La meta de déficit se aleja

España se encamina inexorablemente hacia un incumplimiento que puede salirle caro: la meta de déficit público que comprometió ante Bruselas para 2011. El frenazo de los ingresos públicos conocido esta semana y, sobre todo, la certeza de que las comunidades cerrarán el año con desequilibrios muy superiores a lo previsto, convierten en ilusoria la cifra del 6% del PIB que el propio Gobierno ha situado como termómetro de la credibilidad española. A la incertidumbre sobre los datos se une la política. Porque el encargado de cerrar y comunicar a la opinión pública el porcentaje que aguardan los mercados será el Ejecutivo que surja de las elecciones del 20-N. Las tentaciones partidistas resultan inevitables, aunque los expertos confían en que prime la cordura.

El Gobierno lleva meses escarbando entre las piedras para encontrar márgenes que compensen las desviaciones de otras administraciones. De momento dice haber hallado 4.000 millones de euros que pudieran mitigar otros incumplimientos. Pero ese colchón no bastará para neutralizar esas otras desviaciones. Porque las comunidades rebasarán su objetivo (1,3% del PIB) por mucho más de cuatro décimas y es posible, además, que tampoco la Seguridad Social mantenga las cuatro décimas de superávit que tenía asignadas.

Los gestores de las cuentas públicas lo saben y por eso es probable que el Ministerio de Economía se guarde algún otro as en la manga. El problema reside en que el empeoramiento de los ingresos hasta septiembre amenaza con agotar parte de ese margen en la propia Administración central. Eso obligaría a adoptar medidas adicionales, pese a que el Gobierno públicamente las descarta.

Los responsables de Hacienda dejarán encauzadas las cuentas hasta casi final de año, cuando se incorpore el próximo Ejecutivo. De él dependerá el cierre, que se conocerá probablemente en febrero. Si el Partido Popular gana las elecciones, como pronostican todas las encuestas, la tentación de concentrar el mayor déficit posible este año y dejar más expedito el ejercicio 2012, que gestionarán ellos en exclusiva, es innegable. Así ha ocurrido en algunas comunidades que cambiaron de signo tras las elecciones del 22 de mayo, con Castilla-La Mancha a la cabeza. No obstante, los desplazamientos de ingresos y gastos a voluntad resultan más sencillos entre trimestres de un mismo ejercicio. El salto de un año a otro es más complejo, aunque no imposible.

Así, por ejemplo, los ministerios con mayor capacidad inversora (Fomento y Medio Ambiente) pueden pedir a los contratistas un pequeño retraso en emitir la factura por un trabajo realizado. Aunque no sea muy elevada, la demora no puede resultar crucial. Porque la diferencia entre emitir la certificación en diciembre o en enero supone cargar un gasto mayor al año 2011 —y ahondar el déficit— o dejarlo ya para 2012.

Los expertos advierten contra esa práctica por los efectos que pueda tener sobre la credibilidad española, aunque admiten que hay cierto margen para hacerlo. “El margen está en sacar facturas de los cajones, que es lo que se ha hecho en algunas comunidades, aunque la Administración central, en proporción, tiene mucho menos margen para eso”, explica Jesús Ruiz-Huerta, ex director del Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del Ministerio de Economía, en la primera legislatura del PSOE.

Este experto, catedrático de Hacienda pública en la Universidad Rey Juan Carlos, invoca el ejemplo de Grecia para advertir del peligro de manipular datos por intereses políticos. “No creo que les interese [a los próximos gobernantes]. La batalla está en aproximarse lo más posible a esa meta del 6%”, reflexiona. También con Grecia como precedente, el catedrático Juan José Rubio, antecesor en el cargo de Ruiz-Huerta, alerta: “Tenemos que ser muy precavidos respecto a posibles déficit ocultos. Nos estamos jugando la credibilidad en un momento en que los mercados nos miran con lupa”.

Sara Baliña, de Analistas Financieros Internacionales, añade otro riesgo sobre alterar las cuentas en la recta final del año. “No creo que el Gobierno que salga de las elecciones esté dispuesto a jugar con las cifras porque no sería creíble: hasta noviembre, el Estado va cumpliendo el objetivo y de repente en diciembre no. Sería raro y difícil de argumentar”, sugiere.