Los grupos cívicos se resitúan

Como ondas concéntricas trazadas en el agua, la histórica decisión de ETA de acabar definitivamente con casi medio siglo de terror va causando diversos y multiformes efectos. Uno de ellos es el papel que quieren o han de jugar a partir de ahora los numerosos grupos cívicos nacidos como resultado del impacto de la violencia terrorista tanto como de la complejidad social vasca y del debate de su articulación política. Estas organizaciones se enfrentan ahora, de una u otra forma, a la labor de reflexionar sobre su tarea y resituarse ante un nuevo y abierto panorama.

Los movimientos sociales y ciudadanos desarrollados en las dos últimas décadas y media, si se toma como punto de partida la creación de Gesto por la Paz en mayo de 1986, podrían, grosso modo, agruparse en cuatro grandes polos. El primero surge con la propia coordinadora pacifista y la Asociación por la Paz de Euskal Herria, que suman a ciudadanos que, sin ser afectados directos por la violencia, consideran que cualquier víctima es uno de los suyos.

Gesto, la primera organización que sacó a los ciudadanos a la calle para protestar por cada asesinato de ETA, nació, en palabras de algunos de sus promotores originales, para llenar un “vacío ético” que era esencial cubrir en la sociedad. Sus concentraciones en silencio en diversos lugares de Euskadi y Navarra —80 en los últimos años— tras cada atentado mortal o la campaña del lazo azul, ideado en 1993 como respuesta al secuestro de Julio Iglesias Zamora y que se convirtió en el gran símbolo contra ETA, han ido tejiendo la memoria democrática colectiva de toda la movilización ciudadana.

Un segundo polo brota de las filas de Herri Batasuna (HB) con el trabajo de personas que consideran que hay que ir reorientando la salida al “conflicto vasco” a través de vías no violentas. Su primer referente es Elkarri, organizado en 1992 como un grupo por el diálogo y el acuerdo y cuyo origen se remonta a la coordinadora Lurraldea, que a principios de los noventa trabajó para cambiar el trazado de la autovía de Leizarán, entre Navarra y Gipuzkoa. Gracias a los atentados etarras, HB se pudo apuntar al final un triunfo sobre las instituciones, que aceptaron esa modificación del vial.

Elkarri se convirtió en 2006 en Lokarri, que ha jugado en los últimos tiempos un papel clave en tareas de mediación que han coadyuvado a la evolución de la izquierda abertzale y la decisión de ETA. Jonan Fernández, uno de los responsables del nacimiento de Lurraldea y coordinador de Elkarri durante toda su trayectoria, dirige hoy Baketik, el centro por la paz de Arantzazu.

El tercer núcleo agrupa a la izquierda abertzale más clásica, con un trabajo centrado en torno a la situación de los presos y el derecho de autodeterminación. En este ámbito han brotado en los últimos años una pléyade de grupos e iniciativas, muchas de las cuales trataban de cubrir a golpe de convocatoria el vacío movilizador dejado por la ilegalización desde 2003 de Batasuna y otras organizaciones de su ámbito. La bandera de los presos la porta desde hace una década principalmente Etxerat, mientras que, fuera de los partidos, la red Independentistak se va afianzando en el trabajo social por el “derecho a decidir”.

Y, finalmente, el polo de las víctimas directas de ETA. Asociaciones y fundaciones han recorrido el camino desde el silencio y el ostracismo social hasta el actual reconocimiento pleno de la práctica totalidad de instituciones y ciudadanos, en particular tras el impacto que supuso el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 y la ofensiva etarra contra cargos públicos a comienzos de la pasada década. De forma paralela a asociaciones —particularmente Covite, el colectivo de víctimas vascas— y fundaciones que siguen trabajando y han sido agentes fundamentales, se derivaron del mundo constitucionalista una serie de grupos al calor del espíritu de Ermua y de la entente Mayor Oreja-Redondo Terreros que fracasó en las autonómicas de 2001. Pese al impacto social y mediático, en particular fuera de Euskadi, que llegaron a tener —Basta Ya reunió a miles de personas en San Sebastián en diciembre de 2003 contra el plan Ibarretxe—, muchos de ellos han desaparecido, derivado hacia la pura política de partido o subsisten sin especial relevancia pública. Quizá el más activo sea la Fundación para la Libertad.

“En torno a esos planetas se han movido un montón de satélites, dando a veces la visión de que hay muchísimos grupos, pero no se dice eso de sindicatos, partidos o medios informativos”, opina el senador socialista y profesor de Sociología de la UPV Imanol Zubero. “A nadie le asusta la pluralidad y la diversidad y, de pronto, parecía que los grupos que se movían en el ámbito de la paz y el terrorismo debían ser homogéneos”, añade.

Todos esos polos han ido articulando de una u otra manera la diversidad social de Euskadi, traducida también en más de una ocasión en rupturas, discusiones o enfrentamientos internos. ¿Cómo afrontan ahora algunos de ellos grupos su futuro inmediato tras el cese definitivo del terrorismo?

Lokarri

Si un movimiento cívico tiene en estos momentos una presencia relevante en los medios y la actualidad política vasca es Lokarri y su coordinador general, Paul Ríos. Su trabajo con el Grupo Internacional de Contacto, encabezado por el abogado sudafricano Brian Currin, y, sobre todo, su papel para organizar la conferencia de paz de San Sebastián que sirvió de pista de aterrizaje a la resolución de ETA le han llevado a primer plano.

Lokarri resolverá en una asamblea el próximo mes de febrero si continúa

Lokarri se constituyó hace algo más de un lustro recibiendo la herencia de 13 años de trabajo de Elkarri. Su propósito era articular una red ciudadana que trabajase por la reconciliación, pero también para promover una consulta sobre “el impulso a un proceso de paz y un acuerdo político”. La consulta fue en sus dos años iniciales una de sus grandes apuestas, pero dejó cada vez más paso al intento de muñir un proceso de pacificación irreversible, partiendo de la órbita nacionalista.

El pasado miércoles, menos de una semana después del anuncio etarra, Lokarri celebraba una asamblea extraordinaria bajo el expresivo encabezado “Comienza una nueva etapa”. En ella se abordó el inicio de una reflexión sobre el futuro. “Tenemos dos grandes compromisos”, resalta Paul Ríos. El primero era colaborar y dar apoyo técnico al grupo de contacto de Currin. “Nos comprometimos hasta febrero de 2012 y vamos a cumplir. Si luego siguen requiriendo ayuda, ya se pensará cómo se hace”, dice. El último punto de la Declaración de Aiete ya planteaba el ofrecimiento de los participantes internacionales en la conferencia para organizar un “comité de seguimiento” de sus recomendaciones.

El segundo compromiso de Lokarri deriva de lo que lleva dos años “repitiendo hasta la saciedad”. En su opinión, había dos grandes condiciones para un proceso de paz irreversible: el final de la violencia etarra y la legalización de la izquierda abertzale hoy proscrita. Este segundo punto, ahora traducible en la legalización de Sortu, sigue pendiente. “Para nosotros es una prioridad conseguir este tema de la legalización, que todas las personas y todos los sectores políticos puedan participar en igualdad de condiciones en lo que se vaya a construir desde ahora”, pone de relieve Ríos.

La red se fijó ya, “sin prever que iba a pasar exactamente esto, pero pensando que habría avances importantes”, convocar una asamblea extraordinaria en febrero de 2012. Entonces resolverán si Lokarri seguirá o no como movimiento social.

“Hay que pensarlo bien”, resume Ríos. “Un signo de normalidad también podría ser que las organizaciones que hemos estado hasta ahora digamos que hemos cumplido nuestros objetivos y aparezcan otras nuevas que trabajen en otros temas”.

Baketik

Más un centro de estudios y divulgación que un movimiento social similar a otros de los citados, Baketik lleva cinco años trabajando desde el santuario de Arantzazu por la paz y la ética, las dos raíces de su nombre, en la solución de conflictos. “Uno de los campos de trabajo ha sido en estos años reflexionar sobre la reconciliación y la convivencia y cómo hay que promoverla, especialmente en un periodo de fin de la violencia”, contesta su director, Jonan Fernández. “En lo que tiene que ver con el tema vasco, nuestra intención va a ser contribuir en el terreno teórico y práctico a la promoción de políticas de concordia, tanto en la educación como en la sociedad civil”, apostilla.

Apenas cinco días antes de que ETA anunciase su decisión, Baketik celebraba su quinto aniversario presentando el proceso de transición de un año en el que se va a embarcar para redefinir su misión y su proyecto, dentro del cual trabajará por una nueva cultura de la convivencia. “Queremos actuar principalmente en tres campos”, subraya Fernández: la crisis global y la necesidad de nuevos modelos sociales, la crisis personal y la necesidad de nuevos modos de vida y generar esa nueva cultura convivencial. “Aquí conectamos con el momento que está viviendo el país, con esa cultura que deje atrás toda la historia pasada, permita remendar los tejidos sociales rotos y revise críticamente el pasado”, incide.

Etxerat

Los miembros de ETA presos en la actualidad suman 703, entre España, Francia y otros cuatros países. Todo el espectro nacionalista, desde al PNV a la izquierda abertzale, los quiere poner en el primer plano de la agenda inmediata, reclamando cambios en la política penitenciaria ya antes de las elecciones del 20-N, lo que el Gobierno de Zapatero ya ha descartado.

Los familiares de los presos forman uno de los núcleos resistencialistas de la izquierda radical y el entorno de la banda y su papel, junto al de las víctimas, será uno de los más complejos de abordar en la construcción de la convivencia. Etxerat, la asociación que agrupa a los familiares de la mayoría de los reclusos de la banda, nació hace casi una década como sucesora de las ilegalizadas Gestoras pro Amnistía. Sus representantes alaban la decisión de ETA, pero, a renglón seguido, despliegan sin cambios, como hacían el pasado jueves, sus reclamaciones clásicas: “Desactivar” una política penitenciaria basada en la “represión y la venganza”, el final de la dispersión, la derogación de la doctrina Parot o la puesta en libertad de los reclusos enfermos. Y, como horizonte, sin citar la palabra amnistía, un escenario sin presos ni “exiliados”.

“Otra vez presos y exiliados, la amnistía y la dispersión van a articular de forma muy importante el mundo social de la izquierda abertzale”, remarca Zubero.

Independentistak

Articulada como una red social por la independencia y con poco más de año y medio de historia, Independentistak prefiere no entrar por ahora en el análisis de su trabajo futuro tras el comunicado de ETA. Txutxi Ariznabarreta, exdirigente del sindicato LAB y uno de sus promotores, sostiene: “Somos una red amplia de personas con diferentes sensibilidades, no una organización al uso. Poco a poco iremos trabajando el tema y en su momento haremos una reflexión más amplia”.

Formada por personas de distinto perfil nacionalista y apadrinada en su origen por Batasuna y EA, la red se marca como objetivo lograr una república vasca trabajando por vías democráticas y acciones más o menos llamativas de desobediencia civil, como teñir de verde el agua de la fuente de Cibeles, en Madrid.

Covite

De los familiares de víctimas de ETA en Euskadi que durante la tregua de 1998 crearon Covite —“nacimos porque temíamos que el Gobierno de Aznar hiciese borrón y cuenta nueva”—, solo permanece hoy Caty Romero. Viuda del sargento de la Policía Municipal donostiarra Alfonso Morcillo, asesinado en Lasarte el 15 de diciembre de 1994, señala que, aunque aún no se ha considerado en sus órganos de decisión, el colectivo va a seguir trabajando igual. “Tenemos que cumplir nuestra labor. ¿Por qué ETA nos tiene que marcar la agenda?”, agrega.

Bajo una sensación de impotencia que ha podido apreciar en muchas víctimas —¿por qué esto no ocurrió antes? ¿por qué hemos tenido que perder tanto?—, Romero explica su miedo, repetido por numerosos afectados y sus colectivos, de que el tiempo que llegue sea el de la impunidad. “No queremos a los asesinos de nuestros familiares en la calle, no queremos acercamientos. Lo único que pedimos es justicia, nada más”, enfatiza. Por ello su apuesta por seguir trabajando, pero no para siempre. “Nosotros no queremos vivir de esto”, comenta convencida. “Ojalá mañana pudiera ya salir del País Vasco; sería la tía más feliz del mundo. No tengo necesidad de estar aquí sufriendo; no quiero esto eternamente”.

A la vez, algunas fundaciones como la Fernando Buesa, con más de una década de vida ya, han sabido desarrollar una notable tarea en materias como el trabajo y la reflexión sobre la convivencia y el pluralismo y seguirán probablemente haciéndolo ahora en la nueva situación.

Otras fundaciones y asociaciones de víctimas, dentro y fuera de Euskadi, han sido las voces más críticas y menos confiadas tras la decisión etarra. “Tienen que aclararse que tipo de intervención social quieren hacer”, reflexiona Zubero. “Ahora que se abre la fase de la memoria y la narrativa, la suya es fundamental, pero tal vez deberán aprender a contar su historia a un público que no es al que se han dirigido habitualmente, que eran sobre todo los políticos. Tienen que aprender a contar su historia, lo que ha sido su victimización, al conjunto de la sociedad para que no nos olvidemos”, desgrana. En cambio, las que opten por una actuación más ideológica o política, como en varios casos se está dando desde hace tiempo, no van a resultar cómodas ni siquiera para el propio PP.

Fundación para la Libertad

“De momento, no vamos a desaparecer”, responde Eduardo Uriarte, exgerente de la Fundación para la Libertad y a punto de incorporarse a su Patronato.

Nacida en 2002 como derivada de la alianza constitucionalista y dirigida desde hace siete años por el ex secretario general del PSE Nicolás Redondo Terreros, la fundación cree importante seguir luchando sin la tensión que produce el terrorismo contra las secuelas de la acción de ETA, por educar en valores democráticos y para configurar “grandes políticas de acuerdo para sosegar la situación española”. “Espero que tengamos un trabajo más relajado en un futuro”, confía Uriarte.