Bellver alega que desconocía la protección de un jardín en su juicio por prevaricación

El concejal de Urbanismo de Valencia y diputado autonómico, Jorge Bellver, se sentó ayer en el banquillo acusado junto a otros cuatro empleados municipales de prevaricación urbanística por autorizar la construcción de un aparcamiento junto a los históricos Jardines de Monforte sin solicitar el preceptivo informe del servicio de Patrimonio del Consell. El juez instructor y el fiscal creen que omitió deliberadamente la petición para facilitar la construcción del aparcamiento, ejecutado por Enrique Ortiz. Bellver alegó que no sabía que los jardines ni su entorno estuvieran protegidos. El fiscal hizo hincapié en que el concejal sí pidió el dictamen en casos similares.

El secretario municipal, el jefe del servicio de Planeamiento, el jefe de servicio de Circulación y la aparejadora municipal del Ayuntamiento de Valencia declararon ayer en el Tribunal Superior de Justicia que sabían que los Jardines de Monforte, una joya de estilo romántico del siglo XIX, gozaban de especial protección urbanística, pero que desconocían que esa condición se extendía a su entorno cuando en 2004 autorizaron la construcción de un aparcamiento junto al mismo sin solicitar el obligatorio informe del departamento de Patrimonio de la Generalitat. El jefe de todos ellos, Jorge Bellver, concejal de Urbanismo de Valencia y diputado en Cortes afirmó, en cambio, que desconocía la protección tanto del entorno como de los propios jardines. Esa aceptación de incompetencia (la protección figura en el Plan General de Valencia, en una orden del Ayuntamiento de 1992 y en el catálogo municipal de bienes protegidos) pareció, sin embargo, una estrategia de defensa frente a la pena de ocho años y medio de inhabilitación que solicita el fiscal.

Bellver y los otros cuatro empleados municipales están acusados de prevaricación urbanística. Un delito que no es fácil de probar porque exige que los autores hayan realizado los hechos (en este caso dar vía libre a la obra sin pedir el informe a Patrimonio) a sabiendas de que lo hacían. La apuesta del concejal pareció consistir en que si no sabía que los jardines estaban protegidos, no podía saber que debía solicitar el informe y por tanto la omisión no implicaría delito.

El concejal llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acompañado de Rita Barberá, que vive cerca y que dijo estar allí “como cabeza del Ayuntamiento” para dar apoyo a los imputados. Barberá se limitó, sin embargo, a estar unos minutos. El único cargo del PP que permaneció en la sala donde se empezaba a juzgar a Bellver (las vistas podrían durar hasta el jueves) fue Miguel Domínguez, edil de seguridad. El responsable de Urbanismo insistió en que firmó la autorización porque le llegó con los informes favorables de los técnicos: “Si vienen con su visto bueno”, dijo, “yo estampo mi firma”. Bellver dio a entender que no tiene tiempo para detenerse en cada proyecto que avala: “Ese año firmé 9.000 resoluciones”, declaró.

El ministerio fiscal, al igual que el juez instructor del caso, considera que Bellver y el resto de acusados omitieron a propósito la petición del informe de Patrimonio para eludir los problemas con los que se hubiese encontrado el proyecto. La obra fue realizada por una empresa de Enrique Ortiz, la única persona imputada al mismo tiempo en los dos grandes escándalos valencianos de corrupción política de los últimos tiempos: los casos Gürtel y Brugal.

El fiscal hizo hincapié en que los imputados no pidieron el informe de Patrimonio para el aparcamiento pero sí lo solicitaron poco antes para una obra en la clínica Quirón precisamente porque esta se halla en el entorno protegido de los Jardines de Monforte. Destacó que el Ayuntamiento aprobó en 2003 el plan especial del distrito, que establece la obligación de pedir permiso a Patrimonio para toda obra junto a jardines históricos (como Monforte). Y recordó que en la construcción del parking junto a los Jardines de Ayora, el servicio de Patrimonio advirtió al Ayuntamiento que no se le había solicitado el informe y debía redactarlo: “¿No pensó que el caso de Monforte era igual?”, le preguntó.

Bellver apeló a la mala memoria y a lo que en cada caso le dijeron sus técnicos para explicar los antecedentes. Uno de sus subordinados argumentó que poner una antena en el edificio de al lado (clínica Quirón) exigía informe de Patrimonio porque podía tener impacto visual. Pero que el proyecto del aparcamiento subterráneo, que implicó obras en superficie durante dos años junto al muro del jardín, no lo requería. El concejal socialista Vicent Sarrià instó a Bellver y a Barberá a asumir responsabilidades políticas por “gestionar negligentemente el patrimonio de la ciudad”.