta semana un supuesto impuesto para “grandes fortunas”. Antes de que los afectados tuvieran tiempo para reaccionar, el presidente matizó que era solo una idea para hacer “pedagogía” y dejó claro que su objetivo es que lo aplique el Gobierno central o “Europa”. El impuesto está, pues, fuera de agenda. La Generalitat sí argumenta que ha subido las tasas universitarias o la del recibo del agua —este último aumentará entre un 2% y un 6% por familia—. Pero insiste: los grandes incrementos de ingresos deben llegar a través del futuro pacto fiscal.

La defensa de este concepto es relativamente nueva en Convergència i Unió. Los Gobiernos de Jordi Pujol ya tuvieron bastante trabajo para arrancarles a Felipe González y José María Aznar participaciones del 15% y del 30%, respectivamente, en impuestos como el IRPF. “El concierto económico estaba entonces fuera de agenda. Las condiciones no lo permitían”, explica el profesor de historia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan B. Culla. Este académico sitúa la demanda del concierto económico en lo que denomina “década de las decepciones”. Culla llama así a los tres grandes desengaños más recientes del catalanismo político: la primera cuando CiU se da cuenta de que sus pactos con José María Aznar no sirven para cambiar la concepción del catalanismo en el resto de España; la segunda es el desencuentro del nacionalismo con la “España plural” de José Luis Rodríguez Zapatero; y el batacazo final llega con el recorte del Estatuto.

“Es evidente que si se redujera el déficit fiscal los ajustes no serían tan importantes”, dice el secretario de Presidencia

Francesc Homs es el principal ideólogo del concierto económico dentro de Convergència i Unió. Este estrecho colaborador de Artur Mas, secretario general de Presidencia, fue unos de los negociadores del Estatuto catalán en las Cortes y, fruto de esta experiencia, ha publicado numerosas reflexiones sobre el camino que le queda al catalanismo político una vez recortado el Estatuto. Apuesta por el “derecho a decidir” de Cataluña, que debe pasar por decidir sobre la recaudación fiscal. “La voluntad de autogobernarse pasa por ser responsable de los propios impuestos. Si queremos ser responsables de nuestras prisiones ¿cómo no vamos a querer ser responsables de la gestión de nuestros tributos?”, se pregunta.

Según esa línea de pensamiento, la Generalitat debería recaudar, gestionar, liquidar, inspeccionar y revisar todos los gravámenes que se generan en Cataluña; para, después, entregar al Estado la cuota que se establezca para sufragar los servicios que este presta a los catalanes, en línea con lo que hace el País Vasco. Homs aclara que no es su intención copiar el modelo de Euskadi e insiste en que no hay que eliminar las aportaciones a la solidaridad, sino reducirlas aproximadamente a la mitad. Cataluña seguiría, pues, aportando un 4% de su PIB como solidaridad interterritorial.

La Generalitat pide recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar todos los tributos que se generan en Cataluña

¿Es esto sostenible para España? El catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, asegura que el concierto económico solo es digerible si se entiende como “una singularidad”. “Si solo lo pidiera Cataluña sería sostenible, pero es imposible dárselo a todas las comunidades”, en especial a las que más aportan con relación a su PIB y que además de Cataluña son Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana. El PP, que defiende el concierto en el País Vasco, utiliza un argumento similar para oponerse a su aplicación en Cataluña. Según cálculos de Zubiri, Cataluña, con el concierto económico, tendría cerca de un 50% más de recursos con relación a su PIB. Eso sí, advierte que todo dependería del cupo que se establezca. Y la cuantía de esta cuota de solidaridad es la que el Gobierno catalán no aclara.

Homs niega que el Gobierno catalán justifique los recortes sociales por la carencia del pacto fiscal o que utilice la situación para convencer de las bondades del concierto a los más perjudicados por el tijeretazo: “No lo planteamos así, pero es evidente que si se redujera el déficit fiscal los ajustes a acometer no serían tan importantes”.

Los socialistas catalanes creen que Mas no logrará el concierto económico. El PSOE no lo contempla como opción y el PP solo se compromete a “estudiarlo”. Lo que sí aseguran los socialistas catalanes es que si CiU necesita acuerdos con el PP para mantenerse en el poder en Cataluña los nacionalistas venderán “cualquier moto” como si fuera el pacto fiscal. El sistema de financiación debe revisarse en 2013 y para entonces los socialistas calculan que, fruto del sistema vigente, el déficit fiscal de Cataluña se habrá reducido un mínimo de dos puntos.

Las organizaciones sociales que están viviendo los recortes intentan mantenerse ajenas a las pugnas políticas. Solo piden más ingresos, vengan del pacto fiscal, de la subida de impuestos o de recortes en aspectos menos prioritarios. “Lo que se requiere es una fiscalidad justa, necesitamos más ingresos públicos. Cualquier impuesto que se elimina redunda en menores recursos para las políticas sociales”, lamenta Jordi Gusi, gerente de la plataforma ECAS, que aglutina a la mayor parte de entidades catalanas de atención a colectivos de excluidos. Estas organizaciones exigen no desdeñar los recortes que ya sufren: “Problemas que hoy podemos solucionar con 3 euros nos costarán 15 euros dentro de unos meses”.